Hualpén y Arica, los últimos remezones en esta materia, comparten una serie de patrones a la hora de birlar las arcas públicas. «La Segunda Sábado» indagó en estos elementos comunes, donde destaca la presencia de personal leal que -también incentivados por dinero- muchas veces hacía vista gorda de las anomalías.
La lealtad en el silencio.
Esta es quizás la mayor dificultad que enfrentan las investigaciones de corrupción, especialmente en materia municipal.
Y en lugar de ayudar a cuidar la institucionalidad, los subalternos optan por callar y proteger a sus jefaturas.
Según la fiscalía nacional, eso es lo que hizo más difícil llegar a las formalizaciones que se produjeron en Hualpén y Arica. Dos comunas distantes a 2 mil 500 kilómetros, pero que desarrollaron una trama ilícita similar en el seno del gobierno local.
El análisis de ambos casos permite identificar patrones de conducta a la hora de birlar las arcas municipales. Se trata de un "modus operandi" que se salta los controles establecidos, y que ha permitido defraudar casi $3 mil millones (sumade los contratos licitados en Arica) y poco menos de $200 millones en el caso de Hualpén.
Ambos casos han logrado alto impacto en los medios de comunicación, principalmente porque dejan en letra muerta todos los esfuerzos gubernamentales que se han desarrollado desde 1999 -cuando se promulgó la "Ley de Probidad"- para evitar las irregularidades y el tráfico de influencias.
Desde entonces diferentes iniciativas se han agregado para hacer más transparente el sistema. Lo más reciente es el proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, en enero pasado, para robustecer el sistema de probidad municipal y perfeccionar el rol fiscalizador del concejo municipal. Con urgencia simple, desde marzo espera su estudio en la comisiones de Gobierno Interior y Regionalización y en la de Hacienda.
Esta propuesta profesionaliza a los cargos directivos de los municipios (Secretario Municipal, Director de Administración y Finanzas, Director de Control y Director de Obras Municipales), los que además deben ser nombrados por un sistema de alta dirección municipal. Asimismo establece la inhabilidad por parentesco entre alcalde y concejal de una misma comuna; hace aplicables sanciones del estatuto administrativo municipal a alcaldes y además se crea la figura de "notable abandono de sus deberes" a los concejales.
Subdere: "Una trama de corrupción sofisticada es difícil de pesquisar"
El s ubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, cree que una vez que se aprueben los cambios propuestos por el Ejecutivo junto con mejorar la gestión de los gobiernos locales "debieran reducirse los casos de irregularidades administrativas".
"Es cierto que probablemente por gozar de autonomía financiera y patrimonial, las municipalidades puedan verse más expuestas. Además, como la mayor parte de los mecanismos de control son posteriores, cuando se arma una trama de corrupción sofisticada es difícil de pesquisar", explica.
Pero insiste en que "la gran mayoría de las observaciones de Contraloría están asociadas a falta de capacidades profesionales o desconocimiento de uso de las normas". Por eso tiene fe en la Academia de Capacitación Municipal, que en su primer año ha capacitado a 1.240 alumnos (incluidos alcaldes y concejales) en materia de probidad y transparencia; auditoría interna y gestión municipal, entre otros.
El aporte que destraba o gana contratos
Bajo la lupa de la Ciencia Política. los casos de Arica y Hualpén son clásicos ejemplos del "clientelismo político". Un sistema extraoficial de intercambio de favores en donde quien detenta un cargo de poder beneficia a otros a cambio de apoyo electoral o económico.
En Hualpén, el PPD Marcelo Rivera otorgó permisos para extraer áridos a cambio de pagos por más de $100 millones dados por un solo empresario. La indagación de la fiscalía ha detectado que este comportamiento no sería el único, pues otros empresarios reconocieron que les habían pedido dimero para facilitar trámites.
En el caso de Arica, en tanto, el ex PPD Waldo Sankán también se le indaga por recibir aportes personales... a cambio de contratos municipales: Ahí está el del vertedero municipal, y el de los contenedores de basura (todos ellos suman cerca de $3.600 millones).
