Más extenso, masivo y contundente que el "pingüinazo" del 2006.

Así describen diversos actores educacionales el conflicto estudiantil que a principios de mayo se instaló en las calles del país y que -tras casi 9 semanas de tomas en liceos y universidades- ya está en un punto de inflexión luego que el gobierno anunciara una serie de medidas bajo el nombre de Gran Acuerdo Nacional por la Educación.

Fueron los universitarios, específicamente los de la Universidad de La Serena, los que iniciaron las tomas el 11 de mayo. Al día siguiente en Santiago se registraba la primera marcha, de unas 15 mil personas, demandando calidad y equidad en educación superior, aumentar financiamiento público y democratización de las instituciones educativas.

Hasta hoy, la mayor parte de las universidades siguen paralizadas o en toma.

Luego vinieron los secundarios. El 6 de junio se registró la primera toma de un liceo: el Manuel Barros Borgoño de Santiago. En un momento llegaron a ser más de 200 establecimientos movilizados pidiendo estatización y educación pública gratuita y de calidad, TNE operativa todo el año, además del fin del lucro.

Y pese a la medida del ministro Lavín, de extender el año escolar hasta el 14 de enero y adelantar las vacaciones de invierno en los liceos ocupados, 153 liceos que a más tardar ayer debían volver a clases, no lo habían hecho.

Hoy el movimiento estudiantil -entre universitarios y escolares- cumple 64 días (más de 9 semanas). El del 2006 duró 51 días.

Se reevaluará, otra vez, calendario escolar

La situación es compleja, reconoce la seremi de Educación de la Región Metropolitana, Lili Orell. Y señala que si los establecimientos continúan en paro la próxima semana, "se debe evaluar nuevamente el calendario escolar" porque los que retomen el lunes tendrán necesariamente que estar en clases hasta el 14 de enero, "pero quizás otros deban permanecer más tiempo".

De hecho, algunos alcaldes ya tienen la idea de recuperar clases los días sábado para no aplazar más el período o bien extender la jornada diaria en una o dos horas.

Otro punto de preocupación es el pago de la subvención escolar: si los alumnos no asisten a clases, el Estado no la cancela.

" Es dramático ver que a los municipios nos van a descontar cerca de $ 6 mil millones por las tomas y paros de los estudiantes", indica el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco .

A modo de ejemplo, cuenta que sólo en su comuna esta movilización ha provocado un déficit de $ 827 millones por subvenciones no recibidas. Y el dinero que no recibirán aumentará más el déficit histórico en educación.

Adelanta que como alcaldes propondrán al gobierno "que nos entreguen igual los recursos correspondientes a la subvención, porque los gastos fijos como sueldos de los funcionarios de los establecimientos educacionales es un gasto que de todas maneras debemos hacer, estén o no en paro los liceos. Muchas comunas se verán muy complicadas si no reciben esos recursos".

La apuesta del gobierno, por ahora, es concentrarse en "bajar" primero las movilizaciones de los universitarios.

Los jóvenes son vistos como "más estructurados en sus peticiones" y "se sienten empoderados, porque saben que sus reivindicaciones tienen respaldo académico". Pero también su movimiento algo se debilita con el preacuerdo logrado por el Cruch con La Moneda.

Por ello también, cuentan desde el propio gobierno, "es urgente abrochar el tema con los rectores. En este minuto ellos son los candidatos naturales para servir de puente y salir del conflicto".

La idea es que al desmovilizar a los universitarios de las calles, los escolares deberán replegarse, ya que sobre ellos pesará la presión de perder el año escolar, el "efecto PSU" y el desgaste natural de un movimiento más inmaduro.