Transformación legal aprobada esta tarde por el Congreso implica recursos por más de US$50 millones y el ingreso de casi 600 funcionarios al sistema de control de libertad vigilada.
Los 4 objetivos de la ley
Tal como explicó el ministro de Justicia Teodoro Ribera a "La Segunda", la reforma a la ley (que data del año 1983) tiene cuatro objetivos claros:
1) Contribuir a una mayor reinsersión social de los condenados, "tal como lo demuestran estudios internacionales".
2) Controlar "más efectivamente" el cumplimiento de las penas.
3) "Dar más protección a las víctimas".
4) Y "hacer un uso más racional de la privación de libertad, en las cárceles", creando nuevas penas alternativas a la reclusión.
Esta transformación legal implica recursos por más de US$50 millones (unos $27 mil millones).
Tal como consta en el proyecto, la nueva ley no se aplicará a delitos de mayor connotación social, como el secuestro calificado, la violación con homicidio, al parricidio, al femicidio, la violación y el tráfico de drogas.
"Los penales chilenos tienen que servir para enviar a las personas que constituyen un mayor riesgo social y que requieren un encierro más prolongado para favorecer su reeducación y regreso a la sociedad", indicó Ribera, apuntando a lo que es el "espíritu" de la nueva legislación.
-¿Se busca entonces disminuir el hacinamiento de los penales?
-No. Lo que estamos haciendo es que exista más posibilidades de reinsersión para aquellas peronas que están cumpliendo penas en libertad.
Reclusión de fin de semana
La ley, subrayó Ribera, "es mucho más que el puro brazalete electrónico".
En ese sentido, apuntó, el aumento de las penas alternativas a la cárcel "es otro aspecto muy relevante":
Actualmente existen sólo 3 penas alternativas: la remisión condicional, la reclusión nocturna y la libertad vigilada. Y con la nueva legislación "se añade la reclusión parcial (en sus versiones diurna, nocturna y de fin de semana), la libertad vigilada intensiva, la expulsión de condenados extranjeros con residencia ilegal y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Según datos que maneja Gendarmería, se estima que en el primer año de vigencia se podrá hacerle seguimiento a 150 agresores sexuales y condenados por violencia intrafamiliar. Asimismo, serán alredor de 8 mil personas -con penas menores a los 300 días- las que podrán optar a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad: "A los condenados los veremos trabajando, pintando escuelas, arreglando jardines, haciendo clases... si tienen conocimientos. En definitiva: retribuyendo a la sociedad el mal causado", añadió el ministro.
La reforma implica, además, un aumento de 585 nuevos funcionarios para el sistema: 287 nuevos delegados para libertad vigilada, 182 profesionales para el monitoreo telemático (brazaletes) y 106 profesionales para las prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad.
Se licitará la tecnología
El Gobierno, apuntó Ribera, no ha comprado ni comprará brazaletes: "Lo que haremos es licitar la tecnología necesaria, para que así no se quede obsoleta... y podamos irla perfeccionando y modernizando".
"Más que comprar brazaletes, vamos a comprar tecnología. Queremos comprar tecnología y no brazaletes, de esa manera la empresa que se adjudique tecnología nos hace los brazaletes y así está siempre actualizado", agregó.
Actualmente en Chile son 50 mil las personas que cumplen penas alternativas (condenados en libertad) y 42 mil los condenados presos.
Ribera aseguró que las "prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad se aplicará en casos de penas iguales o inferiores a 300 días, como una alternativa al no pago de multas (...) Tendremos onvenios con instituciones sin fines de lucro, para que las personas realicen trabajos controlados, efectivos y productivos".
Otra novedad de la nueva ley es que, en algunos casos, la reclusión nocturna en el domicilio del condenado "será controlada a través de un sistema GPS, diferente al brazalete, que avisa cuando el sujeto se aleja de un radio determinado".
Añadió el ministro Ribera, luego de aprobarse la ley, que "va a existir la posibilidad de que las personas que tienen alto riesgo contra quienes se aplica la violencia, puedan voluntariamente tener un artefacto como el teléfono celular, para avisarle si la persona se ha aproximado peligrosamente".
