Instituto de Derechos Humanos, en todo caso, valoró que se estudie cómo terminar con la crisis en los penales del país.
Inmediata polémica generó entre organismos ligados a los temas de derechos humanos y en la propia Concertación la posibilidad de que el plan del gobierno para atacar el hacinamiento carcelario termine beneficiando a quienes participaron en crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa fue presentada anoche por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a parlamentarios de gobierno y oposición, aunque el texto aún no se encuentra afinado.
La repercusión que tendría esta iniciativa en casos de Derechos Humanos fue parte del diálogo que se sostuvo en esa instancia. Ahí se reconoció que el único uniformado condenado por violaciones a los Derechos Humanos que podría verse beneficiado es el ex mandamás de la CNI, Odlanier Mena (a sus 84 años, cumple un castigo de 5 años y un día).
Instituto de DD.HH.: “Buena noticia”, con peros
Como “una buena noticia” calificó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, la iniciativa: “Se trata de un conjunto de medidas en respuesta a lo que sucedió en el penal San Miguel el año pasado —donde, por déficit estructurales y hacinamiento, murieron 81 reos— y que es una situación que han denunciado los organismos de derechos humanos sobre situación carcelaria”, indicó Fríes.
“Es muy positivo porque descomprimirá las cárceles y en términos generales hay situaciones que no merecen cárcel”, agregó.
Sin embargo, señaló que no debiese beneficiarse a perpetradores de “crímenes de alta connotación, como los casos de graves violaciones contra los derechos humanos. Aunque no lo tenemos claro, se ha dicho que a ellos no aplica y nos parecería razonable, pues todavía en Chile no hemos llegado al final en procesos de verdad, justicia y reparación”.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, el gobierno “reacciona a la crisis carcelaria y a lo que fue el corolario de una situación dramática de muchos años, que destacó con el incendio en la San Miguel”.
Y advierte que “si el gobierno pretende avanzar —como creemos que lo hará— en dar indulto a violadores de los derechos humanos a través de una artimaña y a afianzar la impunidad, contará no sólo con nuestra oposición, sino también con la de organismos internacionales. Además, la crisis carcelaria no la viven esos violadores, porque para ellos se construyeron cárceles de lujo, desiguales a la del resto de la población”.
Rechazo de Concertación
Tras la reunión de coordinación de los lunes, los máximos dirigentes de la Concertación rechazaron la posibilidad que la iniciativa de indulto del gobierno termine beneficiando a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
“Es un límite ético, los violadores de DD.HH. deben cumplir su condena”, sentenció el presidente del PRSD y vocero del conglomerado, José Antonio Gómez.
El presidente del PS, Osvaldo Andrade, criticó al gobierno por tener “un límite ético pequeño, el tema de los derechos humanos es un límite básico y aquí se quiere perdonar a quienes ni siquiera han pedido perdón”.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, destacó que el plan que pronto anunciarán “es un conjunto de medidas que tiene más que ver con el hacinamiento y uso racional de las cárceles para combatir mejor la delincuencia”.
