"Políticas que han intentado descentralizar las acciones (antidelincuencia) han existido desde el año 2001, desde el plan 'Comuna Segura' en adelante, en distintos formatos y con distintos diseños específicos", señala de partida la directora de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, en alusión al Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado este martes por la Presidenta Bachelet y el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo.

Sin embargo, dice, "los convenios entre municipios y Carabineros, por ejemplo, parecen un avance. Lo mismo tener en los municipios prioritarios, de gran población y con alta concentración de delitos, más de un profesional apoyando la formación de equipos y hacer una transferencia de capacidades técnicas".

A juicio de la experta, "lo que hay que instalar son modelos de gestión que, con ciertas capacidades y metodologías, permitan a los municipios diseñar programas en los territorios pertinentes, focalizados y sobre todo bien implementados".

En todo caso, adelanta, "de todas maneras hay elementos comunes que puede haber en distintas comunas, en relación a problemáticas específicas y que se mencionan también en el plan, como los sitios eriazos, o problemas asociados al consumo excesivo de alcohol. Ahí también hay lecciones que los municipios entre ellos también pueden compartir".

Mertz destaca la necesidad de "ir viendo con qué apoyos tanto administrativos como técnicos van a contar los municipios para ir instalando esto de manera paulatina".

A su juicio, "hay una asignación presupuestaria mayor para financiar equipos técnicos más grandes de lo que fue un secretario técnico en las primera versión del Comuna Segura", pero "de todas maneras 74 comunas es un objetivo ambicioso y que requiere de harta articulación desde el nivel central", advirtió.

Metas relevantes

Sobre el plan general, destaca "que se vuelven a incorporar metas de victimización, lo que es tremendamente importante y esta vez se especifican más en dos categorías de delitos que son especialmente relevantes para la población".

Valora además la creación del Servicio Nacional de Reinserción, "que es un órgano distinto de Gendarmería para hacerse cargo de todo lo que son las penas en libertad, un paso necesario y muy relevante para el país". También estima "muy pertinente plantear la necesidad de una Ley de Prevención, que precise aún más las funciones y atribuciones de los distintos órganos involucrados en este sistema de seguridad pública".