Lo asegura Tomás Vial, editor del 12° Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP, que se dio a conocer esta mañana.
"El sistema debe incluir a los niños con discapacidad, no colocarlos todos juntos en un tacho".
Foto RICARDO ABARCA
En Chile mueren más adolescentes porque se suicidan que atropellados, por ejemplo.
Esa es una de las realidades que recogió el 12° Informe Anual de Derechos Humanos de la U. Diego Portales, que se lanza hoy, y cuyo editor es Tomás Vial, abogado y doctor en Derecho del University College London.
En lo que respecta a niños, niñas y adolescentes, el texto puso especial atención en tres temas: estado de la salud mental, la falta de una educación inclusiva en casos de discapacidad y la política pública de protección de derechos fundamentales de los menores.
-¿Cómo está la salud mental de los niños chilenos?
-Es poco lo que se conoce sobre salud mental de niños en Chile. Hay poca información. Eso ya incumple las obligaciones desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero tomando los pocos estudios que hay, sí se sabe que uno de cada cinco niños y adolescentes tiene algún problema de salud mental acompañado de alguna discapacidad. El 38% tiene algún tipo de problema siquiátrico. Es sorprendente esa cantidad. El análisis que se cita indica que, por ejemplo, en Calama el 18% ha cometido uno o más intentos de suicidio. Son cifras alarmantes. En Chile la tasa de suicidio juvenil se ha duplicado entre el 2000 y el 2010. Hoy es la primera causa de muerte externa de los jóvenes, superando los accidentes de tránsito.
-¿Qué hace el Estado?
-No tiene política expresa para la salud mental de los niños. Hay una política general de salud mental. Esto se ve en la ausencia de seguimiento de los programas. Existen tremendas brechas en cobertura. Por ejemplo, 66% de los niños que tendrían alguna patología no son diagnosticados, y no reciben tratamiento. La mayoría no llega a recibir atención en el sistema público. Hay fuertes inequidades, porque Santiago tiene el doble de capacidad ambulatoria y camas de corta estadía que el resto de las regiones.
-¿Qué vio el informe sobre los niños con discapacidad?
-Se detectó que en realidad hoy existe un sistema aparte, segregado, para los niños con discapacidad. No es el modelo que debiera darse. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad plantea el acceso a una educación inclusiva, que el sistema general incluya a los niños con discapacidad, no que los coloque a todos juntos en un tacho.
-¿Es un problema estructural?
-Existen dos mecanismos que el Estado tiene para proveer educación a personas con discapacidad: escuelas especiales y programas de integración en escuelas generales. Ambos tienen subsidio. Se cuestiona que esto, en el fondo, segrega. Hay escuelas para personas con discapacidad, pero en el resto de los establecimientos no hay posibilidades reales para esos niños. La experiencia de padres de hijos con discapacidad es el rechazo sistemático, la discriminación.
-¿Los programas especiales en escuelas generales no cubren esto?
-Aquí se necesita un cambio de paradigma, porque la mayoría de los menores que están en esos programas son por déficit atencional o trastornos del lenguaje, que no son discapacidades, sino problemas transitorios.
Aludiendo a la reforma educacional que se tramita en el Congreso, Vial señala que "en la medida en que las escuelas pueden seleccionar, eso tiene un efecto en las posibilidades de los niños de integrarse dentro del sistema general (...) Es importante acostumbrar desde chico a los niños sin discapacidades a conocer y entender a los que sí tienen, no separarlos como 'enfermitos' o 'distintos', que es lo que pasa hoy día".
-El tercer punto, el sistema de protección, ya lo habían tocado en anteriores informes, ¿qué vieron ahora?
-Respecto de los menores vulnerables, con conflictos con la justicia o problemas de adicción o de abandono, el Estado actúa reactiva y parcializadamente, no tiene una visión integral, preventiva. En realidad, toma al niño cuando está en la calle, abandonado, o si se metió en las drogas. Y cuando lo toma, comete otra serie de vulneraciones. Entonces, el enfoque sigue siendo del menor irregular. No lo ve antes, sino solamente cuando tiene luces rojas o amarillas. Eso enfoque impide prevenir.
-¿Hay alguna forma por dónde comenzar a cambiar?
-Falta una visión integral de los más de 20 programas que están repartidos en distintos ministerios y que tocan este tema. Además, una recomendación central es que se requiere una ley de protección integral de la infancia, que sea comprensiva de los diversos problemas y áreas y permita desarrollar entonces esa legislación, una institucionalidad que produzca políticas públicas integrales. Aquí no hay que inventar la rueda.
