Hace pocos días, una pareja de gitanos (profesionales ambos y con residencia en una casa) llegó hasta la oficina de un abogado en la V Región. Se sentían discriminados por la forma en que se presentaba su cultura en los medios de comunicación, y querían ver la posibilidad de interponer acciones legales.

La respuesta del abogado fue clara. El caso efectivamente podría ser objeto de una demanda basada en la Ley Antidiscriminación aprobada el 9 de mayo recién pasado en el Parlamento, pero como aún no entra en vigencia, tendrían que esperar antes de iniciar ese camino.

Es que una vez que la ley se promulgue, cualquier persona que sienta que recibió un trato vejatorio por su raza, religión o tendencia sexual -además de otras 14 categorías- podrá pedir a los tribunales que sancionen al ejecutor.

Y en varias organizaciones sociales, así como oficinas de abogados expertos en derechos ciudadanos, ya analizan los tipos de casos que podrán presentar a la Justicia, de la más diversa índole. Eso sí, no podrán ser anteriores a la entrada en vigencia del cuerpo legal.

Actualmente la Ley Antidiscriminación está siendo analizada por el Tribunal Constitucional y aunque todavía no está definida la fecha, se espera que sea promulgada a más tardar en junio.

Religión, discapacitados y enfermos

El abogado Edgardo Reinoso, profesor de Derecho de Daños de la Universidad de Valparaíso , recuerda que una vez que conoció la aprobación de la legislación "llegó a verme una pareja de origen judío que estaban buscando algún mecanismo de protección de los medios de comunicación, ya que les molestaba que cada vez que alguien de su comunidad tenía un problema legal se mencionaba que eran judíos. No ocurría lo mismo cuando atrapaban a un delincuente que era católico, ahí nadie hacía distinción".

Reinoso fue quien también recibió a los gitanos y considera que "ambos casos claramente entran en la categoría de la ley antidiscriminación". Los está analizando para ver la factibilidad de presentar algún recurso legal.

Alejandro Hernández, presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados , considera que "un caso típico ocurre con las mamás de hijos con alguna discapacidad. Cuando ellas van a un colegio y preguntan en general por la matrícula les dicen que hay, que no hay problema. Pero cuando llegan con el niño con discapacidad casi siempre les responden que se acabaron".

Pero plantea sus reparos a la nueva ley, que establece multas para los autores de hechos discriminatorios, yendo la recaudación a las arcas fiscales: "¿No sería mejor que las multas fueran en beneficio de los discapacitados y sus familiares? ¿Mientras haya más discriminación habrá más dinero fiscal y será mejor para el Estado?, se pregunta.

Y recalca que "la mejor forma para terminar con la discriminación es la educación".

Para la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, Marcela Fajardo , lo importante de la ley es que "es el Estado el que está en contra del acto de la discriminación". Pero agrega que "deberá verse en terreno la aplicación antes de hacer una evaluación y cantar victoria".

En la fundación han tenido una serie de casos emblemáticos. "Uno ocurrió a dos personas con discapacidad mental que se querían casar. En ese caso fue el Registro Civil el que discriminó", indica la directora.

También se ocuparon de un caso de discriminación por sexo, cuando una teniente de Carabineros denunció a su marido -capitán de la misma institución- por violencia intrafamiliar. "La investigación interna se centró en cómo era la mujer y se estableció que ella tenía una relación muy cercana con otro uniformado de la institución. El caso terminó en que ella fue alejada de Carabineros y él transferido".

Ambas denuncias, señala, podrían perfectamente caer bajo el paraguas de la nueva ley.

Los casos de los homosexuales

En el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) es casi pan de cada día que les llegue una denuncia por discriminación.

La última de notoriedad pública ocurrió el martes de esta semana, cuando un trabajador de Rancagua se quejó del trato que le dio su jefa cuando se enteró de su condición homosexual. Como es padre de dos hijos, lo trató de "mamá" y bailó amaneradamente frente a él. El caso se denunció en los juzgados laborales, debido a que aún no es posible impetrar la nueva ley.

Sin embargo, el presidente de Movilh, Rolando Jiménez, está convencido de que "las personas empezarán a usar esta nueva herramienta jurídica y claramente que ahora será más difícil que la discriminación quede impune".

Y recalca que un hecho que "claramente" habría caído en el espectro de demanda por la nueva ley es el de la profesora de religión Sandra Pavez, "a quien el obispo de San Bernardo no le quiso dar el certificado de idoneidad para hacer clases de religión por su condición homosexual. Aquí vemos un claro ejemplo de discriminación arbitraria".

