Devoluciones anómalas por declaraciones a la renta correspondían a los años 2007 a 2010: Ilícito suma más de $20 mil millones.
El caso de las devoluciones de impuestos fraudulentas con fondos del FUT continúa creciendo. Esta vez es el turno de los contribuyentes que recibieron las millonarias devoluciones de impuestos con declaraciones que no contenían datos verdaderos.
Serán tantas las personas que enfrentarán formalización por estos hechos que la Fiscalía Oriente deberá realizar diferentes "tandas" de comunicación de cargos. Para la primera de ellas, el fiscal jefe de Ñuñoa, Carlos Gajardo, y el fiscal adjunto Pablo Norambuena, solicitaron ayer a los tribunales hora para la audiencia ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
En el escrito se contabilizan 44 personas, quienes serán formalizadas por los delitos de soborno y obtención de devoluciones de impuestos con declaraciones falsas. Prontamente, a ellos se sumarán otros 78 contribuyentes: En total, se trata de 122 contribuyentes en la mira de la fiscalía.
La investigación penal se conoció públicamente gracias a un reportaje de «La Segunda» de octubre de 2013, el que reveló cómo operó un sistema que le habría significado al fisco devoluciones irregulares por más de $2 mil millones en total.
Los contribuyentes habrían obtenido indebidamente devoluciones de impuesto a la renta por concepto de pérdidas tributarias (P.P.U.A.) correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Y que todo esto había sido posible, pues dos funcionarios del SII, Iván Alvarez Díaz y Mitzi Carrasco, habrían extraído información de los sistemas internos y digitado ellos mismos modificaciones al Formulario 22 de los contribuyentes, aparentando la existencia de un impuesto por utilidades pagado los años anteriores y elevando los costos de bienes y servicios sin tener respaldo documental ni registro en la contabilidad, creando una aparente pérdida tributaria.
De acuerdo a la indagatoria, los ingresos al sistema los realizaron los mismos fiscalizadores. Eran los contadores quienes reclutaban los "clientes", y todos se habrían quedado con una tajada.
Además de los dos ex funcionarios del SII mencionados -a quienes el Ministerio Público formalizó por fraude al fisco, cohecho y lavado de dinero-, la Fiscalía de Ñuñoa llevó a la justicia a los contadores Sergio Diaz Córdova, Francisco Sivit, Horacio Mayquel, Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal y Hernán Díaz. Salvo el último, el resto permanece en prisión preventiva desde que les fueran comunicados los cargos, al igual que los dos ex fiscalizadores del SII.
Algunos de los contadores involucrados incluso se dieron a la fuga tras conocerse por la prensa las irregularidades, pero luego fueron capturados o se entregaron voluntariamente.
Consultado por "La Segunda" acerca de esta nueva solicitud de audiencia para formalizar esta vez a un grupo de 44 contribuyentes, el fiscal Carlos Gajardo informó que la decisión tomada por la Fiscalía Oriente es realizar esta misma acción con todos quienes recibieron los dineros fraudulentos.
"La fiscalía ha decidido formalizar a los 122 contribuyentes, lo que se hará en audiencias sucesivas, atendido el volumen de ellos", dijo Gajardo.
Explicó que, a juicio del Ministerio Público", todos ellos estaban en conocimiento de la conducta delictiva que se estaba desarrollando", y que esa es la razón por la cual todos deberán pasar por los tribunales de justicia.
La audiencia solicitada este miércoles se refiere a contribuyentes con domicilio en las comunas de Recoleta, Talcahuano y Lo Barnechea.
Los montos recibidos por ellos fluctúan entre los $10 millones y los $100 millones, aun cuando la mayoría accedió irregularmente a devoluciones de entre $20 millones y $30 millones.
Según trascendió, la fiscalía no estaría buscando que estas personas cumplan prisión preventiva. En la audiencia, más bien, se pedirían medidas cautelares de menor entidad, como firma y arraigo.
En diciembre pasado, el fiscal adjunto Francisco Jacir fue asignado para conocer el caso paralelo abierto de oficio por el fiscal jefe de Ñuñoa, Carlos Gajardo, a raíz de la presunta omisión de denuncia en la que habrían incurrido directivos del SII debido a la demora en presentar los antecedentes a la justicia.
