La familia Nenén acusa que les están expropiando sus tierras de manera ilegal. Por ello advierte que podría dilatar la construcción por el lado sur del emblemático viaducto, cuya licitación recibió el vamos del Presidente Piñera en su discurso del 21 de mayo. La autoridad responde que si la familia no está conforme con los precios, puede recurrir a la vía judicial, pero de manera reservada se prepara una consulta indígena, que podría ser el inicio de una negociación.
No hacen Ngiñatún, no tratan de "huinca" a nadie e incluso uno de ellos hace poco pensaba que era Ona. Afable, el clan mapuche-huilliche Nenén seguiría inadvertido, si no fuese porque el futuro Puente Chacao -que unirá la isla de Chiloé con Puerto Montt- contempla la expropiación de parte de sus tierras.
Y aunque no se oponen a la mega obra , a cuya licitación el Presidente Piñera quiere darle el "vamos" oficial antes de que termine su mandato, los Nenén son claros en decir: "Queremos más plata" . La petición fue realizada a las autoridades de gobierno, pero fue rechazada.
El precio base de cada una de sus 43.7 hectáreas fue tasado en $ 10 millones, más un valor adicional en casos de que existan elementos extras como praderas ($ 50 pesos el metro cuadrado) o bosque nativo ($ 90 el metro cuadrado). En corredoras privadas de la zona encontramos a la venta paños entre $ 2.5 millones y $ 16 millones la hectárea, lo que da una idea del rango de precios del mercado.
El problema, acusan los Nenén, sería la "discrecionalidad" al momento de la tasación, a lo que suman que la carretera dividiría sus tierras, perjudicando el pastoreo rotativo. Esto les restaría tranquilidad, dicen, e incluso podría compelerlos a cambiar su estilo de vida.
En total son 18 familias y ya tienen abogado: Juan Molina (PS), quien está preparando al clan para hacer valer lo que consideran sus intereses vulnerados ante el gobierno. "El asunto no es plata, el tema es que no se respetó la ley ni sus derechos al haberse dado orden de expropiación sin haberse realizado la consulta indígena en la forma y tiempo que señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que la expropiación es nula", sentencia Molina.
Ana Nenén quiere $ 50 millones por hectárea
Caminando erguida, sin protegerse de los chubascos ocasionales típicos de la isla, Ana Nenén recorre su campo seguida por su vaca regalona, "la Marlene Olivarí, por su linda figura", explica de buen humor.
Ana es la secretaria de la Agrupación de Expropiados San Gallán-Butamanga y advierte que nos deja entrar a su terruño "sólo porque son prensa; a los del MOP ya no".
Y es que el 21 de noviembre de 2012 le llegó el decreto expropiatorio, dice, "sin que nos hayan preguntado ni una cuestión". "Nos tasaron los terrenos de forma irrisoria: a $ 1.000 el metro cuadrado, a $ 90 pesos (adicionales) el de bosque nativo y a $ 50 (extras) el de monte", se queja.
-¿Y ustedes cuánto quieren?
-Que se tase bien. No debiera decírselo, pero 5 mil pesos el metro cuadrado (equivale a $ 50 millones la hectárea).
Su madre, María Rosa Nenén, y su hermana (que pide reserva de su nombre), también forman parte de la demanda. La matriarca apunta de inmediato con el arma más poderosa que tiene el clan: "Somos descendientes de huilliches y no nos han consultado".
Con oponerse al puente, admite, "no sacamos nada, pero queremos más plata. Aquí toda la tierra se trabaja".
Según cuenta Ana Ule , relacionada también con los Nenén, "tenemos menos de dos hectáreas y nos pasan a llevar unos 700 a 800 metros. No queremos vender, porque la tierra la queremos heredar a nuestros hijos y nos gusta el campo ", sostiene.
"Si nos expropian -continúa Ule-, no sólo queremos más plata, porque si me dan unos millones se van. Aquí se pueden hacer centros de artesanía en los que participemos u otras actividades de fomento económico".
La reunión que encendió los ánimos
Maribel Maldonado prefiere no hablar de su esposo, quien es el dueño de un campo que padecerá expropiación. Y es que es capitán de una embarcación que cruza el Chacao y no quiere perjudicarlo.
Ella se queja de los precios fijados para las tierras y dice que en 2012 le llegó la notificación: "Teníamos 10 días de plazo según el MOP para corregirla. Lo hicimos por correo certificado, pero nunca acusaron recibo ".
Un mes después, en noviembre, el seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Enrique Hoelck , se reunió con la comunidad. " Nos dijo que si no estábamos conformes, el problema era judicial . La gente se molestó y él dijo que no era interlocutor, que buscáramos un abogado ", relata Maldonado.
