Según el texto presentado en la Cámara de Diputados, "toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas".
El último paro nacional dejó paralizada a Argentina.
"Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad", señala uno de los artículos contemplados en la iniciativa legislativa que reprodujeron los diarios argentinos.
El proyecto fue promovido por siete diputados del gobernante Frente para la Victoria (FpV) y presentado 47 días después de que la Mandataria argentina indicara que "todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar. Tenemos que legislar sobre la convivencia urbana".
Según el texto presentado en la Cámara de Diputados, "toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas".
Además, establece una diferenciación entre protestas "legítimas e ilegítimas": las primeras lo serán cuando "cuenten con la adecuada difusión de los medios públicos" y no impidan completamente el tránsito de las personas, y las otras si "afectan derechos de terceros". En ese caso, se habilita a que puedan "ser dispersadas por las fuerzas de seguridad".
El dirigente del izquierdista Partido Obrero Jorge Altamira dijo que la iniciativa es un "atropello", y afirmó que el gobierno kirchnerista "quiere prohibir la lucha" de la sociedad contra "el ajuste" económico que, a su criterio, puso en práctica durante los últimos meses.
"Si el Estado resolviera los problemas de fondo no había tantas manifestaciones", expresó la dirigente Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
El diputado nacional por el kirchnerismo Carlos Kunkel, uno de los impulsores del proyecto, justificó la presentación del texto para impedir, dijo, que "sigan tirando discapacitados desde un puente".
Kunkel, antiguo compañero de militancia política en la década del 70 del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, se refirió así a la agresión sufrida en marzo pasado por un hombre que padece una discapacidad motriz y que fue arrojado desde un puente cuanto intentó superar una protesta que realizaban trabajadores portuarios sobre el puente Nicolás Avellaneda, uno de los accesos a la capital argentina.
La presentación del proyecto es vista por algunos sectores políticos como un cambio en la actitud del kirchnerismo con relación a las protestas sociales, aunque otros recordaron que en 2011, por impulso del actual gobierno, el Congreso votó la llamada Ley Antiterrorista que contempla el endurecimiento de penas para quienes participen de movilizaciones contrarias a algunos intereses de gobierno.
"Muchas veces se nos critica porque dicen que tenemos mano blanda y no reprimimos. Prefiero pasar por blanda antes que de ser responsable de regar la Argentina con la sangre de compatriotas", había dicho la jefa de Estado en un acto público realizado en 2012.
