El juicio del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la propietaria de la Celulosa Valdivia por la muerte de cisnes de cuello negro en 2004, está a punto de finalizar. Magistrada solicitó a las partes un último intento por alcanzar una conciliación: Las más altas instancias de ambas entidades participaron. Dos fallos de la Corte Suprema -desfavorables para la empresa- llevaron al ente estatal a desestimar un acuerdo, y a esperar que la justicia ratifique en primera instancia su posición.
Durante octubre de 2004, científicos de Valdivia notaron algo extraño en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, del Río Cruces, en Valdivia: La población de cisnes de cuello negro, que en esas fechas históricamente bordeaba los seis mil ejemplares, no alcanzaba ni a la mitad. Y al salir a terreno, apreciaron varias aves delgadas y con sus cuellos bamboleantes, y otros ejemplares muertos.
El país se conmocionó con las imágenes televisivas de cisnes moribundos -doscientos de ellos no pudieron resistir- y en las calles comenzaron las protestas, apuntando a una recién estrenada planta de celulosa instalada río arriba, filial de Celulosa Arauco.
Casi una década después, la demanda civil por daño ambiental presentada en 2005 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Celulosa Arauco está en su etapa final: El 15 de abril, la jueza Gloria Hidalgo citó a ambas partes, las que llegaron convencidas de que escucharían la sentencia. Pero la magistrada, y sin dar muchas explicaciones, planteó allí a los abogados la posibilidad de conciliar "en virtud de estimar que han existido algunos cambios en relación al inicio de la causa".
«La Segunda Sábado» indagó en estos acercamientos. Tuvo acceso a los antecedentes clave que se pusieron sobre la mesa al pensar en negociar. Y ya es un hecho que cuando las partes se junten nuevamente ante la magistrada el 17 de mayo, la respuesta que escuchará Hidalgo sólo le entregará a ella la responsabilidad de dirimir un asunto de millonarias consecuencias.
Los primeros acercamientos
La ronda de conversaciones iniciada a partir del llamado a conciliar de la jueza no fue el primer acercamiento entre las partes. Ya en agosto del año pasado, el propio presidente del CDE, Sergio Urrejola, había recibido a los ejecutivos de Celulosa Arauco Matías Domeyko y Manuel Bezanilla, en una cita solicitada por la empresa con miras a lograr un avenimiento.
El juicio civil, a esas alturas, estaba cerrado y se esperaba un fallo.
Enterados de la cita, representantes del movimiento Acción por los Cisnes, le pidieron a Urrejola transparentar los términos de las conversaciones y levantaron la voz: "Luego de siete años de paciente espera, los valdivianos y el país en su conjunto tienen derecho a conocer (con un fallo) la verdad judicial que permita cerrar este doloroso episodio de la historia ambiental del país y dar paso a una etapa de reparaciones y transformaciones verdaderas". Un acuerdo a puertas cerradas no les parecía nada bien.
A esas alturas, el CDE interpretaba un fallo previo de la Corte Suprema como favorable a sus intereses en el juicio civil: la sentencia de octubre de 2011, que desestimó definitivamente los recursos judiciales de Celulosa Arauco en contra de las sanciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) por transgredir los límites máximos de temperatura, fósforo, sólidos suspendidos, arsénico, cromo hexavalente, molibdeno y níquel en vertimiento de los riles en el río Cruces durante 2004 , el año del desastre de los cisnes.
El nuevo fallo que "convenció" al CDE
Según personas que conocieron esas conversaciones, en el diálogo con la compañía se examinaron bases de arreglo.
Y explorando esas posibilidades estaban cuando, en enero de este año, la Corte Suprema emitió un nuevo fallo que debilitó la posición de Celco: El máximo tribunal, anulando una resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, obligó a Celco a pagar una multa de 800 UTM (unos $32 millones) por diversos incumplimientos en la Resolución de Calificación Ambiental de la Planta de Celulosa de Valdivia.
