La normativa le abre las puertas a todos los que acrediten capital y domicilio foráneo. "Las autoridades temen que el sector privado nacional tenga demasiado éxito. Al extranjero siempre se le puede echar si es necesario", advierte Ernesto Hernández-Catá, uno de los expertos consultados por La Segunda.
Una gran apuesta es la que está haciendo Cuba para impulsar su alicaída economía. Bajo el alero de la nueva Ley de Inversión Extranjera -que comenzará a regir a finales de junio- entregará importantes beneficios fiscales al capital foráneo, pero con la particularidad de que excluirá de ella al incipiente sector privado por temor a que resurja la burguesía.
El gobierno cubano justifica la exclusión destacando que los privados no cuentan "con los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía".
Tras ser aprobada el 29 de marzo por unanimidad por la Asamblea Nacional, en una sesión extraordinaria presidida por el Presidente Raúl Castro , la ley fue publicada ayer en la Gaceta Oficial y en un suplemento especial por el diario Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista.
La nueva versión, que sustituye a la norma vigente desde 1995, entrega beneficios tributarios a los inversionistas, incluso favorece a los cubanos emigrados, pues para invertir sólo se exige tener "domicilio y capital en el extranjero".
Asimismo se incluyen ventajas como la exención a los inversionistas del pago de impuestos sobre los ingresos personales o la fuerza de trabajo, mientras que en el caso de las utilidades se rebaja en un 15% la cuota establecida respecto a la norma anterior. Cuba otorgará además un periodo de gracia de ocho años para el pago de tributos por las utilidades.
Pero no habrá libre contratación de la fuerza de trabajo, sino que se mantendrá la figura de la agencia empleadora, que reclutará y seleccionará a los trabajadores, convendrá sus salarios con la empresa y pagará a los empleados en pesos cubanos. Además, no se otorgarán derechos de exclusividad sobre el mercado cubano al socio extranjero.
El Gobierno cubano estima que se necesitan entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales para hacer sostenible el modelo y sus reformas, pero la apertura al capital foráneo no significará "vender el país" o "regalarlo en pedazos".
Serán once los sectores con prioridad para la inversión, distribuidos en las áreas agrícola y forestal, la industria alimentaria, energía y minas, industria azucarera, la sideromecánica, ligera, química y electrónica, industria farmacéutica y biotecnológica, comercio mayorista, salud, construcción, turismo y transporte.
El objetivo de la ley es claro para Jorge A. Sanguinetty , Presidente de DevTech Systems y Ph.D. en economía de la City University de Nueva York, radicado en Miami: "Liberar la economía socialista de una insolvencia de más de cincuenta años".
Cabe destacar que Fidel Castro acabó con los propietarios privados en Cuba al nacionalizar en 1960 las grandes empresas. Además, en 1968 estatizó los pequeños negocios, en la llamada "Ofensiva Revolucionaria".
"Con la implantación de la planificación centralizada y las expropiaciones en gran escala de las empresas productivas en 1960, Cuba comenzó el desmantelamiento de su capacidad productiva bajo el supuesto de que el Estado podía reemplazar a las empresas nacionales y extranjeras sin perder eficiencia. Los subsidios externos sirvieron para que el gobierno cubano se adaptara a ellos en lugar de desarrollar sus capacidades externas", señala Sanguinetty, junto con precisar que Cuba depende de la inversión extranjera para apoyar su alicaída economía.
Además, agrega, las reformas patrocinadas por el gobierno cubano buscan aliviar "la enorme carga" de mantener el empleo de casi todos los cubanos y garantizar la subsistencia de los once millones de habitantes de la isla.
Un ejemplo de reinversión se da en el sector turístico, que tras ser desmantelado, resurgió en los 90 con financiamiento foráneo. Y que hoy toma un nuevo respiro con la remodelación de algunas instalaciones, como el emblemático hotel Capri, donde se filmó la película El Padrino 2.
"La cuestión es si esta experiencia puede repetirse con otros sectores donde las tasas de retorno de la inversión no se logran tan pronto ni son necesariamente tan atractivas", se pregunta Sanguinetty.
Todo esto además cuando Venezuela -que inyecta recursos a la economía cubana tras el histórico apoyo de la Unión Soviética- atraviesa por dificultades en su propio territorio. "Están aterrorizados con otro «período especial" (en el que las arcas del Estado cubano se vieron restringidas por el colapso de la Unión Soviética, en 1991) sostiene el economista Elías Amor y autor del blog www.cuba-economia.blogspot.com.es en referencia al proceso que vivió la isla tras el colapso de la Unión Soviética, que apoyaba su economía.
