Por Felipe O'Ryan S. 

Con arraigo nacional y firma mensual en la 47 comisaría de Las Condes quedó el empresario Manuel Cruzat Infante durante los 8 meses que durará la investigación en su contra por el delito de quiebra fraudulenta de la sociedad Curauma, su proyecto inmobiliario emplazado en la parte alta de Valparaíso. El dictamen emanó hoy del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde a las 9 de esta mañana se llevó a cabo la audiencia de formalización donde también fueron acusados los ex ejecutivos de la sociedad, Antonio Espinoza Pizarro, Eduardo Romo Martínez y Ricardo Muñoz Parra, a quienes se les aplicaron las mismas medidas cautelares.

"El delito que se les imputa tiene que ver con la declaración de quiebra fraudulenta, cuyas penas van desde los 541 días hasta 10 años. Es una pena baja", explicó el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, a la salida de la audiencia de formalización.

El delito de quiebra fraudulenta considera diversas hipótesis respecto al actuar de los formalizados: que ocultaron documentos y libros de contabilidad, que falsearon información que debió ser proporcionada por ley y que se llevaron a cabo operaciones dolosas para disminuir activos y aumentar pasivos.

"Respecto a las medidas cautelares, no hemos tenido mayor discusión porque son las mismas que se piden para las personas en el caso de hurto", comentó la abogada Catherine Lathrop, quien lidera la defensa de Cruzat, a la salida del Centro de Justicia. "Tomando en cuenta que son cautelares de intensidad que son sólo comparables con el hurto, guarda relación con la relevancia que tiene esta causa y el sustento que tiene la misma", dijo.

Quiebra y falta de información de contabilidad

La quiebra de Curauma se produjo el 18 de diciembre de 2013. En enero de 2014, el síndico designado para hacerse cargo de la compañía, César Millán, denunció que los libros contables no estaban y que tras ser solicitados, le fueron negados. Millán interpuso una querella a la que se sumó Euroamerica (uno de los principales acreedores de Curauma) a principios de julio por quiebra fraudulenta, cuando el caso lo tomó el fiscal Gajardo.

Esto, pese a que el asesor de Cruzat, Rafael Fazio, aseguró en julio del año pasado que "la información está en las oficinas del síndico. Se le ha entregado y solicitado acuso de recibo de los mismos, sin obtener más respuesta que una denuncia en Fiscalía. Esto consta en diversa correspondencia". Esta es en parte la estrategia que seguirá la defensa de Cruzat (ver recuadro).

"La Fiscalía dice que no se proporcionó la contabilidad", asegura Gajardo. "Para eso hay un informe que evaluó un perito de la Universidad de Chile que indica que, analizados los antecedentes que se acompañaron, estos no reúnen las características para ser considerados como contabilidad fidedigna de la empresa".

Lathrop es la misma abogada que integró el equipo legal que defendió a Cruzat en 2013, cuando fue formalizado por la apropiación indebida de US$40 millones cometida por la empresa miscuentas.com, de su propiedad, en contra de CMR Falabella. En ese entonces, la defensa de Cruzat acordó el pago de US$6 millones para concluir el litigio.

 La estrategia de su defensaAbogada Catherine Lathrop

En el plazo de 8 meses que durará la investigación, Catherine Lathrop espera poder acreditar que no hubo operaciones ficticias que hayan concurrido en irregularidades en la contabilidad de activos y pasivos. "Y respecto del hecho del síndico, es derechamente no efectivo. Si un síndico en este país no conoce el sistema Softland (software en el que las empresas llevan sus contabilidades) no es nuestro problema". Lathrop asegura que se demostrará que al síndico designado para hacerse cargo de la compañía, César Millán, se le entregó el usuario y las claves de acceso el día 23 de diciembre de 201, y que "lisa y llanamente no quiso entrar en el terminal de acceso que había en las oficinas de CB, como tampoco quiso que se le instalara en su oficina para poder acceder a la contabilidad, como cualquier otro síndico diligente hubiera hecho".