Instituto de Derechos Humanos y varias ONG se la juegan por ventilar en tribunales civiles causas por supuestos abusos de uniformados: «La Segunda Sábado» indagó en las querellas.
Una mujer obligada por otras con uniforme a ejercitarse desnuda en el baño de una comisaría, balines de goma en el cuerpo, golpizas a jóvenes que no participaban en las protestas, bombardeos con lacrimógenas a hogares con niños durmiendo.
Situaciones como éstas, enmarcadas en las protestas sociales de los últimos dos años, se ventilan hoy en la justicia y ya han salido de nuestras fronteras. Todas buscan acreditar si hubo o no violencia policial excesiva, como desde hace tiempo denuncia, entre otros, el mundo mapuche y personas en situación de marginalidad. Son acciones promovidas por ONGs y entidades públicas como el Instituto de Derechos Humanos (INDH), que controlan si se cumplen los criterios de actuación de Carabineros: racionalidad en el uso de la fuerza y gradualidad en la disuasión.
Cuantificar el fenómeno es difícil. Para la presidenta del INDH, Lorena Fríes, es comprensible que a más protestas, mayores denuncias por actuaciones indebidas: "Pero el problema existe y debe preocuparnos", enfatiza.
Según registros de la Corte Marcial, en enero-febrero de 2011 se tramitaban 1.777 casos de violencia innecesaria denunciados en el Segundo Juzgado Militar de Santiago (la cifra incluye a detenidos comunes). En igual período de 2012, se acumulan 2.657 causas.
En los últimos cuatro años, provenientes del mismo juzgado, llegaron a la Corte Marcial -por apelación o revisión final- 325 casos: Sólo 19 terminaron en sentencia (una última acción fue el procesamiento de un capitán de Carabineros por uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios en Isla de Pascua).
«La Segunda» indagó en los casos judicializados a partir de las protestas de 2011-2012, para determinar en qué tipo de situaciones se podría estar endureciendo la mano policial.
Como contraparte, Carabineros niega que posibles excesos sean parte de una cultura institucional y enfatiza que ellos también han sufrido la violencia ciudadana (más de mil funcionarios heridos en las manifestaciones). Además, se aprecia un giro de la institución: Nuevas mallas curriculares en temas de DD.HH., nuevos protocolos de actuación en protestas e incluso reconociendo que el derecho de reunión es más importante que el de libre tránsito.
Golpes extra "servicio"
"(Este) juez debe ser extremadamente prudente a objeto de no lesionar derechos de los ofendidos y de no generar menor protección judicial que la que demanda la Convención Americana de DD.HH."
(Juez Cristián Sánchez, al rechazar traspaso a la justicia militar de un caso por "tormentos").
El INDH y algunas ONG han presentado cerca de 20 querellas por tormentos o apremios ilegítimos en juzgados de Garantía, para evitar que la justicia militar asuma los casos: no puede entenderse como "actuación en acto de servicio" una golpiza a un manifestante, argumentan.
Y jueces como Sánchez acogen esta mirada, por ejemplo en lo que dice haber vivido el estudiante universitario Jaime Navarrete : El día de la marcha de la CUT de agosto pasado, salió con su hermano y un amigo desde la Usach tras esperar que pasara la revuelta... De pronto "sentí que gente corría atrás mío (...). No me alcanzo a dar la vuelta cuando caigo al suelo por un golpe en la cabeza. Me empiezan a patear y a tirar palos... Nos subieron a un furgón verde con blanco", es su relato.
"Adentro -continúa-, iba con la cara sangrando. Como a los 15 minutos, creo, nos bajan y debajo de un puente (...), nos dicen que corramos, que nos van a matar, y nos apuntaban con armas de fuego. Cuando intenté darme vuelta para mirar (...), vi que lo que sostenían no eran pistolas, creo eran metrallas. Nos dejaron ahí...".
El juez enfatizó que "ni siquiera fue trasladado a una unidad policial (...), no se le pasó a control de detención (...) Estaríamos en presencia de una maniobra policial que ha importado un mero abuso de poder ".
Algo parecido detectó el INDH en su trabajo en Aysén: Raúl Mancilla Vera (29 años) "declara haber sido golpeado con pies, puños y bastones... Es trasladado a un sitio eriazo, obligado a arrodillarse y amenazado de muerte. Pide por su vida (...), pues pensaba que lo iban a matar...".
Francisco Arias, estudiante de la Universidad Alberto Hurtado , detenido por Fuerzas Especiales el 9 de agosto de 2011, en el Paseo Bulnes, luego de "mostrarle" una tarjeta roja a un zorrillo en una marcha estudiantil: "Soy subido a un bus de carabineros (...) empiezo a recibir golpes (...) para inmovilizarme, me apretaban los ojos (...) un carabinero me golpea en el suelo, con su rodilla (...) quiebra dos de mis costillas, y casi al borde del desvanecimiento, empiezo a pedir que se detengan por favor (...) me siguieron pegando un momento más, luego, me soltaron".