El prisma penal califica estas conductas como delitos contra la probidad que desde 2009 tiene mayores sanciones: Hasta 5 años de cárcel si el monto de lo defraudado supera las 400 UTM (poco menos de $16 millones), tal como en los casos en que están involucrados estos dos alcaldes.
Ambos alcaldes comparten cargos también por fraude al fisco, cohecho, lavado de activos. A los que se agregan, en el caso de Sankán, el de asociación ilícita y nombramiento ilegal, y en el de Rivera, el de exacción ilegal (por obligar a otros funcionarios del municipio a sacar plata pública).
Pero no es sólo las posibles penas que arriesgan lo que teje una historia común entre Sankán y Rivera. A continuación, las distintas facetas del escandaloso "modus operandis" de la corrupción en estas dos comunas:
Red de corrupción aprovecha estructura municipal
Tanto en Arica como en Hualpén, los imputados se valieron de la estructura municipal para hacer sus propios negocios. De hecho, en ambos municipios los alcaldes debieron apoyarse en otros directivos comunales.
Sankán, por ejemplo, requirió de los votos en el concejo para otorgar los cuestionados contratos, y las interceptaciones telefónicas delatan diálogos para buscar estas voluntades: 6 concejales de Arica están formalizados por cohecho por esta situación. En Hualpén uno enfrenta el mismo cargo: El hijo del alcalde -quien ahora lo subroga en el cargo-, Miguel Rivera, por supuestamente haber pedido a un empresario un pago de cinco millones a cambio de facilitar trámites municipales.
La jerarquía municipal sigue bajando: En ambos casos están formalizados los directores del Serplac y del Departamento de Aseo y Ornato, entre otros. Es que en ambos casos eran los que de una u otra manera fiscalizaban la realización de los contratos.
Dádivas a funcionarios
Según las indagaciones de la fiscalía, todos los funcionarios municipales involucrados recibieron dinero por no hacer su trabajo como correspondía.
En el caso de Hualpén durante dos años empleados municipales recibieron pagos de horas extraordinarias que nunca realizaron, dineros que luego redireccionaban al pago de un préstamo que le permitió al alcalde y a algunos de estos mismos funcionarios adquirir una propiedad en la comuna por $20 millones. Sería supuestamente una sede social.
En el norte, las dádivas eran canceladas por un privado para asegurar informes técnicos favorables y la aprobación de las licitaciones a las que postulaba (razón por la que entregaban supuestas coimas a los concejales). Se indagan los montos totales, pero en algunos casos se habla de transacciones por hasta $4 millones.
Omitir la fiscalización
Lo que se buscaba era evitar la supervisión y el adecuado control en materia de contratos o de otorgamiento de autorizaciones.
En Arica, los inspectores técnicos de obras nunca advirtieron del incumplimiento de contratos sobre el vertedero municipal o el de contenedores de basura. Ni siquiera propusieron realizar descuentos, aplicar multas ni ejecutar boletas de garantía o rescindir los contratos por la vía judicial.
Hualpén actuó en forma similar, pero en lo referido a las fiscalizaciones de una empresa de extracción de áridos a la que se le concedió el permiso sin que ésta cumpliera siquiera con la documentación.
Los inspectores nunca visitaron el predio donde se realizaban las actividades y era la empresa la que informaba de los volúmenes de extracción de arenas a su arbitrio, lo que redundó en un cobro menor de derechos municipales.
Disimulo del enriquecimiento ilegal
En las dos situaciones, los fiscales lograron configurar además el delito de lavado de dinero, dado que a sabiendas que los dineros obtenidos eran producto de conductas ilícitas realizaron una serie de actos destinados a disimular el origen.
Marcelo Rivera (Hualpén), por ejemplo, entre los años 2007 y enero de 2012 adquirió bienes que inscribió a nombre propio o de terceros por casi $100 millones: dos vehículos (una Ford Explorer 2009, por $15 millones 500 mil, que inscribió a nombre de su esposa y un Suzuki Swift de $3 millones 500 mil que puso a nombre de un hijo).
