El presidente del Consejo convocado por Bachelet en política urbana adelanta las propuestas.
Foto FERNANDO HERRERA
En lo que queda de diciembre o a más tardar la primera semana de enero, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano entregará a la Presidenta Michelle Bachelet, las primeras recomendaciones para comenzar a implementar una política urbana en el país.
Se tratará, en concreto, de varias iniciativas que buscan reducir la segregación y desigualdad urbana que debieran transformarse en proyectos de ley o programas públicos. Será la primera entrega de varias, ya que el consejo -nombrado por la Mandataria en abril- es un órgano permanente.
El presidente de la instancia, el arquitecto y urbanista Luis Eduardo Bresciani, si bien destaca el trabajo y los acuerdos alcanzados por el grupo transversal de expertos, hace una advertencia para tomarse las cosas con calma.
"Nunca la legislación urbanística se ha discutido en el Congreso. Las dos leyes que establecieron la planificación urbana del país fueron dictadas en períodos de excepción o dictadura, en los gobiernos de Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet. Por lo tanto, en los próximos años nadie puede esperar que se produzcan cambios importantes en forma rápida", dice.
-¿Qué ejes de trabajo que han desarrollado este año?
-Hay tres temas prioritarios. Primero, formular un conjunto de propuestas que ayuden a resolver el mayor problema que tienen las ciudades chilenas: los actuales niveles de segregación y desigualdad, cómo lograr un acceso más equitativo a bienes públicos, equipamiento, servicios y transporte.
"Lo segundo son políticas de descentralización, transfiriendo potestades y recursos que hoy son manejados desde los ministerios, a nivel regional y local. Y el tercer eje es una reorganización de los organismos del Estado. Hasta ahora el Estado chileno, tanto en materia de planificación urbana, vivienda, transporte, e infraestructura, se ha manejado con instrumentos que datan desde hace 50 años.
-¿Qué recomiendan en segregación urbana?
-Primero hay que decir que esto no se resuelve con medidas regulatorias, se resuelve con mayor inversión pública y más capacidad del Estado para desarrollar ciudad. En ese contexto, hay que dotar a las regiones de organismos capaces de ejecutar proyectos urbanos. Para eso el consejo está proponiendo la creación de una figura como la antigua Cormu (Corporación de Mejoramiento Urbano), que existió en los 60'. Se trata de un Servicio Regional de Desarrollo Urbano, con capacidades amplias para gestionar proyectos de integración social al interior de las ciudades, renovar barrios y focalizar inversiones públicas en sectores vulnerables. Otro punto es la gestión del suelo. Actualmente el Estado dispone de propiedades, pero en general estos terrenos son usados más bien para financiar a ciertas instituciones estatales. Entonces el objetivo es que esa propiedad sea gestionada a través de un 'banco de suelo', regionalizado y descentralizado, que permita gestionar proyectos urbanos en esos terrenos.
-Una de las ideas del consejo es que algunas zonas de Valparaíso y Concepción se transformen en áreas metropolitanas. ¿Qué efecto concreto se puede esperar de aquello?
-No basta con crear un área metropolitana, sólo podría funcionar bajo dos condiciones: intendentes electos que tengan una visión integral de lo que pasa en la región y que ese intendente tenga las atribuciones para integrar en un sólo liderazgo las políticas públicas que hoy están dispersas en varios organismos.
-¿La figura del 'alcalde mayor' que siempre se ha mencionado como la solución para la administración de las ciudades, ahora se transformó en el 'intendente electo'?
-Se ha llegado al consenso que crear un nivel intermedio entre la región y la comuna es un tipo de institucionalidad que no tiene tradición en Chile. Nuestro país nunca ha tenido gobiernos de región o gobiernos de intercomunas. Por lo tanto, lo que parece razonable es que para darle gobernabilidad a un territorio bien delimitado y evitar superposiciones de autoridad, se transformen las áreas metropolitanas en regiones, es decir que ese intendente regional sea la autoridad al estilo de un 'alcalde mayor'.
-También se ha escuchado que haya un solo ministerio que absorba las tareas del MOP, Transportes y Vivienda ¿Es viable?
-Hoy no estamos discutiendo el tema, pero hablando a largo plazo, muchos de los ministerios que hoy funcionan y que están orientados a formular políticas, pero también a planificarlas y ejecutarlas, dejarían de tener esas facultades. Muchas de esas prerrogativas serán transferidas a los intendentes, por lo que los ministerios cambiarían para focalizarse a la formulación de políticas, leyes y programas nacionales. Para mí este rediseño nos llevaría a la situación de los países de la OCDE, donde hay fusión de ministerios.
-¿Dónde focalizarán el trabajo el próximo año?
-Nos queda una tarea bastante ardua para el 2015 respecto a profundizar los temas de gobernabilidad y transferencia de poderes a los gobiernos regionales. También queremos profundizar los temas de indicadores de sustentabilidad, establecer una forma más transversal y pública de poder medir la sustentabilidad de nuestras ciudades.