La multa impuesta se debía a que la empresa había dispuesto en el vertedero de la planta lodos que no podían ser puestos ahí; construyó una laguna de contención más grande que la permitida, y vertió aguas sin autorización en el camino entre la Planta Valdivia y la Estación Mariquina.
Ese fallo del máximo tribunal terminó por convencer al CDE de que no era ni conveniente ni necesario continuar negociando. Pero de esas conversaciones previas ya se había enterado la jueza que lleva el caso civil... y las formalizó, iniciando una nueva etapa de búsqueda de arreglos.
Consejo en pleno votó suspender hasta tener fallo
En el llamado a transigir, la magistrada no propuso bases de conciliación. Sólo dijo que continuaría trabajando en el fallo, sin dar pistas de hacia dónde se inclinará.
Las apuestas, sin embargo, hablan de un fallo condenatorio. Esto, tanto por los precedentes de la Suprema y como porque seis de los siete peritajes encargados por el tribunal a geógrafos, ecólogos, biólogos e ingenieros químicos, coinciden en que existe una relación directa entre las descargas de Celulosa Arauco y el desastre ambiental.
En ellos se señala que la empresa provocó el colapso ecológico del humedal, la muerte de las plantas acuáticas que ahí vivían (el luchecillo) y, con ello, la muerte de los cisnes y otras aves de menor tamaño. Además, se cuantifican en $86 mil millones los perjuicios ambientales, fiscales, regionales, restauración del santuario y la indemnización punitiva (ver recuadro).
Con una apuesta tan segura, el CDE se da por ganador.
Y por eso, cuando el 23 de abril pasado el consejo pleno del organismo conoció las negociaciones y debió votar si se seguía adelante con la posibilidad de un acuerdo, resolvió que no , que se esperaría el fallo de primera instancia que debe pronunciarse sobre la demanda de reparación ambiental. Sólo luego de él, podría volverse a conversar, esta vez ya respecto a indemnizaciones.
En los registros de las sesiones, así quedó estampado: "Expresar en la audiencia de conciliación a efectuarse en la causa 'Estado de Chile con Celulosa Arauco y Constitución S.A.', Rol Nº 746-05 del Primer Juzgado Civil de Valdivia, que por ahora, y mientras no se dicte sentencia de primera instancia, no hay disposición del Consejo para transigir".
Otros factores que boicotearon un acuerdo
Fuentes del Consejo de Defensa del Estado -el organismo prefirió no pronunciarse públicamente sobre el tema- coinciden en que fueron varios los factores que jugaron en contra de un acuerdo en esta etapa procesal.
"En las conversaciones se barajaron distintas alternativas, pero quedó en nada. Se consideró la opinión de la ciudadanía, la de la procuraduría fiscal de Valdivia, la preocupación por el tema que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Medio Ambiente. Influyeron las últimas dos sentencias pronunciadas por la Corte Suprema. Se hizo un análisis global: Conciliar con signos de interrogación en las responsabilidades no pareció conveniente", confiaron a «La Segunda Sábado» miembros del organismo fiscal.
Quienes han estado involucrados en el asunto aseguran, además, que "estas conversaciones no avanzaron porque las proposiciones de Celco no satisfacen las pretensiones del CDE. Celco no ha llegado con propuestas concretas".
Se explica, así, que la empresa "ha hecho sólo ofertas genéricas, aceptando obligaciones generales: estudios, monitoreos".
La firma no quiso comentar esta situación a este diario.
Respecto a los repoblamientos de aves y fauna necesarios para restablecer las condiciones originales del humedal, tampoco se ha pronunciado en forma concreta. "No ha planteado directamente que esté dispuesto, por ejemplo, a replantar 2.300 hectáreas de luchecillo. Los repoblamientos de aves también son genéricos", añaden.
Y lo que se escucha con más fuerza: "La empresa no tiene voluntad de aceptar culpas o responsabilidad en lo que sucedió, y así se ha expresado en la causa. Si uno no se siente responsable, difícilmente va a comprometerse con acciones concretas".
