Predios que mayoritariamente no usan quienes los recibieron; entregados sin conexiones de agua potable o pésimos caminos; escasa explotación productiva y falta de capacitación... son parte del lapidario informe solicitado por el Gobierno a la Universidad de la Frontera, sobre la realidad de la política estatal de entrega de tierras a las comunidades mapuches.

Este 2013 se cumplen 20 años de la Ley Indígena, cuyo foco principal estuvo puesto en la compra de campos para las comunidades , con el fin de resarcir así una deuda histórica, como la definió el propio Estado. «La Segunda Sábado» indagó en los resultados de los esfuerzos.

Y pese a que aún existe gran número de peticiones por satisfacer, las aspiraciones indígenas evolucionan a demandas 2.0: reformas políticas que redefinirán el modo de relacionarse entre los chilenos.

Rayado de cancha

El origen de la llamada deuda indígena se remonta al siglo XIX, cuando el Estado -en el llamado proceso de la "Pacificación de la Araucanía", que incluyó anexar definitivamente los terrenos al sur del Biobío- se hace de las tierras indígenas, y luego entrega gratis a los mapuches propiedades mediante títulos de merced.

La Comisión Verdad Histórica convocada por el gobierno de Ricardo Lagos estudió qué ocurrió con estos títulos: Hubo abusos, ventas fraudulentas y otra serie de irregularidades, en especial después de que en 1927 se cambiara la legislación, flexibilizando las transacciones de tierras. Ejemplificó con los títulos de merced de Malleco y Cautín (IX Región): "Se encuentran perdidas 31,6% de las tierras que originalmente constituían estos títulos" (es decir, en manos no indígenas).

Con esta carga histórica, el gobierno de Patricio Aylwin aprueba la Ley Indígena en 1993 : Crea Conadi y se pone énfasis en la entrega de tierras (con un fondo especial para los conflictos con los títulos de merced).

En total, según las cifras proporcionadas por el asesor especial de asuntos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Abogabir, desde 1993 hasta 2012 se han entregado 169.132 hectáreas , con un costo total de $289.810.309.741 (valor actualizado a enero pasado, equivalente a casi US$600 millones).

60% no vive en predios adquiridos

Pero tras las cifras hay múltiples polémicas que hicieron crisis a fines del gobierno de Michelle Bachelet, y terminaron con la Conadi descabezada: Contraloría acusó negociados en la compra de tierras; programas sociales con altos costos administrativos y con millonarias rendiciones pendientes. Además, una fuerte alza en el valor de la tierra.

En este escenario, este gobierno recibió de la Concertación tres listados : Uno, de 115 comunidades con el visto bueno para recibir tierras por afectación de sus títulos de merced; otro, de algunas decenas de comunidades que estaban ligadas a procesos violentos de reivindicación y obtuvieron el compromiso del gobierno de recibir tierras (la administración Piñera no reconoció este acuerdo, negándose a entregar propiedades a violentistas); y una nómina de 308 particiones que debía evaluarse su pertinencia.

En 2010, el primer año de Piñera, se revisaron los mecanismos de compra de tierra. Además, se contrató a la Universidad de La Frontera un estudio para chequear en terreno -a través de una muestra- una sospecha transversal : Posible subutilización de la tierra.

Según los resultados entregados en 2012 al Gobierno, y al cual tuvo acceso en exclusiva «La Segunda Sábado», el 60% de los beneficiarios no vivía en los predios adquiridos. ¿Las razones? 24% afirmaba que las propiedades no tenían servicios básicos (sólo 4,3% estaban conectadas a agua potable; y apenas el 69% tiene energía eléctrica, por ejemplo); 15% lo asociaba a falta de casas y 10% a caminos en mal estado.

Se reconoce que los beneficiados incrementaron su disponibilidad de tierras y que sentían mayor bienestar, pero "los predios adquiridos" muestran "muy baja aptitud de uso agrícola".

En materia productiva, las conclusiones son lapidarias: la extracción de leña arriesga la sustentabilidad en el mediano plazo ; los terrenos "poseen muy bajos índices de infraestructura productiva y sistemas de riego" , y "por lo general no se ha dado continuidad a los rubros productivos intensivos de los predios" previos a la compra.

