Aunque es una vivienda sencilla, se emplaza en un terreno de 800 metros cuadrados: "No nos hemos tomado esta casa por la fuerza...", dicen moradores. Según Bienes Nacionales entre 1980 y hoy sólo pagó arriendo un año.
Tras algunas negativas iniciales, el matrimonio acepta explicar por qué habitan una casa de propiedad fiscal sin pagar nada por ella.
Las tratativas para adquirirla
"No nos hemos tomado esta casa por la fuerza. Pagamos arriendo desde 1973, cuando el ministerio trasladó a mi marido a Santiago, hasta más o menos 2004, cuando nos llegó una notificación de que debíamos dejar la vivienda e iniciamos un juicio. Cuando llegamos acá, esto era una casa abandonada: la arreglamos con el compromiso de que nos la venderían", contó la mujer.
Pero la carpeta de Bienes Nacionales asegura que el arrendamiento tuvo fin en 1980 y que luego existió un anulado decreto de venta a favor de Araya en 1983, derogado por no presentación de antecedentes... Recién en 1991 se habría realizado un contrato de arriendo válido desde ese año hasta 2007. Fuentes gubernamentales señalan que sólo se pagó en 1991.
El problema -dicen ambos ocupantes- es que con el retorno a la democracia la venta nunca se pudo concretar. En una oportunidad, justamente porque cambió el gobierno (de Pinochet a Aylwin). En otra, porque cuando Miranda asumió como seremi le pareció "amoral" venderse la propiedad a sí mismo. Después, aseguran, les pidieron que intermediara un banco.
Recuerdan que a fines de 2004 fueron recibidos por el seremi de entonces (de apellido González) quien les señaló que la casa les sería vendida en el valor real comercial: "Dijimos que no había problema, pero después no nos volvió a recibir".
"Iba a pagar el arriendo y no me dejaban"
¿Por qué no pagan por vivir ahí? "En medio de todo, yo iba al ministerio a pagar el arriendo y no me recibían la plata. Hicimos una demanda para que nos vendieran, la cual perdimos porque el abogado no se presentó al juicio", reclama.
Dicen que supieron que habían perdido el litigio el año 2008, y que desde esa fecha han intentado "mil veces arreglar el problema". Teresa relata: "Pedí hablar con otro seremi, debe haber sido de Bachelet ya, y no me quiso dar audiencia".
En todo este tiempo, señalan no haber recibido orden de desalojo ni haber sido requeridos a pagar arriendo.
-Pero ustedes perdieron el juicio, eso es definitivo, ya no hay nada más que puedan hacer...
-El tema legal es una cosa, pero el administrativo es otro... Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a pagar el costo de la casa más el IPC. No nos hemos agarrado a esta casa por la fuerza. Nosotros ya somos ancianos (ella tiene 70 años y él 72), estamos enfermos. Para nosotros es dificilísimo salir de esta casa.
Reclamos de vecinos
Según el jefe de la Unidad de Fiscalización, Haroldo Henríquez , en 2007 el organismo recibió una carta de reclamo de una escuela especial vecina, alegando comportamiento grosero y hostigamiento por parte del matrimonio. Afirma que "el Sr. Miranda chocó intencionalmente el vehículo de una de las docentes... durante la fiscalización le consulté al Sr. Miranda sobre la relación con sus vecinos sin hacer mención a la carta y él señaló que tienen muy buena relación".
Concluye que es recomendable dar un plazo de 30 días para que la pareja abandone el terreno y que se realice con "precauciones" para que no inicien acciones dilatorias y para "evitar daños y destrozos en caso de desalojo".
Un largo acceso en el verde antejardín era ocupado hoy por tres vehículos en una de las casas de costanera Monseñor Escrivá de Balaguer, a una cuadra del cruce con Américo Vespucio.
Según Bienes Nacionales, desde 1996 no hay pago de arriendo por esta vivienda ubicada en un terreno de 682 m2. La dueña de casa regresa el viernes a Santiago, es la única respuesta.
Sin embargo, ella -Ana María Cuadrado Káiser- entregó una versión al fiscalizador del Gobierno: Dice que llegó cuando adquirió los derechos de compra a una prima con problemas económicos, quien se había hecho del lugar a través de una deuda con la extinta Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP).
Cuadrado apeló del valor comercial que le fijó Bienes Nacionales y luego lo hizo ante Contraloría, supuestamente sin tener respuesta. En el ministerio aseguran que en el último tiempo se le envió una citación para a regularizar la situación y no fue.
El fiscalizador concluyó : "El inmueble está ubicado en un sector consolidado, de perfil económico ABC1, de alto interés y plusvalía ... Tanto el tiempo de tramitación, como de ocupación irregular son excesivos", por lo que pide "iniciar el trámite de venta exprés" y notificar del valor ($ 91.495.439 de tasación fiscal), así como de las condiciones de venta. De no ser aceptadas implicarían "abandonar el inmueble" en 30 días.
