Encargada del tema en el ministerio afirma que han recibido denuncias de "amarres" en los convenios para campos clínicos. "No nos interesa que nuestros pacientes terminen siendo bienes de mercado que se transan para el lucro en las universidades".
En una nueva arista de la exhaustiva revisión que está realizando la nueva administración a los temas de salud, el ministerio que encabeza Helia Molina ordenó revisar todos los convenios que permiten a las facultades de Medicina usar los hospitales públicos como campus clínicos para sus estudiantes.
Con este objetivo, hace dos semanas la cartera pidió a los servicios de Salud de todo el país la información completa sobre las asignaciones vigentes, con el objetivo de revisarlas y decidir si continuarán o no.
La situación se produce justo cuando los estudiantes de Medicina de la UDP completan dos semanas de paro y cinco días de toma de su facultad, con un petitorio que tiene como principal reclamo la situación de "hacinamiento" que viven en su principal campo clínico, el hospital Dipreca.
El presidente del Centro de Estudiantes de Medicina (Cemed), Miguel Allende, asegura que el establecimiento tiene "pocos pacientes, lo que ha repercutido en que tengamos que funcionar con grupos más grandes para hacer docencia".
Los estudiantes reclaman no sólo por una mejor gestión de parte de su casa de estudios para la asignación de los campus. Recalca Allende que "nos interesa poner en la mesa esto como un debate nacional: no hay una política pública clara de asignación de campos clínicos". A su juicio, es urgente asegurar "que todas las escuelas puedan realizar docencia".
El origen del problema está en que cada año ingresan a estudiar Medicina más de cuatro mil jóvenes, totalizando poco más de 25 mil los alumnos de esta carrera en alguna de las 28 sedes universitarias que la ofrecen. Todos ellos deben realizar su práctica clínica en algún recinto asistencial y el aumento de demanda durante la última década hizo que los hospitales comenzaran a recibir cada vez cifras más cuantiosas por parte de las universidades. Esto generó que las estatales comenzaron a reclamar porque no podían competir con los valores que ofrecían las instituciones de educación privadas.
Por ello, el 2012 se cambiaron las reglas para los convenios, a fin de disminuir la importancia de los pagos monetarios, privilegiando temas como la calidad del proyecto educacional.
Sin embargo, al parecer los problemas están lejos de haberse solucionado.
Según explicó la doctora Anita Quiroga, jefa de la División de Formación de Personas del Minsal, "cuando asumimos el 11 de marzo las tareas en el ministerio, uno de los temas que empezamos a revisar fueron los 'convenios docentes asistenciales', que regulan, entre otras materias, la asignación de campus clínicos a universidades e instituciones de educación superior, para la formación de pre y posgrado".
Según explicó, realizar estos convenios es facultad de cada uno de los directores de los servicios de salud "y al ministerio sólo le corresponde visar las bases de la licitación (...) Pero lo que uno espera es que se enmarquen en criterios generales y nacionales a lo largo del país".
El problema, asegura, es que "en el diagnóstico preliminar que tenemos, y que también tiene que ver con denuncias que hacen los propios gremios y algunos colegios profesionales, como la Fenpruss, acá hay una disparidad de asignaciones. Y en algunos casos en el fondo se dejan amarrados por más de diez años los hospitales de la red pública de salud".
La investigación deberá abarcar temas como "cuántos convenios hay en ejercicio; con qué universidades están suscritos; bajo qué criterios se asignaron esos campos clínicos, con convenios de licitación o trato directo; los plazos y los montos involucrados", detalla Quiroga. "Porque acá muchas veces los campos se asignan porque una universidad privada, por ejemplo, llega y te dice que ofrece recursos por $100 millones. Entonces los servicios terminan entregando los campos clínicos -y eso significa entregando sus pacientes y sus hospitales- por un tema exclusivamente económico. Se compra el acceso a los hospitales públicos y a nosotros eso no nos parece éticamente aceptable".
La jefa de división señaló que "dimos a los servicios un plazo de 30 días, desde que les enviamos la planilla y esperamos que, a más tardar a fines de mayo, vamos a tener el consolidado nacional para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales. Y que en los próximos meses se pueda tomar una resolución al respecto".
El ministerio, advierte, tiene atribuciones para revocar o modificar los convenios que les parezca que no cumplan con los estándares adecuados.
"Estamos recabando la información de todo Chile, para tener un panorama central, revisar qué contratos van a seguir y cuáles no, porque no nos interesa que nuestros pacientes terminen siendo bienes de mercado que se transan para el lucro en las universidades, en la formación sobre todo de pregrado, que es lo que hoy ocurre" (...) Los campos clínicos no pueden ser más una herramienta de mercado, que se venda al mejor postor, en la educación superior", enfatizó Quiroga.