Esta arista se abrió luego que La Segunda publicara un mail enviado por la ex jefa de Litigación Jurídica del SII, Marisa Navarrete Novoa, donde, además de despedirse de sus compañeros, daba cuenta de esa irregularidad y de la manipulación de fechas en el informe interno que vinculaba a los funcionarios ahora formalizados.
Las acusaciones de la funcionaria daban luces de por qué el SII se tomó con holgura los plazos para entregar los antecedentes del supuesto fraude al Ministerio Público, pues ya a fines de 2012 este organismo tuvo en su conocimiento nombres de posibles sospechosos; y en julio de este año ya existía un informe interno que sintetizaba la situación.
Señalaba la abogada que "pareciéndome necesario y urgente dar cumplimiento a la obligación legal de denuncia (por delito funcionario), envié, con fecha 23 de julio pasado, un correo electrónico al subdirector jurídico manifestándole mi opinión al respecto, remitiéndole al día siguiente un modelo de denuncia por delito funcionario, ya que el delito tributario podía demorarse un poco más".
Y añadió: "Sin embargo, transcurrieron los días y no se presentaba denuncia alguna. Al consultar a mis jefaturas me señalaron que por instrucciones superiores no se quería presentar denuncia 'para no enemistarse con los gremios'. Representé verbalmente lo equivocado de tal apreciación, pero igualmente no se denunció".
A esa fecha, el entonces director subrogante del SII, Alejandro Burr, ya había asumido en reemplazo de Julio Pereira y llevaba 10 días en el cargo. Como subdirector jurídico estaba Gonzalo Torres, quien fue desvinculado de su cargo tras la llegada de la Nueva Mayoría al gobierno.
El 13 de agosto de 2013, el fiscal Gajardo mandó a pedir los antecedentes al SII. Pero, según la abogada, al persecutor se le envió el mismo informe de mayo (el que ella había recibido y que sirvió de base para la elaboración de la denuncia que no se presentó), pero con fecha de 12 de agosto.
Dice así en su carta: "Con el transcurso de los días, es la propia Fiscalía quien solicita todos los antecedentes relativos a este caso, lo que motiva al Subdirector a presentar cuanto antes la denuncia por delito tributario y funcionario... Se decide (ignoro por quién), cambiarle el número y fecha al informe N° 11, esta vez con el N° 27 de fecha 12 de agosto de 2013. Es este último informe (prácticamente igual al N° 11 de mayo) el que se acompaña a la denuncia que en definitiva se presenta en Fiscalía, la que se envía el día 13 de agosto de 2013 por correo electrónico".
En el caso, figuraba como imputado el ex subdirector jurídico Gonzalo Torres, quien, estando aún en su cargo, encomendó su defensa al abogado Juan Domingo Acosta. El pago de los honorarios (10 millones de pesos) fue endosado al presupuesto 2014 del SII.
13 de diciembre de 2011: Contribuyente visita SII de Las Condes para rectificar una declaración realizada fraudulentamente y menciona al funcionario Iván Álvarez Díaz como quien lo contactó para la operación. Días después, el funcionario renuncia al servicio y se autodenuncia en la Fiscalía de las Condes, quien pone en conocimiento del SII los antecedentes.
17 de mayo de 2012: Departamento de Delitos Tributarios emana un informe donde detallan irregularidades cometidas por Díaz y la entonces funcionaria Mitzi Carrasco Rioseco. No se presenta denuncia judicial.
23 de julio de 2012: Jefa de Litigación Penal del SII, Marisa Navarrete, hace presente internamente que los hechos deben denunciarse ante la justicia.
13 de agosto de 2013:Fiscal Gajardo, de Ñuñoa, manda a pedir los antecedentes al SII. Un día después, el servicio presenta querella criminal.
6 de diciembre de 2013: Fiscal Gajardo formaliza investigación contra los ex funcionarios y un contador. Otros contadores se dan a la fuga y no son ubicados sino hasta días después.
9 de diciembre de 2013: Marisa Navarrete envía correo electrónico a jefaturas contando serie de irregularidades cometidas por directivos, relacionadas con la omisión de denuncia penal. Fiscalía Oriente abre causa penal paralela, que continúa pendiente.
25 de marzo de 2014: Fiscalía pide audiencia para formalizar a los 122 contribuyentes "beneficiados".