¿La razón de esto último? Sigue el estudio: "Los comuneros no disponen ni pueden acceder a capital, no se realizó capacitación técnica y comercial (...) ni acompañamiento técnico, productivo ni comercial". Y además, " las motivaciones y metas productivas de los comuneros mapuches resultan por lo general distintas" a las de los antiguos dueños.

Con estos elementos, este gobierno reestructuró el sistema de ayudas productivas (ver nota relacionada).

La herencia de Piñera: 169 comunidades esperan tierras

Al cierre de este año se espera entregar tierras a las 115 comunidades heredadas del anterior gobierno y se prepara la herencia para la próxima administración: De las 308 peticiones pendientes de análisis, se concluyó que 147 tienen argumentos para recibir el beneficio, lo que equivale a 6.319 familias , según explica Abogabir.

Cálculos oficiales indican que la inversión requerida para ello va entre US$ 100 millones y US$ 500 millones.

La cifra más baja se calcula según el "desmedro": Se entrega sólo el equivalente a las menores hectáreas que poseen en la actualidad al comparar con el título de merced ( 16.211 hectáreas ).

Pero desde la década pasada, Conadi calcula entregar 12,7 hectáreas por familia. Es decir, si bien el desmedro indica una cantidad de terreno, ésta se actualiza proporcionalmente al crecimiento de familias que registran las comunidades en casi 100 años. Con este criterio, se requerirían 80.251 hectáreas .

¿Con estos números, el potencial de demanda esta acotado? , le preguntamos al ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.

"Está acotado. Se terminará el proceso de compras del listado de las 115 comunidades el primer semestre de este año. Y luego hay otro listado que englobaría la mayor parte de la demanda restante", responde.

La consejera de Conadi, Ana Llao, si bien considera que no está muy cercana la posibilidad de decir "terminamos", nos encaminamos "medianamente" a poner fin al tema: "Hay comunas, como Melipeuco, en las que nunca llegó la información y ahora preguntan. Son casos aislados".

El consejero de Conadi, Marcial Colín, coincide en que hay comunidades que ahora están tomando conciencia de la demanda de tierras e iniciarán trámites. Aunque él pone el énfasis en un aspecto distinto: "Hoy, más que un problema de recursos económicos, está el riesgo de que no exista tierra suficiente en el mercado" .

Las demandas 2.0: Derechos políticos como indígenas

Con menos demandas territoriales, el discurso indígena está levantando con fuerza nuevas aspiraciones: los derechos políticos .

El ministro Secretario General de Gobierno, Cristián Larroulet , explica que "en la medida en que los países satisfacen sus demandas más básicas, pasan a otra etapa de demandas, más simbólicas. Si bien aún hay mucho que hacer en educación por ejemplo, en vías de resolverse la emergencia de tierras, vendrán temas de reconocimientos políticos".

En ello coincide el diputado UDI por la zona, Gonzalo Arenas : "La política de tierras es para obtener un mínimo de paz social, que permita conversar otro estadio de temas: los institucionales. Será un diálogo que nos obligará a cambiar la forma tradicional de ver las cosas".

"En un sector de la población no existe conciencia de que somos un país multicultural. Debemos aceptar que son un pueblo, con tradiciones, culturas, lenguas distintas. Yo no tengo temor en reconocerlo", indica el senador Alberto Espina (RN).

"Discutir sobre derechos políticos es propia de una sociedad que evoluciona. Quizás en el pasado fuimos modestos en avanzar en estas materias, o no estábamos maduros para ello", señala a su vez el senador PPD por la IX Región, Eugenio Tuma.

Gran cumbre en La Moneda

El debate sobre los derechos políticos comienza a adquirir contenido y fechas: El 11 de marzo habrá un encuentro entre Gobierno e indígenas para iniciar un diálogo que pretende en abril acordar un proyecto legal que defina el mecanismo de las consultas públicas e idealmente la creación de un Consejo Indígena.

Asimismo, hay un acuerdo político para trabajar en el Plan Araucanía, que entregue por vía legal recursos y una forma descentralizada de definir las prioridades de la región.

Para la siguiente administración, se reconoce, quedaría una de las discusiones más sensibles: reconocimiento constitucional indígena... Para algunos, una caja de Pandora, que contiene el germen del separatismo; para otros, la aceptación de que los indígenas son distintos y libres, y que desde esa posición son parte del Estado chileno.