Una indignante realidad constató el Ministerio de Vivienda tras catastrar 959 proyectos habitacionales de todo el país pertenecientes al Programa Fondo Solidario de Vivienda -para familias de más bajos recursos- construidas entre 2007 y 2010: 3.788 viviendas sociales no están siendo usadas.

En regiones es donde más se produce este fenómeno. La Región de Arica y Parinacota lidera el ranking.

En Santiago sólo alcanzaron a catastrarse 10 conjuntos habitacionales -de un total 156- registrándose cuatro viviendas abandonadas. Según explican en el Minvu, la capital no debiese presentar números altos, dado la fuerte demanda habitacional existente.

Para el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, los números obtenidos evidencian una mala utilización de los recursos públicos, ya que estas viviendas fueron entregadas sin deuda. Tienen un costo promedio de unas 600 UF -unos $11 millones- y los beneficiarios sólo tuvieron que pagar 10 UF, es decir unos $220 mil.

Costo para el Estado de US$ 100 millones

De hecho, indica, las viviendas que actualmente están sin ser ocupadas tuvieron un costo para el Estado de unos $50 mil millones, unos US$100 millones.

"No parece bien que haya una cantidad tan grande de viviendas desocupadas. Siempre puede haber un caso particular, pero una cantidad tan grande concentrada en algunos lugares particulares llama la atención. Teniendo el déficit habitacional que tenemos que resolver en el país, esta situación no parece aceptable ni buena. Que una casa esté vacía es una clara evidencia de que la gente que recibió el subsidio no lo necesitaba. Es demasiado", explica la autoridad.

Al desuso de las casas catastradas, se suma el hecho de que en otros muchos casos los beneficiarios de subsidios entregan en arriendo sus hogares apenas los reciben. Por esto es que el Minvu ya ha comenzado a implementar una serie de medidas para evitar este tipo de situaciones.

Por lo pronto desde septiembre de 2010 -en una reforma propiciada e iniciada en la gestión de la ex ministra Magdalena Matte- se introdujeron cambios en el Decreto Supremo 174 para exigir la obligatoriedad de ocupar las viviendas durante cinco años.

En esa línea, también se estableció la prohibición de arrendar la vivienda adquirida por subsidio habitacional durante un periodo de 5 años.

Además, desde ahora, se exige a los postulantes entregar una "Declaración Jurada de Postulación", -ante el Conservador de Bienes Raíces- en la cual tiene que constar su condición de vulnerabilidad el postulante; la necesidad que tiene para obtener el subsidio habitacional; la identificación de todo el grupo familiar; y además de asumir la obligación de habitar la vivienda que se le asigne.

Ahora se podrá pedir de vuelta la vivienda

En caso de que algunas de estas condiciones no sean cumplidas, que serán rigurosamente vigiladas por el Serviu en catastros que hará cada 6 meses o un año, el Minvu podría, eventualmente, exigir la restitución del subsidio. Es decir, recuperar la vivienda.

Sin embargo, explica el ministro Pérez, "obviamente el Serviu puede dar la excepción en casos de que la familia se haya tenido que cambiar de ciudad por razones de fuerza mayor".

-¿Con estas prerrogativas se van a terminar los abusos que se cometen con las viviendas sociales?

- Siempre va a haber alguien que va a hacer trampa o que nos quiera meter goles. Eso es inevitable. Lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para que eso no suceda, focalizando mejor los recursos para que éstos vayan a los más necesitados. Pero el hecho de que vamos a estar detrás es un elemento para que la gente que comete este tipo de irregularidades no lo haga más.

- ¿Hay algún tipo de solución para las casas que hoy se encuentran abandonadas?

-Eventualmente seguirán abandonadas. Estas nuevas potestades las podemos aplicar sólo en los subsidios que fueron entregados desde septiembre de 2010. Respecto de las viviendas anteriores no tenemos facultades. En el fondo ahí hay una propiedad privada como cualquier otra.

En paralelo, el Minvu afina otra herramienta: El Decreto Supremo 49 -que está a la espera de la firma presidencial- que introduce mejoras y flexibilización en la entrega de subsidios.

Entre los cambios que dicho cuerpo considera están las condiciones de habitabilidad de la familia postulante (como los servicios de alcantarillado, agua potable, material de la vivienda, luz, o cómo es el piso de la casa en que vive) para evitar que haya gente que mienta sobre su condición socio económica.

Testimonio: "Me arrendaron una casa por $120.000"

Elia V. es una empleada de casa particular oriunda del sur y debe arrendar una casa para vivir junto a su hija.

El año pasado llegó a una vivienda en el Condominio San Alberto, en el sector de Casas Viejas, en Puente Alto.

"La dueña me la arrendaba por $120.000, que yo encontraba muy caro porque es chica, tiene dos dormitorios solamente y todo está muy apretado. Por eso me acabo de cambiar a otra parte. Pero después me indigné todavía más porque supe que esa señora había obtenido la casa gracias al subsidio y que en total ella había pagado sólo $200.000, por una vez".

No es todo. "Según supe, esta persona vive con su esposo e hijos junto a su mamá, porque está optando a un nuevo subsidio para ampliar la casa que yo arrendaba. Y no es el único caso en la villa, al menos sé de otra persona que le cobra a su hermano por vivir en su casa".

Y Elia termina quejándose amargamente. "Yo tengo mi casita en Cauquenes, donde volveré a vivir en poco tiempo, pero a pesar de que he pedido tantas veces ayuda para arreglarla, porque se está cayendo a pedazos, nunca he podido conseguir un subsidio".