Mercaderías en mal estado —hasta con piojillos— ingresadas al país sin revisión aduanera; remedios distribuidos sin conocimiento de la autoridad sanitaria; descontrol en manejo de lo que ingresaba y lo que se entregaba...
Una profunda revisión a la administración de las donaciones recibidas por el Estado tras el terremoto de febrero de 2010 realizó Contraloría, detectándose no sólo deficiencias en la forma en que se registró su recepción y posterior entrega a damnificados, sino que destapó cómo algunas empresas mal usaron el sistema —internaron materiales que requerían para su propio funcionamiento—, y cómo se entregaron como donativos productos en mal estado, ya vencidos o por vencer.
Peor aún, casi el 100% de lo recibido pasó sin un control efectivo en Aduanas y faltaron revisiones fitosanitarias, y no se sabe cuánto de eso fue efectivamente consumido por la población.
El informe de Contraloría cuestiona “la inexistencia de un Plan de Contingencia a nivel nacional, pues el Gobierno de Chile no contaba con procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, ante situaciones de catástrofe como la acontecida, que en el caso de este país son de probable ocurrencia”, para garantizar un buen manejo de las donaciones.
El ministerio del Interior intentó explicar algunas situaciones detectadas, apelando al “Principio de Servicialidad del Estado”: ante una desgracia como la del terremoto, ciertos procedimientos debían obviarse por el bienestar de la población. Pero Contraloría lo refutó: Válido para los primeros días de la catástrofe, pero “las facilidades anteriormente mencionadas se prolongaron hasta meses después de que ocurrió el terremoto y maremoto”.
Recepciones firmadas por “Clark Kent”
Respecto al desorden en el manejo de las donaciones, Contraloría visitó todas las regiones decretadas en estado de emergencia, constatando, por ejemplo, que el centro de acopio en Maule hubo “mermas”, y “debilidades en el control del ingreso y distribución de las donaciones que llegaron a sus distintas bodegas”. De hecho, en el manejo de las bodegas en una primera etapa por parte del Ejército, se detectó documentación de recepción firmada por “Clark Kent” y “Peter O’Toole”.
También visitó los municipios y si bien en muchos todo estaba en regla, sí identificó cómo la de Talca almacenaba 2.800 kilos de harina en “riesgo de descomposición”; no se pudo confirmar recepción de donaciones (Curanipe); carpas, cereales, arroz con destino a Constitución “no recepcionado por ese municipio”.
Donaciones extranjeras vencidas
Pero además se detectó “falta de fiscalización por parte de los controles fronterizo sanitarios y fitosanitarios en el ingreso al país” de las especies”.
Por ejemplo, galletas vencidas con piojillos; pastillas de cloro mal rotuladas; cargamentos de ropa con fecas humanas en su interior; mantas y almohadas enviadas desde España que figuraban el 30 de junio aún en bodegas del puerto; o “productos abiertos, a medio usar, vencidos y con fecha cercana de expiración” en un envío del gobierno de Ecuador.
Pero estas situaciones no fueron sólo desde el extranjero, pues también el ente fiscalizador identificó una donación de 45 mil jugos de una empresa chilena (no la nombra) “con una fecha cercana al vencimiento” y “10 pellets de agua envasada (...) contaminada por hongos.
Todo se agravó por el hecho de que Aduanas emitió instrucciones verbales que cada paso fronterizo interpretó de manera distinta
también se detectó que en el Aeropuerto Internacional ingresaron en mayo 189 cargamentos “cuyo monto no fue posible determinar”; o el caso de Cencosud que internó como donación mercadería que vendió a Onemi en camiones no revisados... que meses después llevaron a Cencosud a pagar impuestos por $561.943.678.
Riesgo para la salud
El desorden no sólo afectó a los alimentos, sino también a otra materia delicada: los medicamentos.
“Ingresaron al país 8 camiones y al menos dos vehículos que contenían, entre otras especies, medicamentos, los que debería haber sido sometidos a revisiones del Seremi de Salud”... lo que no ocurrió en plenitud.
“El Instituto de Salud Pública tampoco tuvo conocimiento sobre la materia”, agrega.