El problema es que según el Servicio de Impuestos Internos ni la mujer ni el hijo pueden justificar haber ganado el dinero suficiente para adquirir dichos automóviles.
Waldo Sankán, en tanto, según la investigación del Ministerio Público habría construido una vivienda de un valor comercial superior a los $180 millones, que luego vendió a una prima por $30 millones : lo curioso es la mujer gana mensualmente $250 mil pesos y el inmueble sigue siendo ocupado por la familia de Sankán.
Además se estableció en que 2011 invirtió una cantidad indeterminada de dinero en una radio y para disimular habría utilizado a dos amigos como palos blancos para suscribir el contrato de arriendo.
Nexos con la política
Otra de las coincidencias de estos casos es el vínculo con diputados locales.
En Arica las investigaciones incluso hicieron aparecer una conversación telefónica entre uno de los involucrados con Orlando Vargas, diputado PPD, quien se comprometía a conseguir un voto en el concejo.
El parlamentario negó la situación y no se le imputan cargos actualmente.
En Hualpén el nombre del diputado Carlos Cristián Campos (también PPD) apareció en varias partes de la investigación, dado que cuando comenzó a operar el sistema ilícito de corrupción él era administrador del municipio.
No hay cargo en su contra, pero ha trascendido que aún no se agota la investigación respecto a su persona.
Las dificultades de la fiscalía para investigar el mundo políticoLos principales insumos para las investigaciones que realiza el Ministerio Público en materia municipal provienen de Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pues -como reconoce la directora de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera - en esta área prácticamente las denuncias no existen .
-En los casos que limitan con el mundo político, ¿hay mayores complicaciones?
-No es una investigación como cualquiera. La importancia pública de los personajes involucrados genera una mayor complicación, como el efecto mediático que conlleva y que puede obstaculizar diligencias. Nos enfrentamos a discursos que dicen que todo corresponde a una persecución política, lo que puede generar un manto de duda en la investigación que nosotros, de manera objetiva y muy técnica, realizamos.
Agrega que también suelen toparse con "la irresponsabilidad jerárquica. Que se nos diga que " nunca supe, que tengo tantas funciones y no me di cuenta... ". Eso está siempre presente", reconoce.
La "lealtad en el silencio"
-Se critica que muchas veces se llega sólo a mandos medios...
-Lo que pasa es que el funcionario declara que el diputado o el alcalde nunca supo, ni estuvo enterado. Y eso se ve favorecido porque tampoco tenemos un alto nivel de penas asociadas a los casos de corrupción y a veces no resulta tan grave para algunas personas asumir la culpa cuando tendrán una pena remitida. Además, cuesta que la gente colabore, hay reticencia. Incluso hay mucha retractación y esta sensación existente en el mundo político de cierta lealtad en el silencio, de no decir nada. Eso complica la obtención de mejores resultados.
-Cuando se trata de parlamentarios, ¿tienen algún trato especial?
- Todos reciben el mismo buen trato que se les da a los imputados por la fiscalía. Pero no podemos negar que es una situación distinta, incluso desde lo técnico, cuando hay un parlamentario involucrado. Nos obliga a pasar más veces por tribunales: hay que pedir desafuero y eso es sólo para decidir si se puede investigar una causa, porque no es un pronunciamiento de responsabilidades.
Y ahora es más complicado, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (se refiere al caso del DC, Jorge Sabag) que nos dijo que si como Ministerio Público nos va mal en una petición de desafuero, no podemos apelar: Sólo puede hacerlo el parlamentario.
- A su juicio, ¿falta generar mayor cultura de probidad?
-Más que cultura, creo que no hay conciencia de que efectivamente hay una lesión importante al Estado de Derecho en estas conductas. Cuando aparecen estos casos decimos qué feo y qué sinvergüenza , pero se nos olvida y al poco tiempo vemos a personas que estuvieron muy involucradas en estos hechos en ciertos cargos públicos. No nos damos cuenta que son fondos desviados que estaban destinados a superar la pobreza y no nos importa que se pierdan esas platas porque caen en manos de corruptos.
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