Polémica promete una inédita ordenanza dictada por la Municipalidad de Huechuraba que establece duras sanciones para los apoderados que no envíen a sus hijos al colegio: en caso de que las inasistencias del alumno sean injustificadas, se plantea que el director del recinto podrá incluso denunciar el hecho ante los juzgados de policía local. Y como sanción máxima a la que se arriesgan los responsables del menor se contempla hasta quince días de cárcel.

La ordenanza, denominada “Deber de los apoderados de cumplir con la asistencia a clases de los pupilos” —publicada hoy en el Diario Oficial—, busca dar cumplimiento con la normativa de carácter nacional que establece que los estudiantes deben tener un mínimo de 85% de asistencia para ser promovidos de curso.

Escala de sanciones

La disposición municipal incorpora pasos previos a la sanción más dura: ante tres inasistencias se cita al apoderado, a quien “se le apercibirá verbalmente respecto de la situación” del escolar y de las eventuales sanciones por esa falta.

En caso de que la situación persista, la ordenanza indica que el director del establecimiento deberá remitir los antecedentes al Departamento de Educación Municipal, el que deberá abrir un “proceso social” para determinar el origen de las ausencias.

Y si el problema continúa, la Municipalidad de Huechuraba ordena que los directivos deberán interponer una denuncia ante el Juzgado de Policía Local, organismo que podrá aplicar cuatro tipos de sanciones si encuentra responsabilidad del apoderado en estos hechos: amonestación verbal, multas de entre 1 y 5 Unidades Tributarias Mensuales, servicio comunitario o prisión de uno y quince días, si pasados 15 días de la amonestación no se ha cumplido con la ley.

En caso de reincidencia, el juzgado podrá aplicar el doble de sanción que lo anterior. Además, se contempla que si un alumno no cumplió con el mínimo de asistencia, el director deberá realizar la denuncia ante el Sename y los juzgados de Familia.

Inasistencias en la comuna llegan a 20%

La alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, defendió la medida: “Este fue un acuerdo político histórico y transversal aprobado por la unanimidad del concejo municipal. También fue respaldado por los directores y profesores. Es una iniciativa que tiene como objetivo resguardar el Derecho del Niño a la Educación”.

Y añadió que la ordenanza se justifica “más aun cuando el ausentismo en los colegios municipales de la comuna es muy elevado, alcanzando alrededor del 20% y en el invierno puede llegar a 35%”.

 La jefa comunal consideró que con la medida “somos absolutamente innovadores. Lo que sucede es que existiendo normas que se encuentran vigentes, éstas no son aplicadas en realidad, tales como la sanción de prisión, la cual se encuentra establecida en la Ley de Instrucción Primaria”.

“Medida radical”

El senador y presidente de la comisión de Educación de la Cámara Alta, Jaime Quintana, manifestó su “preocupación” ante esta disposición. “Nos parece un recurso absolutamente extremo. Saltarse el diálogo y apoyo a las familias que requieren poder solucionar sus problemas creo que no es adecuado”, dijo.

Adelantó que “en mi calidad de presidente de la comisión de Educación, pienso que es útil citar al ministro de Educación para que nos entregue su opinión respecto de esta medida y a la propia alcaldesa que explique por qué”.

 Añadió que “esto sienta un precedente nefasto para el mundo de la educación en general. Espero que no se generalice en otras comunas porque se debe privilegiar el diálogo y apoyo a los padres”.

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, calificó la medida como “radical”, pero señaló que “hay que estudiar los alcances de esa ordenanza para poder emitir una crítica”. Dijo que “es necesario que se cumpla con la asistencia e incluso el 85% de cumplimiento es poco, pues incluso en el período escolar anual no se alcanza a pasar toda la materia”.