La idea es crear un marco de "promoción y protección" para quienes sufren estas enfermedades.
Un dato: los trastornos psiquiátricos representan el 20,4% de todos los subsidios por incapacidad laboral de los afiliados al sistema de isapres. Otro: según el Plan Nacional de Salud Mental -del Minsal- se debería destinar por lo menos un 5% del presupuesto total de Salud a la salud mental. Sin embargo, en la realidad esa cifra apenas supera el 2%.
A partir de este escenario es que un grupo de académicos de la Universidad Católica elaboró una propuesta para crear una ley salud mental para Chile, con el objetivo de entregar un marco de promoción y protección a los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo de entre quienes sufren este tipo de enfermedades.
"La salud mental es un problema de salud pública por su magnitud, tendencia en aumento e impacto en la sociedad", explicó esta mañana el doctor Matías González, uno de los autores del trabajo.
Además de González, la propuesta estuvo a cargo los profesores Álvaro Jeria, Jorge Calderón (todos de la Facultad de Medicina), Ángela Vivanco (Facultad de Derecho) y Paula Repetto (Escuela de Psicología), y se centró en nueve ejes de acción en línea con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Entre los más importantes están, por ejemplo, la implementación del 'principio de la alternativa menos restrictiva'. Es decir, que se privilegien los tratamientos ambulatorios, excepto en situaciones muy especiales como -señala- "riesgo de autoagresión, de agresión a terceros o que el tratamiento sólo pueda ser implementado en situación de hospitalización. La legislación debería permitir el ingreso involuntario sólo en circunstancias excepcionales".
Según la abogada Ángela Vivanco, esto se explica porque "la tendencia es a la internación voluntaria, pero en Chile se va en sentido contrario según la Ley Derechos y Deberes de Salud".
Asimismo, se debe velar por la confidencialidad de todo el proceso de tratamiento. "La ley debe prevenir la divulgación, la evaluación o transmisión de esta información sin el consentimiento del paciente o de su representante legal", señala el documento.
Otro punto, según la propuesta, es que una eventual legislación debe aclarar los conceptos de 'competencia o capacidad'. "Una legislación en salud mental debe incorporar la definición de incapacidad, situación que no necesariamente es una condición asociada a problemas de salud mental. Por otro lado, lograr consentimiento por parte de los pacientes requiere de la confirmación de capacidad mental, situación que debe ser evaluada por el equipo correspondiente", señala el texto de trabajo.