"Iván Simonovis está muriendo lentamente", dice a "La Segunda" Bony, la señora del ex comisario que padece 19 patologías y lleva 9 años en la cárcel tras ser condenado a 30 por los hechos de abril de 2002. Según la Fundación para el Debido Proceso, en el país hay 9 presos políticos. El gobierno venezolano lo niega.
Entre todas las diferencias que hay entre el gobierno y la oposición venezolana, uno de los temas que genera más controversia es la supuesta existencia de presos políticos en Venezuela.
El rostro más visible es el del ex comisario Iván Simonovis (53 años), quien en noviembre cumplió nueve años preso tras ser condenado a 30 años de cárcel. El ex secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas fue procesado por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, que antecedieron al golpe de Estado que sacó por unas horas del poder a Hugo Chávez en abril de 2002. Ese día, una marcha opositora, que había partido hacia el palacio de Miraflores, fue atacada a tiros por francotiradores, dejando un saldo de 19 muertos y cientos de heridos. Simonovis fue sentenciado junto a nueve policías y otros dos comisarios: Henry Vivas y Lázaro Forero.
Privado de su libertad, el ex comisario ha tenido que enfrentar además el fuerte deterioro de su salud. Simonovis padece hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis severa, cinco hernias, dos discos de la columna fracturados y síndrome de túnel carpiano. En total sufre 19 patologías asociadas a la colecistitis aguda perforada por la que lo operaron de emergencia en julio, cuando estuvo al borde de la muerte.
Sin éxito, sus defensores han hecho varias solicitudes para que al ex comisario le otorguen una medida humanitaria o arresto domiciliario que le permitiera seguir el tratamiento médico.
Recién la semana pasada fue trasladado de emergencia desde de la cárcel Ramo Verde -ubicada en Los Teques, a las afueras de Caracas- hasta el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo debido a que presentó abdomen agudo médico, enterocolitis aguda y deshidratación severa.
"El de Simonovis es, sin duda, el caso más cruel de persecución política de los últimos tiempos en Venezuela. Ya lleva más de nueve años preso por un delito que no cometió. Su juicio está plagado de violaciones al debido proceso desde el propio momento de su detención, la cual se ejecutó sin la existencia de una orden judicial, tal como lo establece nuestra Constitución", señala a "La Segunda" Luis Izquiel, abogado penalista, profesor, articulista y coordinador del área de Seguridad Ciudadana de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
"El Gobierno nunca pudo investigar a fondo estos hechos, y terminó Simonovis, sin pruebas, siendo inculpado por lo ocurrido. Luego de un juicio amañado, fue condenado como «cómplice» de homicidio y lesiones, sin que existiera un autor material determinado. Nunca se logró probar que Simonovis haya estado presente en el lugar de los hechos", señala el experto.
Incluso el ex vicepresidente de Hugo Chávez, José Vicente Rangel , ha solicitado tres veces al Gobierno que revise el caso. "El sucesor del comandante, Nicolás Maduro, no dirige un Gobierno represor, todo lo contrario. Tiene un profundo sentido humano y por lo mismo debe amnistiar a Simonovis... Muy pocos en el país permanecen en la cárcel tanto tiempo y él también está muy delicado de salud. ¿Qué impide una medida de gracia? No entiendo lo que pasa", señaló en su programa dominical.
Los hechos del 11 de abril siguen siendo uno de los asuntos que más polarizan a los venezolanos y por ello el caso de Simonovis -que aparece en las noticias permanentemente- suscita posturas incompatibles.
A fines del año pasado había grandes expectativas sobre que el Presidente Maduro otorgara una amnistía a Simonovis. Pero el 30 de diciembre descartó esta posibilidad. "El señor Simonovis está en manos de la Justicia; sólo el Poder Judicial puede dictar una medida si el caso lo amerita. Yo estoy impedido por la ley porque él cometió delitos de lesa humanidad. Fue el que dirigió la masacre del 11 de abril", dijo desde Miraflores, en su primera rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde que es Mandatario. De paso, aseguró que en Venezuela "no hay presos políticos".
Para muchos, la decisión de Maduro respondió a presiones internas. "Primó la mayoría dentro del gobierno, que se opone rotundamente a que Simonovis salga en libertad. Tomó una decisión netamente política y no jurídica", señala José Luis Tamayo , abogado defensor del ex comisario.
En todo caso, su mayor reparo es señalar que las declaraciones del Presidente se centraron en el "falso supuesto" de que Simonovis fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad, cuando se trata de un delito común.
