Se detallan normas anti lucro: sostenedores no podrán arrendar inmuebles o comprar insumos a ellos mismos o parientes. Plazo para fin del co pago será en 10 años y se crea "Subvención de Gratuidad" para estimular la medida.
Foto ALEJANDRO BALART
El proyecto -que fue firmado este lunes en La Moneda por la Presidenta Bachelet- detallan normas anti lucro, como por ejemplo que los sostenedores no podrán arrendar inmuebles o comprar insumos a ellos mismos o a parientes, y que deben ser los dueños de los planteles.
"Estamos dando el primer paso de la reforma educacional más significativa que Chile ha tenido en los últimos 50 años" dijo la Presidenta Bachelet, quien destacó que la idea es lograr "una educación de calidad, gratuita e integradora".
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, agregó que "con el proyecto que ingresa hoy, el negocio de la Educación a quedado desterrado (...) Las instituciones pueden tener excedentes, pero estos deben ser reinvertidos en el propio colegio para mejorarlo".
Según dijo la Presidenta, los colegios particulares subvencionados pasarán de manera gradual a tener cero costo para los padres -en un plazo de 10 años- pagando el Estado el copago que estaban cancelando.
El fin a la selección implicará que no se podrán aplicar mecanismos discriminatorios para aprobar o rechazar a un alumno en los procesos de admisión. Pero sí se tomarán en cuenta factores como la existencia de hermanos en el colegio, si son hijos de profesores del mismo establecimiento o si viven en el mismo barrio del colegio.
En el caso de los liceos emblemáticos -que tendrán un mecanismo especial-, Eyzaguirre señaló que "estamos hablando en torno a 50 colegios de un total de 11 mil colegios. Son absolutamente de excepción y no la regla. Hay unos pocos para unos niños que tengan una motivación extra de llegar a rendimientos académicos sobresalientes".
El reglamento para ellos "considerará que sea una institución histórica y con tradición emblemática; que hayan sido colegios que estén notablemente sobredemandados; que tengan actualmente alguna práctica de selección; y que efectivamente hayan entregando egresados con rendimientos notablemente superiores a la media".
Junto a estos proyectos también se envió uno de Educación Parvularia (ver recuadro). "Un cambio de esta magnitud no puede hacerse de un día para otro no llevarse adelante sin el compromiso de todos los sectores sociales, así que yo quisiera llamar a todos los actores políticos y sociales a sumarse con altura de miras a este debate y a los que vienen", pidió Bachelet.
Crea una Subsecretaría de Educación Parvularia en el Ministerio de Educación que diseñará y gestionará todas las políticas públicas para el ciclo de enseñanza de 0 a 6 años.
Establece la creación de una Intendencia de Educación Parvularia en la Superintendencia de Educación, la que estará encargada de fijar los criterios técnicos que se usarán para fiscalizar los establecimientos que imparten educación parvularia tanto en el ámbito público como privado.
Incorpora la Educación Parvularia al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, estableciendo estándares específicos para el funcionamiento de estos recintos.
Reenfocará las tareas actuales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para que ésta se dedique sólo a proveer educación de calidad para los niños de este nivel.
Termina con las duplicaciones de funciones institucionales en el diseño de políticas públicas, definición de normas, fiscalización, evaluación y provisión del servicio.
Se incorporarán 90 mil niños (de 0 a 2 años) al sistema parvulario al construir 4.500 nuevas salas cuna. Antes de los primeros 100 días de gobierno se anunciará la ubicación de las primeras 500 salas cuna.
Se sumarán 34 mil niños (de 2 a 4 años) al sistema, por lo que se habilitarán 1.200 nuevas salas en jardines infantiles.
Este año en pre-kínder y kínder se avanzará hacia el 90% de cobertura y se harán propuestas técnico-jurídicas para que sea obligatorio el segundo nivel de transición a partir del 2016.
Prohíbe y sanciona cualquier sistema de selección arbitraria cuando ingresan los estudiantes a los colegios.
Define como principios para los procesos de admisión la no discriminación, la equidad y la transparencia.
Permite a las familias sumarse a los proyectos educativos de los colegios, con las condiciones y compromisos que ellos establecen en los casos de establecimientos con énfasis religiosos, artísticos o deportivos.
En los colegios en que se reciba aporte estatal donde la demanda supere la oferta de vacantes se deberá aplicar un mecanismo de admisión transparente y no discriminatorio. Para facilitar esto, la postulación será mediante una plataforma web (entregada por el Mineduc) a la que las familias podrán acceder en los colegios, en oficinas habilitadas por el Mineduc o desde sus casas a través de internet.
Los liceos "emblemáticos" podrán desarrollar dicho proceso de admisión entre los estudiantes que pertenezcan al 20% de mejor desempeño académico de su establecimiento de procedencia de todo Chile. La idea es que allí confluyan buenos alumnos de diferentes orígenes.
Se espera que el sistema comienza el 2016 (el año subsiguiente a la entrada en vigencia de la ley).
Prohíbe el cobro de copagos a las familias en un proceso que tomará 10 años .
Garantiza que los recursos que hoy están en el sistema no disminuyan, sino que vayan aumentando y siendo redistribuidos progresivamente. Según las cifras que se manejan, el costo del término del copago será cercano a los US$ 2 mil millones al año, pero por el fin al lucro en los planteles subvencionados el Estado recibiría US$ 1.600 millones.
Congela los tramos de cobro que hacen los establecimientos a las familias y, de manera gradual, aumenta los aportes del Estado partiendo en los sectores más vulnerables.
Crea la "Subvención de Gratuidad" , que busca que un número significativo de colegios elimine el cobro a las familias (podrá ser utilizada por todos los establecimientos gratuitos y sin fines de lucro).
Amplía hasta el 80% de los estudiantes la Subvención Escolar Preferencial, generando dos tramos de aporte : los alumnos prioritarios y aquellos que pertenecen a niveles medios (tercer y cuarto quintil).
Prohíbe el lucro en todos los establecimientos que reciben aportes públicos.
Otorga un plazo de transición (que va de 1 a 3 años ) para que los colegios se conviertan a establecimientos sin fines de lucro, tiempo en el cual estarán sujetos a la nueva regulación que evita el lucro en la educación con fondos públicos y que no afectará el derecho a la educación de los alumnos del plantel.
Fortalece el rol de fiscalización permanente de la Superintendencia de Educación y define qué puede ser considerado como lucro, lo que estará prohibido. Por ejemplo, no podrán arrendar inmuebles a ellos mismos o a parientes, no podrán comprar insumos escolares o uniformes a ellos mismos o a parientes.
Los sostenedores tendrán la obligación de ser dueños de sus inmuebles para evitar que, cuando el sostenedor falla con el pago del arriendo, el dueño del inmueble les quita el establecimiento. Para financiar la compra, podrán pedir un crédito privado o bien un subsidio estatal.
Todos los recursos que reciban los establecimientos deberán ser destinados exclusivamente a fines educacionales : mejorar salas de clases, contratar más profesores, comprar materiales educacionales, fortalecer las bibliotecas o adquirir artículos deportivos.
Da un plazo máximo de 2 años a los colegios particulares subvencionados que quieran seguir recibiendo aportes estatales para constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro.
