En abril pasado, cuando Chile estaba fuertemente remecido por el caso Karadima, la Conferencia Episcopal anunció la creación del "Consejo nacional para la prevención de abusos contra menores de edad y acompañamiento a las víctimas".

Y si bien no sería tarea del Consejo, en aquella ocasión se anunció también la elaboración de un "listado único nacional de sacerdotes y/o ex seminaristas que tienen impedimentos para ejercer el ministerio o para ingresar al seminario", a fin de que los condenados por abusos a menores no queden en el anonimato.

Y, ahora, tras un requerimiento de "La Segunda", el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, entregó el listado oficial de "personas con impedimento para el ejercicio del ministerio por delitos graves contra menores de edad" (ver recuadro).

Se trata de 17 sacerdotes y un diácono en la justicia penal o que recibieron una sentencia canónica aunque los tribunales no hayan declarado su culpabilidad. Entre estos últimos se encuentra el sacerdote Juan Miguel Leturia, que en los 70 fue profesor del colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle y luego fue rector del colegio San Mateo de Osorno, donde fue acusado por un ex estudiante.

También figuran en el listado el ex párroco de la Iglesia El Bosque Fernando Karadima (la próxima semana se conocerá la sentencia de la jueza Jéssica Gonzalez), José Ignacio Aguirre, (el ex cura Tato, condenado a 12 años de cárcel por abusos sexuales y estupro) y Ricardo Muñoz (ex párroco de la iglesia Santa Teresa de Melipilla, acusado junto a su pareja de explotación sexual), entre otros.

Las razones del episcopado

Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, señala que los 10 condenados en la justicia penal han pasado o están pasando también por un proceso canónico.

Los otros 8 que han recibido sentencia del Vaticano están en la justicia penal aún en proceso, absueltos o suspendidos. O, incluso, nunca fueron denunciados. Algunos de esos nombres han permanecido en un largo anonimato, o en medio de un manto de dudas, durante años.

Ambos listados registran hechos de la última década, aproximadamente (en la práctica antes estos hechos "no existían"). Y no contempla investigaciones en curso que se puedan estar realizando tanto en congregaciones como en diócesis.

Es el primer listado de este tipo que entrega la Iglesia Católica de nuestro país. Y se contrapone con los 2.327 sacerdotes (más 32 obispos) en ejercicio actualmente.

Pero Coiro advierte que no se trata de "empatar". "Un solo caso sería grave y ameritaría todas las prevenciones. Esa es la convicción que los obispos están progresivamente tratando de compartir con sus bases. El tema no es si son muchos o pocos casos. En el año 2002 Juan Pablo II dijo que no hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores. Sobre todo porque está comprometida no solamente la infidelidad de su ministerio, sino que también el voto de confianza que hace la comunidad en un pastor".

-¿Qué significa para el episcopado entregar por primera vez esta lista?

-Hay nombres que han aparecido en la prensa incluyendo injustamente a sacerdotes que han sido sobreseídos, algunos sobre los cuales nunca ha habido una denuncia, otros que no son sacerdotes... De alguna manera, con el documento se hace una luz respecto de cuál es el caminar de la Iglesia en esta materia. Estas personas del listado siguen vivas y yo puedo decir que no están ejerciendo ministerio, no tienen contacto pastoral ni responsabilidades. Pero, de alguna manera también publicar un listado es decir: "Esto es una de las peores cosas que nos han pasado como Iglesia".

-¿Cómo fue el proceso para decidir hacerla pública?

-El Consejo del episcopado para la prevención de abusos ha estimado que el gesto de tener una certeza sobre la cantidad de personas que desde la Iglesia, clérigos, están con impedimento para ejercer el ministerio por estos delitos graves es elemento valioso en lo curativo. De alguna manera, la Iglesia le está diciendo a la sociedad que tiene el firme propósito de que estos hechos no se repitan y que está trabajando para que las circunstancias que favorecieron muy lamentablemente estos delitos no se vuelvan a dar. Pero, por otro lado, también alejar a la opinión pública de la sospecha de que cualquier sacerdote que es mencionado es de inmediato responsable de un hecho de esta naturaleza.

-En el listado no está Francisco José Cox, quien vive un retiro voluntario desde 2002 en Europa.

-El se retiró por fundadas razones, que no son delito grave contra menores de edad. Ni siquiera ha sido denunciado por ello, nunca.

-¿Dónde están los condenados por sentencia canónica?, ¿siguen al alero de la Iglesia, como Karadima?

-Varios de ellos tienen una vida civil. (Pero) la pregunta es: ¿qué ayuda más a prevenir el delito? Suele presentarse la expulsión del estado clerical como la medida más grave, pero no siempre asegura que se prevenga la comisión de eventuales delitos.

Hay otros clérigos en proceso aún

-¿Y el listado que se haría de ex seminaristas que no llegaron a ser sacerdotes, por si había razones para evitar que ingresaran a otro seminario?

-Esa lista siempre ha existido, pero es reservada, que manejan solamente los rectores de seminario y que no tiene que ver con delitos, sino con los procesos de discernimiento vocacional que están viviendo los muchachos. Y no hay ningún caso de abuso.

El listado tampoco contempla a religiosas, porque sólo abarca a obispos, sacerdotes y diáconos.

Y no individualiza a clérigos procesados o formalizados en la justicia penal chilena que aún no tienen condena. Esos son, como ha sido publicado en medios de comunicación, Audín Araya (Concepción), Francisco Cartes (El Carmen de Curicó), Orlando Rogel (Cunco, VIII Región), el filipino Richard Aguinaldo (Santiago) y Manuel Hervia (Stgo.).