"No podemos validar situaciones que, desde nuestra perspectiva, puedan ser irregulares y para eso tenemos que primero tener un diagnóstico responsable", agregó. La idea, señala, es "cautelar el buen uso de los hospitales de la red pública de salud, en un contexto además donde nosotros, como Gobierno, queremos cambiar las reglas del juego, porque queremos definitivamente dar señales de que la educación no puede ser un bien de mercado".
Quiroga señaló que fueron las licitaciones para asignar los campos clínicos de los más nuevos hospitales de la región Metropolitana, en Maipú y La Florida, las que reactivaron el debate".
Los problemas ocurrieron especialmente con el hospital de La Florida, dijo Quiroga, ya que a dos semanas de llegar al ministerio, recibieron reclamos formales de dos casas de estudios (UDP y Usach), que participaron pero no resultaron favorecidas.
El proceso fue iniciado en el gobierno anterior por medio de un concurso público, cuya adjudicación fue firmada el 17 de enero pasado, por el entonces director del servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, doctor Fernando Betanzo. Al ministerio correspondió, como establece la ley, refrendar las bases elaboradas por el servicio, para garantizar que el proceso sea transparente. Los ganadores fueron un consorcio de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica del Maule, por un lado, y la Universidad San Sebastián, por otro.
No obstante, según la jefa de división del Minsal "por lo menos desde el punto de vista de lo que a nosotros compete, revisamos la documentación y la verdad es que creemos que, en este caso, los argumentos que sostienen las denuncias pueden ser desechados uno a uno". La última respuesta a los rectores que presentaron reclamos (Carlos Peña por la UDP y el rector subrogante Pedro Palominos por la Usach), fue remitida a principios de marzo, por el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.
"A diferencia de otros casos que a lo mejor en algún momento van a gatillarse -porque no hubo concurso sino que casi asignaciones a trato directo, como ocurrió en muchos campos clínicos que hoy existen y donde hay otros reclamos detrás-, en este caso en particular hubo un proceso de licitación, bases publicadas en la web ministerial, concurso de distintas universidades y un proceso final de adjudicación firmado. Por lo revisado preliminarmente, estaría sujeto a la aprobación que correspondió", concluyó.
Humberto Guajardo, decano de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, señala que "a mi juicio lo que ha estado ocurriendo es que directores de hospitales autogestionados han tenido criterios dispares para otorgar los campos clínicos a las distintas universidades. La normativa 254, que es la que establece la forma de asignación, tiende a privilegiar la situación económica al momento de otorgar un campo clínico".
Por eso, dice, si el gobierno busca avanzar hacia niveles de gratuidad en la educación, "es fundamental hacer cambios. Primero, que aquellas universidades que tengan el arancel más bajo y trabajan con los aranceles referenciales del Mineduc, debieran tener prioridad en la asignación de los campos clínicos o ciertas facilidades. En segundo lugar, otro criterio que sería sustentable es que se diera preferencia a aquellas universidades que ingresan una mayor proporción de alumnos de los quintiles más pobres".
Asimismo, dijo Guajardo, "hoy estamos observando que algunas municipalidades están generando cobros por las pasadas de alumnos en la atención primaria, lo cual no me parece adecuado por cuanto es el Estado, a través del Minsal, el que está haciendo aportes en el per cápita de salud de la población. Se está replicando, nuevamente, que las universidades que tienen más poder económico pueden acceder más fácilmente incluso al trabajo a nivel de atención primaria en consultorios. Esto lo comenzamos a ver desde finales del año pasado".
La decano de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, Cecilia Sepúlveda, consideró "muy pertinente, que se de una buena mirada a las asignaciones de campos clínicos. Cuando fui presidenta de la Asociación de facultades de Medicina, planteamos al ministro la importancia de que se hiciera en base a alianzas estratégicas de colaboración mutua, pero eso no se respetó y nos encontramos que se han estado realizando las asignaciones en base a contraparte de recursos económicos".
Además, recalcó que "uno puede observar que en algunos caso se ha estado provocando una saturación de los campos clínicos, lo que va en desmedro de los pacientes y de los estudiantes".
Sepúlveda aseguró que van a volver a plantear sus puntos de vista a las actuales autoridades, pidiendo, por ejemplo, que la universidad a la que pertenezca una facultad de Medicina esté acreditada, al igual que todas las carreras relacionadas con la salud. "A mayor número de años (de acreditación) puntaje mayor (...) y que se le de prioridad a las universidades públicas".
