Cada uno de los peritajes encargados por la jueza Gloria Hidalgo, y entregados a ella el 2011, debía pronunciarse respecto a una materia específica relevante para orientar al tribunal en su decisión final. Es así como la cuantificación económica del daño quedó a cargo del perito Juan Enrique Sánchez Fernández , ingeniero civil químico, quien llegó a la cifra de $86 mil millones, casi US$ 200 millones, equivalente al 15% de los US$ 1.300 millones invertidos por Celulosa Arauco en la construcción de la planta.

¿Cómo llegó el perito Sánchez a esa cifra?

En 100 páginas, el ingeniero detalla los costos que implicaría la restauración del santuario y cuantifica los "perjuicios ambientales", los "perjuicios al fisco de Chile" y los "perjuicios al comercio y turismo" generados a partir del mal funcionamiento de la planta. Suma una última cifra: la "indemnización punitiva".

En cuanto a la restauración del santuario -que valoriza en $5.100,3 millones-, Sánchez señala que ella incluye el financiamiento de un plan integral de gestión ambiental, estudios de diagnóstico y experimentación, y "la plantación definitiva del luchecillo en 2.000 hectáreas del santuario".

Los "perjuicios ambientales", valorizados en $59.893 millones, consideran la limpieza mediante dragado de los metales pesados de 3.909 hectáreas, el cobro por el "uso del humedal como planta de tratamiento cuarentenario por ocho años de uso industrial", la repoblación del humedal con plantación de luchecillo en 2.310 hectáreas (diferentes a las del ítem anterior), reposición por muerte y emigración de los cisnes de cuello negro y otras aves.

Los "perjuicios fiscales", a un costo de $2.173 millones, consideran la "disminución de la recaudación de impuestos por concepto del menor turismo en Valdivia" en el período 2005-2011.

Los "perjuicios al comercio y al turismo" -$5.836 millones- contemplan la menor actividad económica registrada en la zona en ese mismo período, es decir, el Producto Interno Bruto Regional "que se estima en 4,26 veces el monto del IVA".

Finalmente, la "indemnización punitiva" -basada en el principio "el que contamina, paga" incorporado en la Ley de Bases del Medio Ambiente-, Sánchez la cuantifica en $13 mil millones.

Y detalla por ejemplo el impacto turístico: "Las pernoctaciones totales entre chilenos y extranjeros en la comuna disminuyeron desde 256.000 en el año 2004 a sólo 113.000 al año siguiente, según cifras oficiales de Sernatur".

Celulosa Arauco: "Peritos no leyeron los papeles"

Ante los peritajes desfavorables a los intereses de la compañía, Celulosa Arauco entregó al tribunal un documento de casi 400 páginas en el que analiza cada uno de los informes, enfatizando diversas debilidades y reclama que "los peritos no leyeron los papeles" que estaban adjuntados al caso.

Respecto del peritaje de Sánchez, señala que éste confundió "la reparación (del daño) con la indemnización, y en lo que toca a esta última se equivocó en forma ostensible en la conceptualización del daño ambiental y no se sujetó a ningún criterio aceptado para la valoración de este daño".

Según la empresa, se trata de "cifras arbitrarias y descomunales".

Además, recalca que los peritajes ordenados por el tribunal no son los únicos que existen en la causa, pues Celulosa Arauco incorporó informes solicitados por ella que rebaten que el problema fue su responsabilidad.