Justicia Militar procesó a uniformados y ex militares tras indagar en insólitas transacciones realizadas en el Regimiento de Caballería Blindada de Puerto Natales, con antiguos tanques adquiridos por nuestro país en los 80. Los sospechosos retrucan que siempre se trató de chatarra, pues los tanques ya habían sido dados de baja y ni siquiera tenían motores, y que la comercialización la dispuso un ex comandante que después denunció los hechos.
Una mañana de agosto de 2009, el capitán José Kuschnir Cáceres, comandante de un pelotón en el Regimiento Nº 5 Lanceros de Puerto Natales, partió al sector de ejercicios para realizar prácticas con los Leopard 1V. Miró a través del visor buscando el blanco al cual dispararle y no encontró nada. Partió en moto a ver qué sucedía y sólo había una rampla cargada con trozos de tanques y troncos de madera. Ya no estaba el carro M 51 que por años habían usado como objetivo.
En la tarde, denunció la situación a sus superiores...
Esta es al menos la reconstrucción de los hechos que validó la fiscal militar Beatriz Hidalgo, en un caso que dejó al descubierto posibles negociados con tanques M 51 y M 24, modelos construidos durante la Segunda Guerra Mundial que llegaron a Chile en los 80 y dejaron de usarse hacia el año 2000.
Por estos hechos, este lunes fueron procesados por el delito de fraude al fisco los dos ex más altos mandos del regimiento: el teniente coronel Rafael Villarroel Opazo y el coronel (r) Manuel Mattas Coddou.
Además de ellos, están imputados el capitán Erich Von Chrismar Rodríguez, actualmente destinado a la Brigada de Operaciones Especiales de Colina; el teniente coronel Guillermo Garín Hayermann, actualmente en servicio en el Regimiento de Caballería Blindada Granaderos de Colina; el coronel (r) Lorenzo Urrutia Dublé y Adrián Medina Gutiérrez.
Según la indagación de la fiscalía, cuando el capitán Kuschnir denunció la situación al encargado de la unidad, el coronel Gustavo López Rebolledo, éste reparó en que pocas horas antes había visto en el muelle tres ramplas cargadas con trozos de tanques viejos, que le habían extrañado tanto que hasta los fotografió.
López conectó entonces las dos situaciones y, además de dar la orden de impedir que la plataforma de transporte al interior del regimiento saliera, se puso a preguntar.
Sus ayudantes averiguaron que la rampla que estaba en la unidad pertenecía a Fernando Cubillos Barrera, un comerciante de Puerto Natales. El coronel se entrevistó con él y Cubillos le informó que el material se lo había comprado, e incluso adelantado pago, al entonces mayor Rafael Villarroel Opazo, quien oficiaba como segundo al mando.
Villarroel estaba en comisión de servicios esos días. Su subrogante, el mayor Guillermo Garín, lo ubicó y le preguntó qué había pasado. "Me informó que el mayor Villarroel había ratificado lo dicho por el señor Cubillos, y que el dinero lo había gastado en necesidades del grupo blindado", declaró en la investigación judicial el ex jefe del regimiento.
El comerciante le dijo a López que ya había pagado por adelantado $600 mil a Villarroel y $650 mil a Garín (las cifras en realidad eran un poco menores), quien ahora figura como imputado en la investigación.
¿Qué decidió el comandante del Lanceros? Recibir el pago faltante -que se habría destinado a comprar herramientas para equipar a los gásfiter-, pidió rendir cuenta de los dineros a Villarroel -quien le habría informado que no tenía los comprobantes- y, entendiendo que el comerciante había actuado de buena fe, pues no sabía cuáles eran los procedimientos para estos temas, dejó salir el material.
La investigación judicial relata que son tres los negocios irregulares realizados con los tanques en desuso del Lanceros. El primero, concretado entre 2007 y 2008, mientras el ahora procesado coronel (r) Mattas Coddou se encontraba al mando de la unidad militar.
En 2007, Mattas y su equipo iniciaron un estudio para cambiar el lugar donde se emplazaba el polígono de tiro de los tanques. Se estaban recibiendo unos Leopard 1V y la cancha antigua no cumplía con las normas de seguridad necesarias, pues estaba muy cerca de la carretera.
El coronel Mattas aprobó entonces la idea del mayor Villarroel, su segundo a bordo, quien sugirió habilitar un nuevo terreno y recibir apoyo de maquinaria externa para limpiar el predio de las carcazas de los M-51 que se usaban como blancos para tiro.
Las máquinas para sacar los tanques serían las de la empresa Tracomex, cuyos dueños habían recibido el dato de que el regimiento Lanceros tenía material de este tipo a través de Arturo Solo de Saldívar, un empresario de la zona.
