El vocero de Estafados Corfo, Cristián Villagrán, se anotó la primera batalla en tribunales: el banco deberá devolverle dinero, indemnizarlo por daño moral y pagar una multa. Actualmente hay 106 mil deudores; cerca de 6 mil están atrasados en sus pagos, arriesgando embargos y remates.
Si no se hubiera atrevido a ir a los tribunales -tras cancelar rigurosamente 160 cuotas de $120 mil- Cristián Villagrán tendría que hacer un último pago de $4 millones (de una sola vez) para salir de la lista de deudores del polémico crédito Corfo, el mismo que ha estado en tela de juicio durante los últimos meses no sólo por su alta tasa de interés (hasta 9% anual), sino por una serie de irregularidades detectadas en las condiciones de pago.
El contrato que firmó Villagrán en 2004 con el Banco del Desarrollo (hoy Scotiabank) pactaba un préstamo que financiaría su carrera de Derecho en la Universidad Central. Pidió $11 millones a 15 años, lo que significaba devolver más de $20 millones.
"En abril de 2011, mi mamá fue al banco a pagar los $120 mil que correspondían y le dijeron que había subido a $180 mil porque así lo estipulaba el contrato", cuenta Villagrán, vocero del movimiento Estafados Corfo y único deudor que hasta ahora ha logrado ganarles a los bancos en el cobro de este crédito que 11 entidades financieras (bancos y cajas de compensación) entregaron a 163 mil personas entre 1997 y 2011 (ver gráfico).
"Nos pareció muy raro, pero para no atrasarnos seguimos pagando. Pedí una copia del contrato original para revisarlo y, tal como sospeché, el contrato decía que tenía que pagar cuotas 'sucesivas e iguales' de 5,4 UF. Entonces, no correspondía que me subieran la cuota unilateralmente", dice el egresado de Derecho.
Tras recurrir a la justicia -invocando la Ley del Consumidor- hace un mes un juzgado de policía local dictaminó que el banco cometió irregularidades en el cobro, por lo que deberá devolverle dinero, indemnizarlo y, además, pagar una multa por la infracción cometida.
Hasta ahora es el único fallo judicial que da la razón a uno de los más de 106 mil deudores, muchos de los cuales ya están siendo embargados o tienen sus casas al borde de ser rematadas porque no han podido pagar el crédito. Según cifras de la Corfo, a diciembre del año pasado eran cerca de 6 mil los deudores que tenían más de 3 meses de atraso.
Los primeros contactos los hicieron mediante las redes sociales y el 15 de enero se reunieron por primera vez en el Parque Almagro, al lado del monumento de Pedro Aguirre Cerda... el creador de la Corfo. Ahora el movimiento Estafados Corfo ya tiene más de 500 miembros activos y 60 representantes regionales.
A tal punto llegó el descrédito del sistema -donde los deudores denunciaron la firma de pagarés en blanco, pérdida de contratos, cambios de condiciones de pago y "cuotones" finales de varios millones de pesos-, que este año el Gobierno suspendió la entrega de este préstamo.
Los afectados y algunos parlamentarios desde hace meses le están pidiendo al Gobierno que les igualen sus créditos a los otros préstamos universitarios que otorga el Estado, pero aún no hay respuesta.
"Todo esto nos parece inmoral porque se hizo con recursos públicos que el Estado entregó a Corfo para que lo intermediaran los bancos que, con sus políticas comerciales, hicieron ventas atadas para abrir cuentas corrientes, tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes", afirma Villagrán.
Un crédito impagable
Según el encargado jurídico de Estafados Corfo, Iván Rivera, el sistema era muy rentable tanto para la Corfo como para los bancos, aunque eran las entidades financieras las que sacaban la mayor tajada.
Ello, porque la Corfo licitaba un monto de dinero para que se otorgaran los créditos, exigiendo el retorno de ellos con un 3,5% de interés. Y los bancos no sólo se quedaban con el otro 5% o 5,5% de interés que les cobraban a los alumnos, sino que inmediatamente percibían las ganancias, ya que el crédito se paga mientras el alumno estudia y no cuando egresa o se titula.
"Pero además existe un instrumento llamado subsidio contingente , una suerte de seguro (facilitado por la Corfo) que devuelve hasta el 50% del saldo pendiente de la deuda del estudiante. Sin embargo, para hacerlo efectivo el banco debe iniciar un proceso judicial contra el deudor", dice.
Ello, señala Rivera, es lo que impulsa a los bancos a llegar hasta la orden de embargo: para inventariar bienes y demostrar que las deudas no se pueden recuperar. "Ahí se activa el seguro. Hasta ahora estimamos que en total los bancos han ganado US$ 400 millones con los créditos Corfo", señala.
Dice que "muchos deudores firmaron contratos en blanco en el lugar donde estipulaba el número y el monto de las cuotas, a otros nunca se les entregó el contrato e incluso algunos muchos años después lo fueron a pedir y simplemente les dijeron que no lo encontraban".
El caso perfecto
El caso de Cristián Villagrán fue distinto. El banco sí le pasó el contrato cuando lo firmó, no había espacios en blanco y decía claramente que las cuotas de 5,4 UF que debía pagar mes a mes eran "sucesivas e iguales".
Confiesa que por su formación en leyes guardó todas y cada una de las cuotas pagadas y se estudió de pé a pá la Ley del Consumidor, especialmente los artículos sobre infracciones por cambio unilateral de condiciones de pago y que las faltas prescriben a los 6 meses desde que fueron cometidas. "El de Cristián es el caso perfecto, porque toda la documentación estaba bien guardada y tenía testigos de ello", dice Rivera, quien actuó como abogado de Villagrán en el caso.
Primero reclamó al banco, donde desconocieron las condiciones de pago del contrato.
Luego recurrió a la Superintendencia de Bancos, donde tampoco le dieron soluciones.
Entonces decidió ir al Sernac, que tras mediar le informó a Villagrán que debía recurrir directamente el banco para ver su caso.
Fue entonces -en septiembre pasado- cuando recurrió al 3er Juzgado de Policía Local de Santiago. "En el tribunal, el Scotiabank argumentó que el reclamo estaba fuera de plazo y que no correspondía a esa jurisdicción", cuenta Rivera.
El juez rechazó esos argumentos y el proceso siguió hasta hace un mes, cuando se conoció la sentencia: el Scotiabank no le puede subir la cuota y, por lo tanto, debe devolver el cobro excesivo (14 cuotas de $60 mil), no tiene que pagar el "cuotón" final de $4 millones, lo deben indemnizar con $1.500.000 por daño moral y, además, el banco deberá asumir una multa por 50 UTM . Consultado Scotiabank, declinaron referirse al tema.
Pese a su victoria, hace dos semanas Villagrán recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para pedir $5 millones por daño moral, y está a la espera de que programen la causa.
El caso ya se difundió entre los deudores y Rivera recibe a diario nuevas denuncias para ser revisadas. En su oficina ya se acumulan carpetas verdes y naranjas para ver en cuál categoría califican. La idea ahora, adelanta, es iniciar una embestida judicial.