Sin embargo, las nuevas medidas que buscan atraer inversión extranjera presentan varios puntos a discusión, a juicio de los expertos. "Están equivocados, porque la inversión extranjera no es una entrada libre de dinero, sino que tiene determinadas finalidades, como la repatriación de los beneficios obtenidos. El lucro es un anatema para los Castro. A eso no están acostumbrados en la Isla, donde han vivido 55 años a costa de recibir dinero fácil", señala Amor.
Además, es escéptico al asegurar que "no existe privilegio alguno" para los inversores extranjeros.
"El proyecto se debe canalizar obligatoriamente hacia determinadas actividades, se encuentra intervenido por las autoridades, se regula en exceso, incluso obliga al empresario a contratar determinados trabajadores que se proporcionan por el Estado. Y por si todo ello no fuera suficiente, está el problema de la dualidad monetaria y la escasez de liquidez interna, que en ocasiones provoca graves crisis de pagos", añade Amor.
Todo se suma a un marco legal en el cual "el gobierno cubano es el único árbitro en caso de desacuerdos y disputas, ya que no existe un poder judicial independiente".
Y, por otro lado, sugiere que el contexto genera espacio para cuestionamientos éticos, como "tener dudas de la integridad de un gobierno que no permite que los trabajadores del país puedan contratar sus servicios laborales, salarios y beneficios directamente con las empresas extranjeras".
Actualmente la isla vive un proceso de reformas orientadas a impulsar el incipiente mercado interno en las que se concede un poco más de espacio a la iniciativa privada local, autorizando trabajos independientes del Estado y cooperativas. También se entregaron tierras subutilizadas a productores particulares y legalizó el mercado de bienes raíces y autos.
La nueva ley llega, además, a cinco meses de la entrada en vigor del decreto que rige la Zona Especial del Mariel , -zona franca que se ubica al oeste de La Habana- donde Cuba quiere atraer capitales extranjeros.
Desde 2010 miles de emprendimientos particulares han surgido: unas 450 cooperativas se formaron el año pasado; desde restaurantes privados hasta reparaciones de artículos electrónicos. A través de estos mecanismos, el gobierno busca sacar de cientos a miles de trabajadores de la nómina estatal, pero a la vez frenar el auge del capitalismo en la isla.
"Las cooperativas son instrumentos del poder político comunista para controlar la escasa actividad privada que existe en la isla", destaca Amor.
Pero tales empresas no pueden convertirse en los motores de la economía, recalca Sanguinetty, quien está en desacuerdo "con que (los cubanos) estén limitados a cooperativas. Esto restringe el potencial productivo del país... Definitivamente el gobierno cubano teme que una liberalización económica conduzca a desequilibrios políticos".
E rnesto Hernández-Catá, Ph.D. en Economía en la Universidad de Yale, nacido en La Habana y que trabajó por más de 30 años en el Fondo Monetario Internacional, sostiene que "no es la primera vez que el gobierno toma medidas que discriminan contra los cubanos".
Cuenta que hasta hace poco los cubanos no tenían derecho de hospedarse ni comer en algunos hoteles y sus sueldos -en el caso de trabajar en empresas extranjeras- son sometidos a un impuesto alto, quedándose el gobierno con el resto.
"La verdad es que las autoridades temen que el sector privado nacional tenga demasiado éxito. Al extranjero siempre se le puede echar si es necesario", señala.
A la hora de evaluar esta apertura a las inversiones extranjeras Hernández-Catá es cauto. "Debemos recordar que en el pasado varias reformas han sido mermadas o revertidas. El ardor reformista del Presidente Raúl Castro y sus aliados tiene que contar con la resistencia de los estalinistas y los corruptos, que a veces se confunden en una misma persona".
Igual de escéptico es Amor, que destaca que, en el país, de 5,1 millones de personas ocupadas, 4,7 millones, -el 92%- trabaja para el Estado. "Los cambios que se están produciendo en la isla son solo propaganda".
Más pesimista es el profesor titular de Economía de Florida International University, Jorge Salazar-Carrillo . "No espero nada de estas medidas, solo doran el trago amargo. Desde 1980 se han anunciado medidas similares, para luego cancelarlas en las llamadas rectificaciones", destaca.
Sanguinetty tiene una postura similar. "No tengo razones para esperar que la nueva ley abra las compuertas para una entrada masiva de inversiones en Cuba... Todos saben que invertir en Cuba es una proposición de muy alto riesgo. Los que se instalen demandarán altas tasas de beneficios y privilegios especiales".
Respecto al freno que los Castro les han impuesto a los emprendimientos nacionales para que no surja una nueva "burguesía", expertos como Sanguinetty y Amor advierten que en la isla ya existe tal clase social, conformada por altos funcionarios gubernamentales, militares y miembros del Partido Comunista y sus familiares más allegados. La diferencia con una burguesía convencional es que en la isla está ligada a la afiliación con el gobierno, recalcan.
