A partir de este miércoles la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI realiza una serie de diligencias para establecer si existen "antecedentes relevantes" para perseguir penalmente al obispo de Iquique, Marco Antonio Ordenes.

Ello, luego de que se hiciera público que el Vaticano realiza una investigación en contra del purpurado, por supuestos abusos sexuales en contra de un ex acólito.

El fiscal jefe de Tarapacá, Manuel Guerra, confirmó a "La Segunda" que se identificarán a todas las personas que trabajan con el obispo "y especialmente si hay menores" en su entorno.

"La idea es buscar información que pueda corroborar o desmentir las circunstancias que se han descrito por el denunciante (Rodrigo Pino) y establecer si hay conductas abusivas por parte del obispo", dijo el persecutor.

Guerra afirmó además que citarán al denunciante y a su padre "porque pueden tener en su poder información que en su momento no entregaron y que tiene que ver con audios y grabaciones".

Si bien los supuestos abusos sexuales están prescritos, pues habrían sido cometidos entre 1997 y 2004, el fiscal expresó que la aparición de una nueva víctima obliga al Ministerio Público a iniciar una indagatoria.

Sobre todo tomando en cuenta que "se habla de conducta permanente" y pudiesen haber más víctimas.

Guerra explicó que "una vez que tengamos clara la historia llamaremos a declarar al obispo, pero por el momento no tiene sentido hacerlo porque no existirían datos para contrastar su versión".

Añadió que durante una reunión le informó al fiscal nacional Sabas Chahuán sobre las diligencias que se realizarán y de que el fiscal jefe de Alto Hospicio -quien además está especializado en delitos sexuales- Raúl Arancibia, se hizo cargo de la indagatoria.