Inmediata polémica generó el contenido de un nuevo decreto del Ministerio de Salud -aprobado el 11 de noviembre pasado por la Contraloría General de la República- en el que se permite a los médicos que se comuniquen con las parejas de aquellas personas a las que se les ha diagnosticado VIH-Sida, con el objetivo de que también se puedan someter al test .

El punto que incendió la indignación de algunas organizaciones es que el médico no requerirá de la voluntad del paciente para realizar esas gestiones.

El decreto establece que "en las actuales condiciones resulta indispensable ubicar a los contactos sexuales de las personas diagnosticadas como VIH positivas, en aquellos casos en que estas no les informen voluntariamente de su condición".

Así, la norma se refiere a que "en los casos en que el paciente afectado no haga concurrir a atención de salud a las parejas sexuales que voluntariamente haya indicado poseen, el médico podrá contactar en forma reservada a estas personas para ofrecer el examen de detección y las medidas de atención y los tratamientos que sean procedentes, sin perjuicio de mantener la información de los interesados en su carácter de confidencial".

El instructivo, que fue dado a conocer en el portal web del periódico «The Clinic», también explica que el examen se hará "siempre" en los casos de donación de sangre, trasplantes, injertos y controles prenatal de las mujeres embarazadas, entre otros.

Jorge Díaz, subsecretario de Salud Pública del Ministerio de Salud , explicó que el reglamento "no dice que los doctores van a tener que contactar, sino que 'podrán' hacerlo. La persona (que se sometió al examen) no tiene ninguna obligación de dar la información (de sus contactos). El médico podrá hacerlo porque desde el punto de vista de la salud pública es una muy buena cosa contactar a los involucrados, pero eso pasa, necesariamente, por la voluntad del afectado. Si éste no quiere dar los nombres, no tiene obligación legal de darlos".

Para Díaz es clave poder tener la mayor cantidad de información posible sobre los enfermos: "Cada uno es libre de informar de su condición de Salud. Lo que estamos buscando es una situación de salud pública que nos permita saber dónde está el origen de una enfermedad. Es lo mismo que hacemos con enfermedades como, por ejemplo, el sarampión: si hay un caso hacemos una investigación epidemiológica, buscamos los contactos y los bloqueamos".

Se mantiene confidencialidad en la entrega de resultados

Y en este caso, añadió la autoridad "el principio es el mismo: Existe el absoluto respeto por la privacidad que cada uno de los pacientes quiera tener por su situación y eso se va a respetar. Tanto es así que en el caso de las mujeres embarazadas, que se establece que van a hacerse el examen, nosotros hemos definido claramente que si una mujer no quiere hacer esta comunicación puede hacer un desistimiento".

Incluso al interior de algunas organizaciones han planteado que harán una presentación ante el Tribunal Constitucional.

El instructivo del Ministerio de Salud, en todo caso, también establece la confidencialidad en la entrega de los resultados. Se señala que los resultados del test deberán ser entregados directamente a la persona afectada por el personal de los servicios de Salud capacitado.

Jorquera: (Vivo Positivo): "Viola la ley"

Para el coordinador ejecutivo de la ONG «Vivo Positivo», Manuel Jorquera, el cambio implementado por el Minsal "está violando la ley de datos confidenciales y la ley del Sida".

Agregó que esto constituye "una falta de respeto, porque no se regogió la mirada de las organizaciones para realizar un cambio que no le correspondía hacer al Ejecutivo, sino al Legislativo".

Por eso, afirmó, "nos reunimos con el presidente del Senado, Guido Girardi, para ponerlo al tanto de la situación". Además, recalcó que esto no se trata de una campaña preventiva: "Eso es lo peor de todo", se lamentó.

Simonetti (=Iguales): Es "maquiavélico"

Según el escritor Pablo Simonetti , director de la Fundación =Iguales, la decisión del Gobierno es "maquiavélica", ya que "atenta contra el derecho fundamental de la privacidad de las personas. Sobre todo si quienes se realizan el examen han accedido voluntariamente a hacérselo".

"Lamentablemente, creo que en su afán el ministerio está yendo más allá de sus facultades ", aseguró Simonetti esta mañana, indignado, quien contó además que algunas organizaciones sociales y de defensa de los derechos de las minorías sexuales ya le plantearon su malestar al propio ministro Jaime Mañalich.

Jiménez (Movilh) llama a movilizarse

Rolando Jiménez , presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), manifestó su total desacuerdo con la nueva normativa: "Lo único que provoca es vulnerar el derecho de confidencialidad y privacidad que tienen las personas diagnosticadas con VIH. Ellas deben poder mantener en reserva su enfermedad.

El dirigente homosexual indicó además que espera "que las agrupaciones que trabajen en este tema tengan la capacidad y la voluntad de movilizarse frente a una iniciativa que le hace un quiebre a la ley (...) El Estado, y sobre todo el Ministerio de Salud, debe entender esto".