-Ministro,¿se asumió como el "duro" de La Moneda? -le preguntamos a Rodrigo Hinzpeter mientras viaja al Congreso a pedirles a los legisladores que estudien rápido la ley antiencapuchados. Y también quiere que se pronuncien sobre otro punto que considera fundamental: sí o no al orden público.

-La verdad es que invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado no es un acto de dureza, sino de responsabilidad política, porque los gobiernos están llamados a aplicar las leyes cuando corresponda. Y si dejan de hacerlo, incurren en una acción negligente. Es por eso que cuando se produce el atentado al bus de Transantiago, aterrorizando a los pasajeros y quemándolo, presentamos una acción judicial invocando la ley porque de lo contrario estaríamos incurriendo en una omisión negligente. Esta ley tiene por objeto cautelar el orden público. Y para nuestro gobierno es primordial hacerlo, para una convivencia en libertad y paz.

-¿Por qué se dudó durante la mañana de ayer si la aplicaban?

-Porque durante la mañana fuimos recibiendo primero la información y las características del actuar de estos delincuentes que interceptaron el bus, golpearon al chofer y atemorizaron a la gente, y una vez que recabamos los detalles hicimos la correspondiente revisión legal. Eso fue entre las 9 y de la mañana y cerca de la una. En ese momento, el Presidente de la República me instruyó para que la acción judicial que fuéramos a presentar se hiciera en conformidad a esta normativa.

-¿Es cierto que en torno a esto se peleó con el ministro Chadwick?

-Yo no escuché ninguna pelea. Tampoco hubo divergencia. Si usted revisa la primera declaración del ministro Chadwick en la mañana dice que se está evaluando aplicar la ley. Después salgo yo y digo que estamos en una situación límite. Y luego concordamos la invocación de la ley.

Recuerda que esta ley data de la década del 50, y ha sido invocada desde el presidente Allende hasta este gobierno, invariablemente por todas las administraciones.

Hay otro problema que es de fondo, asegura:

-El problema de fondo es que se haga mayor claridad respecto de cuál es el valor sincero que los distintos dirigentes políticos o parlamentarios asignan al orden público. Le anticipo que para nuestro gobierno es una cuestión primordial desde que entendemos que no existe ninguna alternativa de convivencia pacífica y libre sin orden público. Pero con la misma honestidad todos los partidos políticos debieran decir si están de parte del orden público o no, pues tengo la intuición de que hay algunos legisladores que le asignan muy poca importancia a este tema, o muy poco valor.

Señala que hay parlamentarios de la Concertación que tienen una mirada similar a la del gobierno en esta materia, y nombra a Jorge Burgos y Felipe Harboe. "Pero también hay otros...", dice, y se refiere a los que han criticado que el gobierno invoque la Ley de Seguridad del Estado.

-La pregunta es cuál es la aproximación conceptual que ellos tienen respecto a este tema. ¿Porque las conductas no son punibles o porque en el contexto de una protesta social los estándares penales deben relajarse? Son concepciones ideológicas, asociadas normalmente a sectores de izquierda o ultraizquierda que no tienen un aprecio por el orden y la libertad.

-El dirigente estudiantil Camilo Ballesteros dijo que "con todo el poder que tiene el Estado chileno, ¿cómo no es capaz de identificar a un grupo minoritario de personas que causan los desmanes?"

-Mire, yo en primer lugar aprecio la condena de Camilo Ballesteros al acto criminal del incendio del bus ocurrido ayer. Pero hay que entender que los fenómenos de desorden público en ciudades que tienen los millones de habitantes y gran extensión, como Santiago, se transforman en fenómenos muy difíciles de anticipar. Ayer eran miles los buses que a esa hora transitaban y podrían ser víctimas. Lo que pasa es que no existe ninguna política de prevención que pueda reducir a cero el riesgo.

-¿Por qué la policía no va directo tras los encapuchados?

-La actuación de Carabineros en estos episodios es muy compleja porque se realiza en aglomeraciones de centenares o miles de personas, entre las cuales generalmente se fragua una malentendida solidaridad. Y, por lo tanto, la persecución o el arresto de determinadas personas resulta extraordinariamente complejo.

Recuerda. eso sí, que ha habido 10 mil detenidos.

-Cosa distinta es que nuestra normativa, por su antigüedad y vaguedad, haga que esas personas queden solamente citadas y en libertad. Y es por eso que nosotros enviamos al Congreso Nacional la denominada ley antisaqueos y en contra de los encapuchados, porque hoy la disposición que sanciona el orden público es una norma de 1874, absolutamente obsoleta e inservible e a objeto de tutelar la paz social en nuestra sociedad contemporánea,. y requerimos en forma urgente brindarle a nuestro orden jurídico nuevas normas con nuevos tipos penales que resguarden la paz social con eficacia y que de estar vigentes probablemente implicarían a estos más de 10 mil detenidos tener que enfrentar una sanción penal, lo que produciría además un efecto disuasivo. Hoy los jóvenes menores de edad, frente al derecho penal, tienen bastante internalizada esta suerte de incapacidad normativa que actualmente tenemos para que el sistema judicial les aplique sanciones, y en consecuencia, día a día ellos mismos van sintiendo menos temor en su actuar.

 Ley antiencapuchados en 30 o 40 días

El proyecto de ley antiencapuchados se empezaba a ver esta tarde en la comisión de seguridad ciudaana.

-Está con urgencia y voy a pedirle al Congreso Nacional que lo tramitemos con la mayor celeridad posible.

-¿Por qué no le ponen suma urgencia?

-Le podemos poner suma urgencia e incluso discusión inmediata, pero también es cierto que estas tramitaciones legislativas razonablemente requieren grados apropiados de reflexión y, por lo tanto nos parece que en el contexto de una urgencia simple, sumado a una buena predisposición ojala mayoritaria de los parlamentarios, podemos sacarla rápido y con un tiempo de reflexión apropiado.

-¿En cuántos días?

-En 30 o 40 días.