No tendrá potestad para acceder al contenido de las comunicaciones, pero sí a los detalles de las personas que han estado en contacto, la fecha y la hora. ONGs y hasta Edward Snowden critican proyecto de ley.
Con esta sentencia el Primer Ministro británico, David Cameron, justificó el anuncio por parte del gobierno de una legislación de emergencia para seguir vigilando internet y las llamadas telefónicas.
Este martes, legisladores británicos debatieron sobre la medida en una inusual sesión de un día diseñada para acelerar la aprobación en el Parlamento. Defensores de los derechos civiles han respondido alarmados al considerar que es una amenaza a la privacidad.
La ley, conocida como Poderes de Investigación y Retención de Datos, permitirá a las fuerzas de seguridad retener el poder de obligar a las empresas de internet y de telecomunicaciones a conservar datos de los correos y las llamadas de sus clientes.
Se trata de los metadatos: el detalle de cuándo, dónde y con quién se comunicaron sus clientes, aunque sin acceder al contenido de esas comunicaciones, detalla el diario español El País.
El gobierno responde de esta manera a un dictamen de abril del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró ilegal una directriz comunitaria que obligaba a almacenar la información durante un periodo de doce meses.
Ante la posibilidad de que las empresas de internet y de telecomunicaciones empiecen a borrar la información de sus usuarios, por temor a problemas legales, el Reino Unido optó por blindar los poderes de las fuerzas de seguridad para que éstas puedan seguir pidiendo a las empresas los datos que consideran necesarios.
El gobierno dejó claro que el acceso a la información estará restringido a las fuerzas de seguridad. Además indicó que la ley sólo será efectiva hasta 2016, un año después de los comicios generales.
Las organizaciones defensoras de los derechos civiles levantaron la voz de alarma, sobre todo tras la polémica generada el año pasado, cuando el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EE.UU. Edward Snowden reveló el alcance del espionaje masivo de EE.UU. y el Reino Unido.
El propio Snowden, en declaraciones a The Guardian, calificó de "increíble" que se apruebe una legislación reservada para situaciones de guerra.
"Quiero decir que no caen bombas", dijo el ex agente, quien sentenció que el gobierno busca aprobar un proyecto sin "ningún debate" y pese a que la Justicia europea consideró ilegal la conservación de detalles de los usuarios de telecomunicaciones durante un periodo de doce meses.
En tanto, la directora del grupo "Liberty", Shami Chakrabarti, señaló que se trata de una legislación destinada a "espiar a todos" y no únicamente a quienes son sospechosos de actividades terroristas.
También el "Open Rights Group" criticó al gobierno británico al acusarlo de utilizar la amenaza terrorista para sacar adelante una "ley de emergencia" que "infringe nuestro derecho a la privacidad".
La tensión entre demandas crecientes por mayor seguridad y la adecuada protección de la privacidad de los mismos ciudadanos que busca proteger ha sido mal resuelta en Occidente.
Desde "discursos de emergencia", los estados han buscado obtener herramientas procesales e investigativas que les faciliten el control de delitos relacionados con tráfico de drogas, delitos sexuales en contra de menores y, después, terrorismo.
En esta línea, los ciudadanos se van tornando personas transparentes. El Estado puede revisar no sólo sus finanzas, sino que también sus comunicaciones.
En el Reino Unido se está eligiendo, una vez más, una opción equivocada. El acceso a los datos de llamados de la población daña el Estado de Derecho y desvirtúa el pacto social.
La transformación de todos los ciudadanos en potenciales sospechosos es propia de un Estado policial más que de una democracia. Pareciera que se invierte sutil, pero sostenidamente, el principio de inocencia.
Se trata de una de las mayores paradojas que enfrentan los estados modernos: cómo defender el sistema democrático sin transformarse en un Estado policial que anula y controla a cada individuo.
La solución inglesa es mala porque es un engaño al hacer creer a los ciudadanos que con estas medidas intrusivas se va a resolver el problema, lo que no es cierto. Además, esconde el costo político que conlleva, al desvirtuarse el contrato social democrático en sus bases.
Snowden lo demostró, pero hay muchos que no lo quieren ver, al menos por ahora.
