Se tomaron la plaza, el aeropuerto y varios terrenos del casco histórico... y hoy los pascuenses ven los frutos no sólo de la movilización, sino también del diálogo surgido tras sus reivindicaciones de 2010: De doce demandas de distintas familias por obtener una "restitución" de lo que consideraban usurpaciones de sus tierras ancestrales, el Gobierno accedió a dar distintos tipo de compensaciones o devoluciones a 9 clanes.

Sólo tres casos siguen en evaluación: Tajai, Centro Cívico y Centro Cultural. Uno no entra en este catastro -el reclamo de la familia Hito por el terreno que ocupa el Hotel Hangaroa-, pues se ventila en tribunales.

"Ya se ordenó la restitución de terrenos a tres familias y en 10 días, más o menos, se les entregará el acta de radicación, que les permite instalarse a vivir en esos lugares y que es el paso previo para obtener el título de dominio", revela el delegado presidencial para Rapa Nui, Carlos Llancaqueo.

Se trata de los casos conocidos como Radiofaro (de la Armada); Emaza y Museo.

"Para otras seis familias habrá compensación a través de terrenos fiscales -en el fundo de Baitea-, pues si bien se estableció en una mesa de negociación con representantes de la isla que tenían derechos, se pidió que financiáramos un abogado y un antropólogo para ver quién -dentro de la familia- tenía el mejor derecho de inscripción o ver si hay que inscribir a más de un miembro", señala.

La idea es que en septiembre de este año esa media docena de clanes tenga claridad.

$ 3.600.000.000 ya ejecutados

Cabe recordar que tras los incidentes violentos de agosto de 2010, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acordó crear cuatro mesas de negociación con organizaciones sociales de Rapa Nui.

La primera se refiere al "estatuto de inmigraciones", que busca restringir la llegada de extranjeros al lugar, por el impacto ambiental y cultural.

Hoy está en el Congreso (listo para segundo trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados) la reforma a la Carta Fundamental que se requiere para morigerar la "inmigración" y avanza el borrador de la ley con las medidas específicas, que deberán consensuarse con los habitantes.

La segunda mesa de trabajo dispone de $25 mil millones para invertir durante este gobierno. Para este año había un monto parcial de $4.881 millones, de los cuales ya se han ejecutado unos $3.600 millones. Arreglo de escuelas, y la construcción del nuevo hospital para la isla, que contará con tecnología como para realizar operaciones de mediana complejidad, son parte de las obras en desarrollo.

Las otras dos mesas son las referidas al conflicto de tierras y al estatuto especial, que es el que más podría demorar, por la necesidad de la reforma constitucional para limitar las inmigraciones. Con todo, el delegado presidencial espera que el plan esté concluido antes de que Piñera abandone La Moneda.