Hoelck confirma la versión, pero defiende el proceder del gobierno: "Es un proyecto que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y ejecutamos las labores de acuerdo a la normativa vigente".
-Las familias afectadas reclaman que están atropellando la normativa al no realizar la consulta indígena.
-Estamos cumpliendo con la ley y actuamos de acuerdo a ella.
-¿Teme que esa actitud provoque un conflicto mayor?
-Hemos tenido una serie de reuniones con la comunidad y con cada propietario. Tenemos el compromiso de juntarnos con ellos la próxima semana. Lo que estamos haciendo es minimizar al máximo los impactos negativos.
-Ellos dicen que usted les planteó que la única salida era judicial.
-Les explicamos que el asunto del precio, que es su principal reclamo, lo fija una comisión independiente de tres especialistas. El Ministerio no tiene la facultad de cuestionar los valores. La única forma es por la vía judicial.
Consultado si la situación de los Nenén podría dar pie a un conflicto político parecido al de las hermanas Quintremán-cuyos reclamos lograron obstaculizar por varios años la construcción de la central Ralco, de Endesa, en el Alto Bío Bío-, Hoelck evita una respuesta directa: "Tenemos relaciones con las comunidades, nos comprometimos a tenerlos informados de cómo va la expropiación en sus distintas etapas, de minimizar los impactos y todos esos compromisos los hemos cumplido... No me voy a pronunciar de los valores".
Respecto de posibles compensaciones que pudieran acotar el riesgo de un eventual conflicto político, el seremi asegura que "estamos incorporando atraviesos de ganado, rescate de vertientes, pantallas acústicas si es que una casa queda muy cerca de la carretera y eso es lo que les vamos a presentar en una próxima reunión".
La carta bajo la manga
El abogado de las 18 familias, Juan Molina , dice que "el gobierno pretende operar con una Resolución de Calificación Ambiental de 2002, cuando el proyecto de puente era otro y no se había firmado el convenio con la OIT sobre pueblos indígenas. Las RCA son certificaciones de que todo está en orden en un momento determinado, pero deben variar para adaptarse a las circunstancias. En todo caso, la que está aprobada igual establece que debía levantarse un catastro de la población indígena y plantear medidas de mitigación y reparación, pero las consultas para ello no se han hecho".
Pese a lo anterior, La Segunda Sábado obtuvo documentos que acreditan que en abril el MOP habría licitado un servicio para "elaborar una estrategia de difusión a la comunidad indígena en relación a los antecedentes del puente y sus accesos viales", con "talleres" donde se recogerán sus visones y se buscarán "mecanismos de acuerdo", en concordancia con el convenio de la OIT.
"Se están afinando los detalles. Esa consulta no ha partido", reconoce el seremi.
Según Molina, una consulta así atropellaría los derechos de sus representados , pues la OIT establece que el procedimiento debe respetar las formas y tradiciones de la cultura en particular. "Esto no puede hacerse exclusivamente a la manera occidental. Sus formas tradicionales varían de pueblo en pueblo. Son ellos quienes deben determinar cómo se juntan, cómo opinan, cómo resuelven sus problemas. Hay que escucharlos y dejar que decidan", pide Molina.
Además, advierte: " La ley establece que tras cinco años de validez de una Resolución de Calificación Ambiental se puede pedir su reformulación. Es una carta que todavía no he querido jugar ".
Aliados estratégicos
El clan Nenén y sus cercanos también están en conversaciones con dos potenciales aliados estratégicos: la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno y el lonco de la Comunidad Indígena Estero Chacao, Griselio Díaz Penoy .
"No ha sido correcta la forma en que el MOP ha enfrentado la situación. Me parece que hay medidas arbitrarias ... Me da la sensación de que no llegaremos a buen término. Hay una licitación en proceso que no ha sido clara", sentencia la edil.
El lonco, en cambio, tiene sus matices. Dice que apoya al clan y a todas las comunidades indígenas que se verán afectadas por la construcción del puente, porque "es cierto que si les cortan sus tierras van a quedar inutilizadas" , pero cree que desde un comienzo debieron conversar, evitando en lo posible la vía judicial .
La autoridad étnica es, en todo caso, escéptica sobre el proyecto: "Lo del puente lo vengo escuchando hace más de 30 años".
La rentabilidad social es la mínima establecida para un proyecto fiscalAl menos una visita a Contraloría de la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, cambios relevantes respecto del tipo de licitación adoptado en los últimos años, y hasta incertidumbre en la cantidad de pistas que tendrá el viaducto. Todo eso forma parte de la historia reciente del proyecto para construir el Puente Chacao y refleja los esfuerzos por lograr que sea el actual gobierno el que dé luz verde a la empresa que se adjudique la emblemática obra.