Pese a todo, se mantiene optimista. "De su declaración se desprende que dejó por lo menos la puerta abierta a que el Poder Judicial decida acerca de la medida humanitaria. Para mí es importante que no haya negado esta posibilidad porque sabemos que en Venezuela los jueces no tienen la autonomía e independencia para decidir casos de esa naturaleza".
En medio de la batalla jurídica que día a día lleva adelante Tamayo y su equipo, está también el drama familiar.
En 2013 Simonovis lanzó la autobiografía "El prisionero rojo", que escribió en la cárcel.
En tanto, su señora, Bony Pertiñez Simonovis aún lamenta la decisión del Mandatario. Recuerda que vio el discurso junto a su hija Ivana, de 16 años (su hijo mayor, Iván, tiene 20 años). "Cuando Maduro se refirió en los términos en que los hizo, sobre mi esposo, mi hija rompió en llanto. Yo realmente no encontraba las palabras adecuadas para consolarla en ese momento. Después de 9 años luchando por la libertad de su papá sin éxito, es poco lo alentador que pueda intentar decirle", cuenta esta mujer a "La Segunda".
"La amnistía otorgada desde el Poder por Maduro a mi esposo habría constituido un gesto de gran gallardía y de inmenso valor para la democracia", enfatiza Bony, que además es abogada.
Lo que más le preocupa es el débil estado de salud del ex comisario. "Su deterioro es progresivo y paulatino... Su organismo está enfermo y en crisis... Iván Simonovis está muriendo lentamente... Su vida depende en este momento del Poder Judicial venezolano", asevera.
Aunque ella persevera en mantener la esperanza. "Iván nos prometió a todos que resistirá", recuerda.
Su mayor reclamo es que sea atendido adecuadamente y no solo cuando su situación es de emergencia. "Mi esposo está siendo sometido a un trato cruel, inhumano y degradante por no permitírsele ser tratado médicamente de manera eficaz, oportuna y adecuada. Este trato, que se erige en una especie de tortura, debe cesar de inmediato".
También denuncia que ella misma ha sido objeto de amedrentamientos. "Estos hechos no tienen explicación, como tampoco la tuvo que lanzaran un bomba molotov a la puerta de mi casa mientras yo estaba defendiendo a mi esposo en el juicio".
En sus circunstancias, el día a día es un desafío difícil de enfrentar. "La vida de un ser humano cambia radicalmente al convertirse en familiar de un preso político. La cárcel te impide poder compartir con tus seres queridos cada uno de los pequeños momentos que hacen grande la vida de cualquier familia. Sientes que todo aquello que construiste a través de años de trabajo en pro de la verdad parece esfumarse dentro de esas celdas. Pero luego piensas en tu familia, en tus proyectos, en tu país y te das cuenta de que debes seguir adelante, sin mirar atrás".
Luis Britto García, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela, integrante de una Comisión de la Verdad, que investiga "la represión de la socialdemocracia y el socialcristianismo el siglo pasado", disiente de la postura de la defensa de Simonovis.
-¿Qué le parece que el Presidente Maduro haya decidido no indultar u otorgar una medida humanitaria al ex comisario?
-La Policía y algunos francotiradores dispararon contra manifestantes inermes que salían a defender el gobierno legítimo y contra opositores, causaron 19 muertes y cerca de un centenar de heridos, muchos de ellos graves. Por esos hechos fueron condenados Forero, Vivas y Simonovis a la pena que cumplen, tras debido proceso. Los sobrevivientes de los sucesos y los deudos de las víctimas iniciaron una campaña nacional para oponerse al indulto.
-¿Qué opina de los señalamientos de algunas organizaciones, que indican que en el país hay presos políticos y Simonovis es uno de ellos?
-Organizar y ejecutar una masacre contra personas indefensas con ensañamiento, alevosía y premeditación es un delito común, previsto en el Código Penal venezolano. En Venezuela sí hubo miles de presos políticos el siglo pasado: la socialdemocracia tiene el triste honor de haber inventado el proceso de "desapariciones".
-Bien puede ser calificado de masacre, un crimen de lesa humanidad que amerita la sanción legal correspondiente. Un tiroteo premeditado, pues se recurrió a los guantes quirúrgicos con obvia intención de disparar y luego ocultar que se había disparado; con la ventaja de armas de 9 milímetros y apoyo de tanquetas blindadas contra una multitud inerme; con la alevosía de disparar desde sitios resguardados en azoteas y vehículos acorazados.