Solo de Saldívar había realizado con sus máquinas los movimientos de tierra para habilitar la nueva cancha de entrenamiento militar, a cambio de quedarse con la chatarra. Para pagar una deuda que tenía con Tracomex, ofreció a los dueños de esa empresa cederles los derechos que había adquirido sobre los fierros
El empresario Solo de Saldívar admitió ante la fiscalía militar que en esa fecha su hija tenía una relación sentimental con un oficial del regimiento, el en ese entonces teniente Erich Von Chrismar, quien seguía al mayor Villarroel en la línea de mando y que ahora también figura como imputado en el caso.
No recordó, sin embargo, si había sido su yerno quien le dio el dato de la chatarra.
Los trabajadores de Tracomex estuvieron dos meses cortando tanques con el sistema oxicorte. Fueron siete M-51 en total. Von Chrismar quedó a cargo de las coordinaciones, que incluyeron alojamiento y alimentación para los civiles. Dormían en el casino y pasaban toda la jornada en el predio, transformando los fierros en pedazos posibles de transportar.
En este episodio no aparece dinero de por medio. Un informe de la Policía de Investigaciones anexado al caso señala que "quien rentabilizó con este negocio fue el señor Solo de Saldívar, ya que con esta actividad saldó una deuda con la empresa Tracomex".
Los tanques M-51, ya cortados y convertidos en chatarra, fueron trasladados a Punta Arenas a un centro de acopio y luego enviados en contenedores al norte del país.
Las chatarras apiladas en ramplas con las que dice haberse sorprendido tanto el coronel López Rebolledo ese invierno de 2009, cuando llevaba nueve meses al mando de la unidad, forman parte del segundo episodio de negocios irregulares constatados por la fiscalía militar.
El comprador fue el comerciante Cubillos, el mismo que le contó al coronel López los pagos que había realizado. "Soy la persona que ha limpiado la basura de esta ciudad desde hace mucho tiempo", declararía después, orgulloso, ante la PDI.
Dijo que el trato lo hizo directamente con el mayor Villarroel, quien se presentó como el comandante del regimiento. En realidad, en esos meses había estado de subrogante.
"Me mostró un lugar donde había chatarra... Me servía comprarla. Acordamos el pago de $1.050.000, de lo cual cancelé $500.000 (en efectivo) a Villarroel. Los restantes $550.000 los entregué posteriormente al militar Garín (Guillermo Garín Hayermann, en esos momentos segundo subrogante en la línea de mando), después de dos o tres meses de la primera cuota", declaró (estas cifras no coinciden con otras versiones).
Esperó un tiempo apostando a que subiera el valor de la chatarra y en junio mandó a unos empleados a cortar los trozos de los tanques. Entró al regimiento tres ramplas abiertas. Fue una de ellas la que vio abandonada el capitán Kuschnir y que gatilló las averiguaciones del coronel López. Se supo después que había quedado allí producto de la lluvia, atascada en el barro, a la espera de ayudantes que pudieran remolcarla.
Los datos de la investigación apuntan a que, en su incursión al regimiento, el chatarrero Cubillos también realizó cortes de carcazas y que al menos se hizo de dos M 24 en desuso.
"Debo haber sacado como 32 mil kilos", aseguró a la fiscalía militar. Y dijo no recordar cuánto ganó con la venta final ni a cuánto había vendido el kilo de fierro.
Tampoco se acordaba a quién le había arrendado las ramplas para el traslado, pero la investigación dio con que algunas de ellas eran propiedad del padre de otro oficial del regimiento, el capitán Cristian Matamala Aguilar.
El último episodio irregular vinculado a los tanques ocurrió a principios de 2010.
Ya habían nuevos mandos y el regimiento estaba a cargo del coronel Javier Assadi Lamas, quien retomó los movimientos de corte y transporte que se habían realizado antes con estos aparatos.
Fue entonces que se acercó a la unidad Jorge Sepúlveda Avalos. Conversó con el coronel Assadi y le solicitó autorización para sacar lo que quedaba.
"Usó un camioncito Kia Bongo año 1981. Se desconoce si hubo cobro de dineros por el retiro de ese material, pero se presume que en este caso se efectuó limpieza de chatarra. Es decir, retiró lo que quedó de las dos operaciones anteriores", señala un informe adjuntado a la investigación.
Aún no se sabe con exactitud en qué momento desaparecieron los cuatro M 24 restantes, pero es un hecho que esos tanques ya no se encuentran en la unidad.
Sus motores, al menos, fueron ya encontrados en dependencias del Ejército en Punta Arenas.