El relato -extractado del informe llevado por "Asesoría Ciudadana" a la Comisión Interamericana de DD.HH.- terminó en querella por "tormentos y apremios ilegítimos" (la historia continúa: en la comisaría lo revisaron y se le dijo que estaba bien... pero él fue luego a una clínica. Diagnóstico: dos costillas rotas y lesiones oculares).
Lacrimogenas por monton
"...En las grabaciones audiovisuales se aprecia caída de bombas lacrimógenas en el antejardín de los inmuebles, sin que se observen manifestantes... Además de la observación efectuada por este juez en las paredes exteriores del impacto de diversos proyectiles, presumiendo que corresponden a balines de goma..."
(Juez de Menores de Puerto Aysén).
Carabineros dice no haber sistematizado la información sobre sumarios abiertos por excesos en las protestas. Sí reconocen 29 indagaciones administrativas por hechos ocurridos en Aysén, especialmente por mal uso de lacrimógenas.
En esa zona, el INDH detectó dos situaciones de "violación de morada y daños a casas como consecuencia del accionar policial" la madrugada del 15 de marzo.
Hubo una cincuentena de recursos de protección en reclamo del accionar policial: 49 de ellos fueron rechazados.
Quien sí decretó una "prohibición absoluta" de lanzar lacrimógenas y balines a casas de la población Pedro Aguirre Cerda fue el juez de Menores de Puerto Aysén, Juan Silva. En esas viviendas habitaban niños de entre 3 y 15 años que ese día dormían en sus piezas cuando se arrojaron lacrimógenas. El hecho -según el juez- les provocó "asfixia, irritación en los ojos y garganta, temor e incertidumbre".
También está el caso de un quinceañero que, según el INDH, "estando detenido (...) fue dejado en el carro celular, donde le habría sido arrojada una granada lacrimógena en el interior". Carabineros inició un sumario.
Otro episodio semejante ocurrió en Santiago, cuando en agosto un policía arrojó una lacrimógena al interior de un sindicato: Fue dado de baja.
"Estamos restringiendo el uso de disuasivos químicos, además de que son demasiado caros", dijo el general director de Carabineros, Gustavo González Jure , ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara.
Balines reiterados
"Claudio Alex Palma Guzmán, 35 años, obrero soldador, recibe balines o perdigones en el rostro y la espalda... En el suelo nuevamente le tiran escopetazo en los pies"
(Primer informe Aysén, INDH).
Otro número de sumarios administrativos iniciados por Aysén corresponden al mal uso de la escopeta antimotines. De acuerdo al INDH, en varios casos se usaron "directamente al cuerpo de los manifestantes".
La directora de la entidad dice que constataron "gran cantidad de personas con más de un perdigón en el cuerpo (...). La radiografía de Teófilo Haro muestra que tiene cinco balines en la cabeza".
Haro perdió la visión en uno de los ojos que recibió un perdigón (cinco personas en total terminaron con lesiones oculares graves por balines). Carabineros abrió sumario y acaba de dar de baja a quien le disparó a Haro.
Hubo versiones de uso de perdigones de plomo: ante los diputados, el general González lo negó. El INDH reconoce que "no apreciamos uso de balines de plomo".
Trato hacia mujeres
"Me tomaron entre cuatro carabineros. Cada uno me llevaba de una extremidad. Un quinto carabinero me dio tres patadas con los bototos, una en la vagina. Había también una carabinera que me dio patadas en la vagina...quedé sangrando"
(Javiera Sepúlveda, 14 años).
En octubre, la estudiante Javiera Sepúlveda participó en la "toma" del río Mapocho de los secundarios por las demandas educacionales. Asegura haber sufrido excesos en el desalojo. La ONG Humanas tomó el caso: Se querelló por "abusos sexuales" en contra de Carabineros.
Por decisión de la jueza de Garantía Alicia Rosende, el caso debe seguir en manos de la justicia ordinaria, dada la eventual grave violación a los derechos de la niñez.
Para la abogada de la ONG, Patricia Rada , "los abusos policiales a las mujeres de las movilizaciones estudiantiles tienen una marcada connotación sexual. Por lo menos un 80% de mujeres detenidas refiere algún agarrón de por medio. También se ven varios casos de desnudez forzada, golpes en los genitales e insultos".
De hecho, próximamente agregarán una querella por el caso de Ana, joven mayor de edad detenida en una protesta en apoyo a Aysén: "En la comisaría, la llevan al baño. Dos carabineras la hacen desnudarse completamente y la obligan a hacer ejercicios como correr, sentadillas y flexiones de brazos". Su relato incluye insinuaciones sexuales, y la intervención de un policía que puso orden.
Desde la Universidad Diego Portales llevan meses monitoreando el comportamiento policial en las protestas, que será parte del Informe de Derechos Humanos 2012 . Quien dirige esa parte de la investigación, el abogado Alberto Coddou, enfatiza que "este es un tema que está en la agenda y del cual la autoridad política debe hacerse cargo con medidas concretas. Y como un modo de interpelarla desde un centro académico, preparamos este análisis: Ver cuáles son los patrones de abuso -incluyendo grupos vulnerables como adolescentes y mujeres-, qué pasa en los buses institucionales y en la formación de los carabineros".
