Este lunes -y tras seis meses de desarrollo- se dio inicio a los alegatos de clausura del juicio oral en el denominado caso Bombas, donde los querellantes intentarán demostrar que existen pruebas para condenar a los seis imputados por sus vínculos con la colocación de artefactos explosivos. Y las defensas, por su parte, establecer que todo fue un "montaje".

De acuerdo a lo proyectado, el jueves de esta semana el tribunal debiera emitir su veredicto.

De los imputados, Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes Aliaga, "El Grillo" , enfrentan cargos por colocación de artefactos explosivos. Omar Hermosilla y Carlos Riveros están acusados de financiamiento terrorista y adquirir insumos para bombas.

En ese contexto, el caso más complejo es el de Francisco Solar, quien, según el fiscal Francisco Rojas, arriesga 25 años de cárcel por instalar tres artefactos. El resto -de ser hallados culpables- podrían pasar entre 5 años y un día y 10 años en la cárcel.

Las defensas confían en que los seis serán absueltos de los cargos, debido a que durante el juicio se ha ido cayendo una serie de pruebas.

El argumento más repetido por los defensores es que en octubre de 2011 trece personas fueron absueltas de asociación ilícita terrorista, lo que anticiparía el mismo desenlace para quienes permanecen procesados.

Ha trascendido, en todo caso, que el Ministerio Público considera más débiles las pruebas en torno al supuesto financiamiento terrorista.

El primero en exponer fue el fiscal Víctor Núñez , quien hizo un completo resumen de los hechos, poniendo especial énfasis en la participación de Gustavo Fuentes Aliaga y Francisco Solar en la colocación de artefactos explosivos en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)

"Tratamos de explicar y recordar de acuerdo a toda la prueba rendida de lo que estamos hablando en este juicio, de la colocación de diversos artefactos explosivos", dijo el persecutor, quien durante la jornada insistió en que las bombas fueron puestas "con la clara e inequívoca finalidad de infundir temor".

Insistió que cuando en los panfletos o las reivindicaciones se anuncian nuevos ataques, "que serán cada vez más violentos y que quieren ver arder la sociedad carcelaria o a la iglesia que representa esa sociedad", son manifestaciones objetivas "que se probó tienen una finalidad terrorista".

Núñez dijo que no había sido casual que durante la investigación se hiciera el hallazgo de material documental relacionado con los ataques "o se encontraran piezas de extintores, restos de explosivos en las vestimentas y en la mochila de una persona que participó dos veces en la colocación de una bomba".