Según el informe anual que divulgó la Fundación para el Debido Proceso, en el país actualmente hay nueve presos políticos: los policías metropolitanos Arube Pérez, Marco Hurtado, Erasmo Bolívar, Héctor Rovain y Luis Molina, sentenciados por los hechos de abril de 2002, llevan 10 años tras las rejas; Iván Simonovis, condenado por ese mismo caso, y Rolando, Otoniel y Juan Guevara, sentenciados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, tienen 9 años en la cárcel.
La organización asegura, además, que durante el primer año de gobierno de Maduro se realizaron 134 detenciones políticas.
"Desde el gobierno les es negada tal cualidad a los presos políticos... mediante montajes judiciales, cargos por delitos comunes, y agregándoles imputaciones de delitos de terrorismo, de lesa humanidad y de corrupción, con el claro objetivo de quitarles el estatus político y desviar así el posible apoyo de entes u organismos internacionales", se advierte en el informe.
Los seguidores del chavismo suelen negar estas acusaciones y señalar que: "En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos", como señaló en una oportunidad el ex Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín.
Tamayo hace la distinción: "A las personas que se les sigue juicio por delitos políticos, son presos políticos. Hay otros tipos de presos políticos, enjuiciados por delitos ordinarios, pero donde las motivaciones son políticas, y por eso entran en esa categoría. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no son presos políticos, pero desde el punto de vista político sí lo son".
Mientras el gobierno niega que en Venezuela hay presos políticos, la oposición insiste en que sí. "Si alguien tiene la seguridad de su existencia en Venezuela, es precisamente Nicolás Maduro", explica Patricia Andrade , directora de la ONG Venezuela Awareness. Así recuerda que Maduro fue testigo cuando el 31 de diciembre de 2007 el entonces Presidente Chávez dio una amnistía a perseguidos y presos políticos venezolanos.
El abogado, profesor y activista de Derechos Humanos en Venezuela,Gonzalo Himiob, hace un duro análisis del tema.
-¿Qué le parece que el Presidente Maduro asegure que en Venezuela "no hay presos políticos"?
-Es típico de los regímenes que tienen presos políticos negar su existencia. Aceptarlo significaría confesar que el sistema judicial venezolano no es autónomo ni independiente y, además, que el Estado viola sistemáticamente los Derechos Humanos al utilizar el sistema penal como arma de intolerancia.
"La realidad, sin embargo, lo desmiente. Y así se ha acreditado en muchos casos calificados de detención arbitraria por la ONU (Como en el caso Afiuni -la magistrada María Lourdes Afiuni fue detenida en 2009 acusada de facilitar la fuga del empresario Eligio Cedeño-) o como violatorios a los derechos humanos, como fue el caso del ex Ministro de Finanzas de Chávez, Francisco Usón, quien fue condenado a cumplir una pena de cinco años y seis meses de prisión por haber ejercido su derecho a opinar libremente".
-¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela?
-En este momento, nuestra ONG Foro Penal Venezolano sostiene que están privados de su libertad, así como sometidos a medidas cautelares restrictivas o a modalidades alternativas a la prisión como condena, 23 personas. Pero en esas listas no están incluidas todas las personas que, a lo largo de estos catorce años, han estado en algún momento privadas de su libertad o sometidas a juicio por motivos evidentemente políticos. Han sido muchas más.
"Recientemente, además, se han producido al menos 56 detenciones más, en el marco de la supuesta 'guerra contra la corrupción y la usura' que lleva adelante el gobierno contra los comerciantes... En la mayoría de los casos se trata de detenciones 'ejemplificantes', destinadas a hacer valer un punto de vista político, y en las que no se respetan las más elementales garantías procesales".
-¿Cómo van las gestiones que lleva adelante en el ámbito internacional? ¿Qué expectativas tiene?
-Nuestras gestiones por los casos que hemos llevado ante el Sistema Interamericano de Justicia a favor de las víctimas de los sucesos del golpe de Estado contra Hugo Chávez (el 11 de abril de 2002), por ejemplo, van muy bien.
"El problema es que las carreras ante la justicia internacional son de resistencia, no de velocidad. A veces la propia estructura burocrática de estos organismos internacionales no permite las respuestas oportunas y rápidas que la ciudadanía necesita".
"También es cierto que el gobierno venezolano invierte muchos recursos y esfuerzos en obstaculizar tales procedimientos. Es una lucha desigual y difícil, pero paso a paso se avanza. Nosotros no dejaremos de hacer nuestro trabajo. Estamos absolutamente convencidos de que la justicia, en algún momento, se impondrá y mostrará al mundo la verdad sobre lo que ocurre en Venezuela".
