La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que regula y limita los usos del registro de datos comerciales. Conocida como ley Dicom, la iniciativa -que tuvo como su principal impulsor al diputado PPD Felipe Harboe - incluye el llamado «perdonazo Bicentenario» para los pequeños deudores.

Dicho perdonazo -surgido de una indicación aprobada unánimemente en el Senado- implica que, por una única vez, se borrarán los registros del Dicom de todos aquellos que tengan deudas publicadas hasta un monto de $2.500.000 al 31 de Diciembre de 2011" . Según el diputado Harboe, con esta medida se beneficiarían, aproximadamente un millón 500 mil personas.

Salen deudores de TAG

Sin embargo, destacó, el número de favorecidos por la iniciativa será aún mayor, calculándolo en más de cuatro millones. Ello, porque también "hay que sumar, entre otras, la cantidad de personas que van a salir del Dicom porque tienen sus deudas repactadas, que son cerca de un millón 200 mil personas, que han repactado sus deudas en casas comerciales o bancos . Y además de eso, todas las personas que están hoy día en el Dicom por deudas del Tag, las que también salen ".

Junto a ello, la ley contempla otras disposiciones de alto impacto. Entre ellas, el fin del acceso universal a los antecedentes comerciales . Y es que, a partir de la vigencia de la nueva normativa, dichos antecedentes no podrán ser consultados sin autorización de los afectados, salvo en el caso del comercio establecido, para el proceso de crédito, y de las entidades que participen de la evaluación de riesgo, y para ese solo fin". De este modo, si con cualquier otro objetivo un tercero quiere conocer los antecedentes comerciales de una persona, sólo podrá hacerlo con la expresa autorización de ella.

Una de las consecuencias, explicó Harboe, es que en adelante los potenciales empleadores no podrán comprar esta clase de informes para decidir la contratación de una persona. Adicionalmente, y luego de la discusión en la Comisión de Economía del Senado, se incorporó expresamente la prohibición de exigir esta clase de información en los procesos de selección de personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.

Igualmente, se establece la obligación para las empresas distribuidoras de datos comerciales de mantener también un registro de quienes hayan pedido la información de una persona, explicitándose para qué fin y en qué fecha.

Dicho registro deberá estar disponible para el titular de los datos, quien podrá consultarlo de forma gratuita cada 4 meses.