Coincidencia o no, el último escándalo contra la libre competencia conocido hace una semanas y que terminó con una millonaria sanción en contra de las mayores empresas avícolas del país y su asociación gremial, tiene referentes históricos.

Si incluso la acusación de coludirse para controlar la producción y los precios en el mercado de los pollos, coincide bastante con el primer caso de este tipo registrado en el país en 1962.

Esa vez, se ordenó la disolución de una asociación de panaderos y se sancionó a esta industria por acordar un precio con el objetivo de beneficiar a 261 panaderías de las 321 que operaban en Santiago.

"El mecanismo es el mismo que hoy se está planteando y sigue su curso judicial. No es el caso de la Asociación de Productores Avícolas (APA), pero los panaderos eran explícitos en decir: nosotros nos asociamos para cartelizarnos, aunque eso iba en contra de la legislación vigente, que había entrado tres años antes en vigor", cuenta el decano de la Facultad de Historia de la Universidad Católica, Patricio Bernedo.

Y es que el caso de los panaderos es el primero de varios que registra en su libro " Historia de la Libre Competencia en Chile 1959-2010" .

A lo largo del periodo estudiado por Bernedo la idea de ponerse de acuerdo estuvo presente permanentemente en distintas industrias, aunque los sectores que más se coludieron en los inicios fueron los vinculados al rubro alimenticio: asociaciones de panaderos, carniceros -donde se repartieron cuotas de producción para así subir los precios tanto en Santiago como en Concepción- y los molineros.

Sin embargo, entender la colusión como un delito pasa a tomar fuerza recién a fines de 1973, cuando se promulgó el Decreto Ley 211 de Defensa de la Libre Competencia, que creó la Fiscalía Nacional Económica y las Comisiones Antimonopolios.

En ese contexto se comenzó a enseñar a los empresarios que el ponerse de acuerdo en los precios era ilegal y que incluso podían ir a la cárcel.

"La figura de colusión se empieza a repetir, aunque cambien las leyes, las capacidades de investigación y la conciencia de los actores de lo que es legal e ilegal", detalla el historiador.

Bernedo resalta que en la última década no solo se han visto los casos de colusión en pollos y farmacias. También recuerda el caso Plasmas de 2006, cuando dos multitiendas se unieron para desbancar a un competidor que trató de vender estos televisores en una feria tecnológica.

-¿El chileno es dado a coludirse?

-No es sólo el chileno. Recogiendo al economista escocés Adam Smith, la colusión es inherente a la naturaleza humana que busca capturar y asegurarse rentas. Y una manera de asegurar rentas es evitando la competencia.

-Con la historia podemos aprender de los errores, pero los errores en colusión se siguen repitiendo...

-Lo interesante es que hoy la institucionalidad de defensa de la libre competencia está mucho más madura que hace décadas o en sus inicios. Hoy día la institucionalidad y la legislación van acorde con la sofisticación que tienen los mercados en Chile. No es sólo un tema de los chilenos. Si miras lo que hace la Federal Trade Commission, en EE.UU., o el Bundeskartellamt, en Alemania, los casos son muy parecidos: los actores y la forma de generar carteles son casi lo mismo. La colusión es parte inherente del sistema económico. Por eso no puede funcionar en un vacío institucional y, para que funcione bien, tiene que existir la institucionalidad de defensa de la libre competencia.

"Es interesante aplicar multa según el daño causado"

-¿Sería bueno aplicar nuevamente la figura penal?

-En el libro queda clarísimo que a propósito del reciente caso Farmacias, el escándalo fue tal que la Presidenta Bachelet en su anterior mandato anunció la reintroducción de la figura penal. Eso pasa siempre cuando hay un caso de mucha entidad como el de las Farmacias y de los Pollos: la reacción natural del mundo político y parte de la ciudadanía es que esa gente se vaya presa. Pero eso choca con los criterios de realidad, ya que para que alguien se vaya a la cárcel por delitos de este tipo, el peso de la prueba tiene que ser tan fuerte que finalmente puede que termine libre si no logra acreditar la colusión. En el caso de la aplicación de multas, estas se sustentan en una presunción fundada.

-El debate hoy se centra en si las multas deben ir en relación con el daño causado. ¿Está de acuerdo?

-Esa es una postura más realista y viable. Hoy hay un tope en las multas y si se las aplicas a un cartel como el de los pollos -aunque, insisto, el caso no está cerrado- las ganancias obtenidas son tan gigantes que las multas aplicadas son marginales. Entonces, es interesante esa figura de aplicarles una multa a los infractores equivalente al daño generado y multiplicado por un factor.

-En los casos registrados, ¿las asociaciones han jugado roles que potenciarían la colusión?

-Sí, es un escenario favorable en el sentido de que esas asociaciones congregan a los productores o distribuidores de un determinado rubro y naturalmente se van a sentar a la misma mesa y van a terminar conversando, como dice Adam Smith, de su propio mercado y sus precios, y ahí la colusión se facilita. Si miras a los colegios profesionales, por ejemplo, estas entidades fueron reformuladas por la Ley Antimonopolios para que dejaran de inmiscuirse en la fijación de precios, aranceles y de limitar la entrada de nuevos profesionales. Hay un tema con la asociación.

-¿Qué se puede proyectar de los casos registrados en la historia?

-Siempre habrá empresarios que buscarán alguna manera de violar la libre competencia para buscar ventajas dentro del mercado. Es parte intrínseca del sistema de libre mercado.