En e-mail a funcionarios, la encargada de la oficina de litigación penal sostiene que tras conocerse las irregularidades "transcurrieron los días y no se presentaba denuncia alguna", señala Marisa Navarrete.
La jefa de la oficina de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marisa Navarrete Novoa, develó a las jefaturas de esa repartición estatal una serie de irregularidades cometidas por directivos en el caso de los 2.700 millones de pesos defraudados del Fondo de Utilidades Tributables, FUT, tales como ocultamiento de la situación al Ministerio Público y la manipulación de fechas en un informe interno que vinculaba a funcionarios.
A través de un correo electrónico enviado a los encargados regionales de esa unidad, Navarrete adjuntó una carta de reclamo a sus calificaciones donde hace ver que la baja nota que se le puso (86.68) guarda directa relación con dichas anomalías.
Las acusaciones de la funcionaria dan luces de por qué el SII se tomó con holgura los plazos para entregar los antecedentes del supuesto fraude al Ministerio Público, pues ya a fines de 2012 este organismo tuvo en su conocimiento nombres de posibles sospechosos; y en julio de este año ya existía un informe interno que sintetizaba la situación. Pero sólo en octubre se realizó la presentación del caso a la justicia. El Servicio de Impuestos Internos prefirió no referirse por ahora a la denuncia que damos a conocer en esta edición.
La investigación de la Fiscalía la semana pasada dio origen a la formalización de cuatro personas, por el supuesto fraude.
Señala la abogada que la causa de las evoluciones de impuestos del FUT "probablemente fue el origen del conflicto" con el actual subdirector jurídico, Gonzalo Torres, y el jefe de Defensa Judicial, Andrés Vio Veas.
Esto, por cuanto el 23 de julio pasado, a partir de un informe fechado 17 de mayo y enviado a ella por la unidad de Delitos Tributarios del SII, se percató de que había funcionarios del organismo involucrados en los hechos.
Se trataba de Iván Alvarez Díaz y Mitzi Carrasco Rioseco, ambos formalizados hace una semana por delito tributario, cohecho y lavado de dinero.
"Pareciéndome necesario y urgente dar cumplimiento a la obligación legal de denuncia (por delito funcionario), envié, con fecha 23 de julio pasado, un correo electrónico al subdirector jurídico manifestándole mi opinión al respecto, remitiéndole al día siguiente un modelo de denuncia por delito funcionario, ya que el delito tributario podía demorarse un poco más", señala la abogada en su reclamo.
Y añade lo más delicado: "Sin embargo, transcurrieron los días y no se presentaba denuncia alguna. Al consultar a mis jefaturas me señalaron que por instrucciones superiores no se quería presentar denuncia "para no enemistarse con los gremios". Representé verbalmente lo equivocado de tal apreciación, pero igualmente no se denunció", señala.
A esa fecha, el actual director subrogante del SII, Alejandro Burr, ya había asumido en reemplazo de Julio Pereira y llevaba 10 días en el cargo.
Fue días después de esta representación hecha por Navarrete respecto de la necesidad de efectuar la denuncia que el fiscal jefe de Ñuñoa, Carlos Gajardo, solicitó al SII todos los antecedentes que obraran en poder del organismo con relación al fraude con el FUT.
Gajardo había tomado conocimiento de que existía una situación anómala a fines del año pasado, cuando abogados defensores de uno de los contadores involucrados en el caso, Sergio Díaz Córdova, además pareja de la funcionaria del SII ahora formalizada, fueron a visitarlo para plantearle la posibilidad de presentar una autodenuncia por delito informático. Eso, con un compromiso: no solicitar prisión preventiva.
Algo de esto Gajardo lo hizo ver en la audiencia de formalización que se realizó la semana pasada: dijo que los abogados habían solicitado "una condición que yo no acepté".
Fue así como los representantes jurídicos de los ahora formalizados concurrieron a la Fiscalía de Las Condes y presentaron allí la autodenuncia: Primero la del contador Díaz, luego la del funcionario Álvarez.
En enero del año pasado ya estaban ingresadas las dos y notificadas al SII. No hubo entre esa fecha y el momento en que Gajardo pidió los antecedentes querella por delito tributario (la acción legal por este tipo de hechos sólo la puede iniciar Impuestos Internos) ni denuncia por delito funcionario (en este caso, un eventual cohecho).
Y si bien el funcionario Iván Alvarez renunció al organismo estatal después de autodenunciarse, la también fiscalizadora Mitzi Carrasco siguió trabajando en la oficina de Ñuñoa justo hasta el día en que cayó detenida por el OS-9, tras una orden del fiscal Gajardo.
Hasta ahora, ni las defensas ni el SII se explican por qué el fiscal Gajardo se involucró en el tema y pidió la causa a su colega de Las Condes, pero tras su ingreso, el rumbo del caso cambió.
El 13 de agosto de 2013, el persecutor mandó a pedir los antecedentes al SII y es con respecto a ese punto que la abogada jefe de litigación penal hace una nueva acusación en su reclamo de calificaciones: Al fiscal se le envió el informe de mayo (el que ella había recibido y que sirvió de base para la elaboración de la denuncia que no se presentó), pero con fecha de 12 de agosto.
Dice así en su carta: "Con el transcurso de los días, es la propia Fiscalía quien solicita todos los antecedentes relativos a este caso, lo que motiva al Subdirector a presentar cuanto antes la denuncia por delito tributario y funcionario... Se decide (ignoro por quien), cambiarle el número y fecha al informe N° 11, esta vez con el N° 27 de fecha 12 de agosto de 2013. Es este último informe (prácticamente igual al N° 11 de mayo), el que se acompaña a la denuncia que en definitiva se presenta en Fiscalía la que se envía el día 13 de agosto de 2013 por correo electrónico". Y adjunta los informes.
Para reforzar su convicción de que los directivos del SII no querían que el fiscal se enterase de que existía un informe anterior, la funcionaria Navarrete describe otro suceso.
Dice en su carta que el 16 de agosto pasado, por instrucción del fiscal Gajardo, se realizó una reunión con los funcionarios policiales a cargo de la investigación para explicarles el caso. Relata que el funcionario que realizó el informe exhibió la presentación número 11, y que el subdirector jurídico les dijo a los policías "que posteriormente le enviaríamos la presentación escrita, ya que había que corregir un dato".
¿Cuál era éste?: Justamente, el número del informe.
Según la funcionaria denunciante, ambos informes son "exactamente iguales y la única diferencia era precisamente la fecha y número".
Tras estos hechos, dice Navarrete en su presentación, fue completamente marginada de ese caso y de varios otros que tramitaba en virtud de su cargo.
El presidente de la Asociación de Funcionarios del SII, Carlos Inzunza, declaró esta mañana a "La Segunda" que dicho organismo gremial no tuvo conocimiento del caso FUT sino hasta cuando lo dio a conocer la prensa. En ese contexto, recalcó que jamás los directivos les consultaron sobre las consecuencias de denunciar el hecho.
Aun así, recalcó que, de haberlos conocido antes "jamás nos habríamos opuesto a que se denunciara algo así, pues la política de la asociación es que la corrupción se debe denunciar siempre, no importa quién esté involucrado".
Respecto de la reclamación de calificaciones hecha por la abogada Navarrete, señaló no poder opinar sobre el tema porque él también es parte de la junta que deberá analizar su caso.