Asimismo, hay dos sacerdotes que se han suicidado acusados de cometer abusos contra menores: René Aguilera (San Bernardo) y Rimsky Rojas (Punta Arenas).

El 8 de abril, tras la asamblea plenaria de obispos en Punta de Tralca, también el episcopado anunció un nuevo protocolo para las denuncias (flexibilizando todo el procedimiento) y el acompañamiento de las víctimas, a la luz de lo que estaba haciendo el Vaticano.

Allí se comprometió que en cada una de las 27 diócesis de todo el país va a existir al menos una persona encargada de recibir las denuncias y desde abril ya eso está implementado, asegura Coiro. "El mensaje es que si usted tiene un situación dolorosa en estas materias, la Iglesia está disponible, comuníquelo en su instancia más cercana. El trabajo eclesial consistió en hacer que los párrocos, vicarios, colegios católicos, congregaciones religiosas supieran conducir a la gente de una manera distinta a la burocracia tradicional de la Iglesia. Esto no es como pedir un certificado de bautismo, es un trámite que requiere confidencialidad, reserva; que tiene que ver con situaciones graves, que ojalá pase por la menor cantidad de personas".

Luego vendrá el proceso de investigación previa, en manos del obispo local, un promotor de justicia o el superior de la congregación religiosa. En caso de haber mérito, se envía a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma.

Simultáneamente se creó el Consejo para prevención de abusos y acompañamiento de las víctimas, el cual está preparando los protocolos para evitar que ocurran hechos de este tipo en toda la sociedad.

La entidad ha sesionado 9 veces y en septiembre se hizo un seminario con representantes de casi todas las diócesis. A estas alturas, asegura Coiro, "en todas hay personas nombradas por sus obispos para echar a andar una institucionalidad mínima, de acompañamiento a las víctimas y prevención".

Una de las más adelantadas, sin dudas, es la de Santiago.

-Ha ido un poco lento el proceso de implementación...

-Ha habido algunos fenómenos. Un sector del clero expresó alguna reticencia inicial al protocolo, en el fondo a la actitud tan radical de los obispos, lo que es comprensible sobre todo por algunas lecturas de que esto era una suerte de "abandono", pero progresivamente la Iglesia toda ha ido tomando una conciencia creciente de que nuestro principal foco son las víctimas.

Arzobispado de Santiago abrió oficina para recibir denuncias

En una oficina ubicada en la Vicaría de la Familia (frente a la Catedral) comenzó a operar, hace tres semanas, la Oficina Pastoral de Recepción de Denuncias (Opade) del Arzobispado de Santiago.

A cargo están el sacerdote Cristián Castro (párroco de Recoleta) y la sicóloga Patricia Figueroa, quienes asisten sólo algunas horas a la semana. Sí funciona a tiempo completo una secretaria administrativa. Ya les ha tocado recibir algunas denuncias y la labor que cumplen es "hacérsela llegar a la autoridad competente, que en el caso nuestro es el arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati. Este departamento es un anexo a la Cancillería" (donde solían llegar las denuncias), explica el religioso, quien agrega que en esta etapa no se piden pruebas ni se examina veracidad.

Señala Castro que "La idea es establecer la institucionalidad mínima en tres etapas: recepción de denuncias, acompañamiento de las víctimas y la prevención". En la segunda, si es que alguien lo requiere, se le derivará a personal especializado de la Vicaría de la Familia. Y la prevención se está trabajando con ayuda de expertos, a nivel del Consejo de Prevención.

-¿Cómo se va a enterar la gente de que existe esta instancia en Santiago?

-Todas las parroquias están informadas. Entonces generalmente las personas le plantean el problema al sacerdote y éste le dirá que tiene que ir a esta oficina donde se acusará recibo de la denuncia.

-¿Dan algún tiempo de referencia para entregar las primeras respuestas?

-La idea es que sea el menor tiempo posible. Y a quienes lleguen a denunciar les diremos como compromiso que los estaremos informando sobre cómo se desarrolla el proceso. Los plazos son complejos, pero les avisaremos cualquier novedad.

Respecto de la reacción que han tenido los denunciantes, Castro señaló que los han visto "bastante agradecidos y más tranquilos, que es lo fundamental. Gratitud en cuanto a la acogida y tranquilos porque han encontrado alguien que los escuche".

-¿Han tenido retroalimentación con otros sacerdotes?

-Aún es muy temprano para decirlo, porque recién este viernes se comunicó oficialmente. Yo siento que seremos muy bien acogidos, porque esto es para ayudarnos a todos.

Religiosos también se preparan

El sacerdote Sergio Pérez de Arce, presidente de Conferre (Confederación de religiosos de Chile), explica que en dichas entidades "como en toda la Iglesia, hay más sensibilidad con el tema de los abusos y se van dando pasos en tener estructuras y protocolos de prevención y de promoción de ambientes sanos y seguros. En el ambiente educativo y en las obras que trabajan con niños, especialmente, hay preocupación, se está capacitando. Claro, se podría ir más rápido, pero se está en la dirección correcta. Los sacerdotes nos estamos 'defendiendo' menos y las religiosas y los laicos nos ayudan a actuar con más decisión, sobre todo las mujeres".

Igual, reconoce, "éste es un tema de largo aliento, que nos tiene que seguir ayudando a plantearnos temas como el manejo del poder, el ejercicio de la autoridad, la formación de los nuevos religiosos, etc.".