Justicia argentina ordena allanamiento de propiedades de ex presidenta Fernández por denuncias de enriquecimiento ilícito
Las órdenes de requisa fueron solicitadas en las localidades patagónicas de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, en el marco de una causa que investiga la sociedad Los Sauces, participada por Cristina K.
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Reuters/EFE
jueves, 30 de junio de 2016
BUENOS AIRES.- La Justicia de Argentina ordenó el jueves el allanamiento de varias propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández, quien gobernó hasta diciembre, por denuncias de enriquecimiento ilícito, dijeron medios locales.
Las órdenes de requisa fueron solicitadas por el juez Claudio Bonadio en las localidades patagónicas de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, informó la agencia estatal Telam.
La causa, impulsada por el fiscal federal Carlos Rívolo, se refiere a una sociedad llamada Los Sauces, en la que tienen participación los hijos de Fernández.
La empresa está dedicada al rubro inmobiliario y sus dos únicos clientes son el empresario K, Lázaro Báez, y Cristóbal López.
"El juez busca documentación sobre las propiedades que pertenecen a la sociedad Los Sauces en esa provincia (Santa Cruz)", agregó Telam.
Fernández ya está imputada por denuncias de lavado de dinero, en una investigación que involucra a ex funcionarios y empresarios por el presunto desvío de fondos públicos bajo su gobierno.
La televisión mostró imágenes de un allanamiento en la municipalidad de El Calafate, donde se encuentra la empresa.
La causa surgió tras una denuncia presentada el pasado abril por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer contra la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
En este sentido, Bonadio trata de determinar si los inmuebles que poseía Los Sauces fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Según Stolbizer, la presunta alteración de los documentos de Los Sauces permitieron también modificar “el contenido de las declaraciones juradas presentadas” por Fernández cuando era presidenta.
Por ese motivo, el pasado 12 de mayo, el fiscal Carlos Rívolo acusó a la expresidenta y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, así como por omisión de datos verídicos en la declaración jurada.
Posteriormente pidió también investigar a Fernández por presunto cohecho.
El fiscal incluyó en la acusación a los empresarios Lázaro Báez -principal adjudicatario de obra pública en la provincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista, y detenido en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero- y al empresario Cristóbal López, investigado por presunto fraude al Fisco argentino, ambos mencionados por Stolbizer en sus denuncias.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el Poder Judicial ha acelerado las causas por sospechas de corrupción durante el Gobierno de Fernández, entre 2007 y 2015, y el de su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner.