El caso de Pavez ya está viéndose en tribunales internacionales, al igual como ocurrió con la jueza Karen Atala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado de Chile por haberle quitado la custodia de sus hijas. La corte con sede en Washington DC dictaminó que lo ocurrido con la magistrada era un acto discriminatorio. El Estado fue condenado, entre otras medidas, a que se haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad, a pagar 72.000 dólares y a que se capacite a funcionarios públicos y de Justicia sobre la no discriminación.

Situaciones de la misma índole ha visto la directora (i) del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, quien destacó que la nueva legislación también obliga al Estado a generar políticas de prevención de discriminación... y que será clave la difusión de la iniciativa para que tenga éxito.

Schönsteiner indicó que entre los casos que han visto en el centro de la UDP "están las personas que se han cambiado de sexo y de nombre, y necesitan que el Estado reconozca su nueva condición e identidad".

También "personas que han sido despedidos de sus trabajos por haber resultado VIH positivos".

Eso es precisamente lo que vive E.Z., un ex carabinero dado de baja en 1997 luego de que se le detectara el virus del sida en un examen rutinario.

A "La Segunda" relató: "Me pensionaron pocos meses después y desde hace seis años, cuando una fundación en Norteamérica dejó de entregarnos la medicina, que estamos por nuestra cuenta". Agregó que costear el tratamiento "me cuesta una millonada. Yo sé que existen 30 o 40 uniformados que están en la misma situación, en la calle", cuenta el ex policía.

En la misma circunstancia está el ex carabinero Alberto Ponce, quien indicó que "cuando el señor (Ricardo) Lagos creó el Auge, se determinó que los uniformados no podíamos ser parte de este programa, por lo que quedamos fuera y la dosis cuesta más que la pensión. Hoy con Dipreca hay un acuerdo para pagar parte de la triterapia, pero con mi dinero no me alcanza. ¡Me siento una persona discriminada y si puedo usar la nueva ley antidiscriminación para que me ayude, claro que la voy a usar!".

Ambos ex policías están siendo asesorados por los abogados de la Fundación Iguales.

En la organización Libertades Públicas señalan que esta ley "viene a reafirmar la misión de nuestra asociación frente al principio de igualdad y no discriminación, por el cual hemos trabajado para generar una cultura de respeto a dicha garantía".

Están seguros de que con esta legislación "nuestra tarea podrá verse fortalecida".

Uno de los casos que ha apadrinado la agrupación fue el de Marcela Raveau contra la Universidad de los Andes. Ocurrió en mayo del año pasado, cuando la entonces coordinadora académica de la Escuela de Psicología fue despedida por "necesidades de la empresa".

Raveau, sin embargo, dijo que el motivo de fondo era otro: que había empezado a salir y luego convivir con un hombre separado, lo que contravenía los valores de la casa de estudios.

Finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial. No se le reintegró en el cargo, pero se le pagaron tres millones de pesos.

Representante mapuche cree que ley será usada

Otras situaciones que potencialmente pueden llegar a los tribunales son los relacionados con la discriminación por raza.

Así lo adelanta Pedro Marimán, Coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano. Indicó que si bien aún no está muy difundido el tema en las comunidades mapuches, "creo que cuando se conozca y se entienda su utilidad, será recurrida. Sin embargo, aún es muy pronto para poder conocer todas sus implicancias".

Un hecho de discriminación indígena y que logró repercusión fue el de la pastora aymara Gabriela Blas Blas, quien extravió a su hijo de tres años mientras acarreaba a un grupo de llamas en 2007, en las cercanías de Arica. Fue condenada a 12 años de cárcel por abandono con resultado de muerte. Entre sus defensores decían: "¿cada vez que a una madre se le pierda su hijo la van a acusar de homicidio?".

El Instituto Nacional de Derechos Humanos también argumentó que durante el juicio a Blas no se le respetó su condición de aimara, pues no dispuso de un traductor y ella no usa el español como lengua materna.

Catalina Lagos, abogada de Corporación Humanas , dice que "el de Gabriela es un caso de discriminaciones cruzadas, es una víctima en una doble situación de vulnerabilidad: por ser indígena y además por ser mujer".

Agrega que "la falta de acceso a la justicia que ha padecido Gabriela muestra una situación generalizada que afecta a las mujeres indígenas por parte de un sistema legal que no considera sus específicas condiciones socio-culturales y que ha sido incapaz de revertir un modelo histórico de discriminación".

El viernes el consejero nacional aimara, Francisco Rivera, anunció que la mujer recibirá la próxima semana el indulto de parte del Presidente Piñera. Según el dirigente, Gabriela Blas "tuvo muy pocas posibilidades de que los jueces y la fiscalía entendieran su situación intercultural".

Causales de discriminación

Según la nueva ley, casos de discriminación son "toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable" y que puede ser efectuada tanto por particulares como por el Estado. Estas distinciones se pueden basar en motivos como la raza, nacionalidad, situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia. También pueden ser motivos de discriminación el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.