En sus tiempos de titular del MOP, Laurence Golborne dijo que el viaducto no sería de cuatro pistas, como planteaba el estudio anterior entregado por el gobierno de Ricardo Lagos, sino de tres (una reversible al medio), para así viabilizar económicamente el proyecto. En adelante, todo fue una carrera contra el tiempo: el MOP anunció que precalificaría a los participantes de la licitación en noviembre del año pasado, pero aplazó esa decisión para diciembre, luego para enero de 2013 y finalmente la realizó el 28 de febrero.
El cuatro de abril se dio a conocer a los ocho finalistas y entonces la meta oficial fue entregarles las bases aprobadas por Contraloría el primer semestre de este año. Según fuentes del MOP, La Moneda pedía que el Mandatario pudiese realizar el anuncio el 21 de mayo.
Sin embargo, hubo conflictos con Contraloría. Extraoficialmente, la institución que dirige Ramiro Mendoza le dijo al MOP que si se presentaban las bases tal como estaban en el borrador, el ente contralor debería representar por ilegalidad (rechazar) el decreto en estudio.
Tras ello, la ministra tocó personalmente el tema del puente con Mendoza en una reunión que se realizó en la tarde del 18 de abril , en la misma Contraloría. La duda se mantuvo hasta último minuto: recién en la tarde del 20 de mayo se tomó razón del decreto y "por mano" el Ministerio retiró el documento con el visto bueno del contralor .
Paralelamente, el gobierno lanzaba un licitación que, si bien era pública, había mantenido con un bajo perfil: "la contratación de una asesoría experta para la etapa de licitación y adjudicación del diseño y construcción de la obra" , es decir, para determinar quién será el privado que ayudará a las autoridades a calificar la ofertas de los interesados en construir el puente y a responder todas sus dudas, además de colaborar en decidir la adjudicación definitiva de las obras.
El concurso se cerró cinco días antes del discurso del 21 de mayo. El próximo 24 de junio se sabrá quién triunfó. Sea quien sea, la ejecución del contrato debe durar 240 días, es decir, concluir a más tardar el 18 de febrero de 2014, un mes antes del cambio de gobierno .
Bitrán: "Llave en mano"
El ex ministro de Obras Públicas Eduardo Bitrán , asegura que " es un proyecto llave en mano y eso lo hacen los países bananeros " (quien gana la licitación realiza los estudios de ingeniería, diseña y construye).
Lo anterior, pues calcula que desde el anuncio que realizó Golborne " no hubo tiempo para realizar la ingeniería que requiere un nuevo proyecto, la que demora por lo menos dos años ".
Para Bitrán, la metodología "llave en mano" genera altos riesgos en materia de costos y tiende a poner en una posición ventajosa a la empresa adjudicataria.
Quien defiende ese modo de operar es el seremi de Obras Públicas de la Región de Los Lagos, Enrique Hoelck: "Es preferible, para que no se produzca un conflicto habitual: que el que está construyendo dice que el diseño está malo y trata de hacer modificaciones al contrato. Como el proyecto es responsabilidad del proponente, ese argumento ya no es válido. Es la forma en que se están haciendo las grandes obras en el mundo".
Además, dice Hoelck, "este proyecto no es tan llave en mano, porque se entregan todos los antecedentes de terreno y estudios anteriores (a las firmas que participan de la licitación), pero evidentemente el diseño exacto es del proponente".
La Segunda Sábado pidió al MOP las bases de licitación, pero hasta el cierre de esta edición no llegaban.
US$ 10 millones de ahorro en tiempo durante el primer año
El gobierno tampoco quiso responder precisiones respecto de la rentabilidad social del puente, que está al límite: El Ministerio de Desarrollo Social habría calculado que la Tasa Interna de Retorno Social es de 6%, la mínima establecida para que el Fisco invierta en una obra.
Aunque las autoridades se ha hablado de que el puente tenga una vida útil de 100 años, el estudio de rentabilidad social dado a conocer el año pasado abarca 45, incluyendo cinco de construcción. Llevado a dólares, durante el primer año de operación del puente (en 2019) se produciría un ahorro en tiempo avaluado en US$ 10 millones, que aumentaría a US$ 89 millones en 2058, considerando el alza del flujo vehicular.
A 2058 el ahorro anual de combustible sería de US$ 13 millones, y el de operación y mantención de US$ 1.5 millón. La estimación se realizó con peajes similares a las tarifas actuales de los transbordadores (hoy cuesta $ 10.500 pesos el cruce en un solo sentido) y con un peak de circulación de algo más de 8 mil vehículos diarios en 2058.
