Hoy se dio inicio a la audiencia contra uno de los más estrechos colaboradores de Julio Ponce. Su formalización fue por falsificación de actas de directorio.
Esta mañana fueron formalizados Aldo Motta y Claudia Morales en el marco de la investigación del caso Cascadas
Foto CLAUDIO CORTES
En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló hoy la audiencia de formalización del gerente general de la sociedad Norte Grande, Aldo Motta Camp y de la secretaria de actas de la sociedad, Claudia Morales, por el presunto delito de entrega de información maliciosamente falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), al mercado y a las bolsas.
El caso se relaciona con las millonarias sanciones cursadas por la SVS tras detectar un esquema de operaciones bursátiles que habrían beneficiado al controlador de esas compañías, Julio Ponce, y a un grupo de ejecutivos cercanos, conocido como el "Caso Cascadas".
En ese marco, el fiscal José Morales investiga a Motta por haber entregado actas de directorio supuestamente adulteradas en las que los integrantes de la mesa de Norte Grande habrían visto y aprobado transacciones relacionadas con acciones de Soquimich (SQM).
En ese contexto, el ministerio Público acusa que Mota entregó a la SVS cuatro actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de directorio de Norte Grande que estarían adulteradas y falsificadas, en las que Motta -como responsable legal y custodio de dichos documentos- habría incorporado en la tabla de temas a tratar, la venta de acciones de SQM a la empresa relacionada Oro Blanco.
En virtud de esa acusación, la fiscalía solicitó la formalización y el decreto de arraigo nacional para Motta, ejecutivo que arriesga una pena de cárcel de entre cuatro y 10 años. En cambio para Morales sólo se solicitó su formalización. El arraigo para Motta será por tres meses mientras dura la investigación.
En la causa que lleva la magistrado Carolina Gajardo, el abogado de Motta, Julián López, intentó derribar todas y cada una de las acusaciones de la fiscalía, señalando que se intentaba imputar a Motta por un delito incorrecto, que la fiscalía se apoyaba en testigos vinculados a uno de los querellantes (Moneda), que las actas entregadas a la SVS no eran las definitivas, que Motta había concurrido a todos los llamados de la fiscalía, entre otros.
Uno de los puntos que más cuestionó López, fue la que la fiscalía se apoyara en el testimonio del director de Norte Grande, Pablo Guerrero -abogado de Moneda desde 1999-, quien entregó copias de actas originales y afirmó que en 2011 nunca se trató en los directorios de la sociedad la venta de acciones de SQM a Oro Blanco.
Al respecto, la defensa de Motta, señaló que el testimonio de Guerrero fue el único que evidenció dicha falta, por cuanto otros directores de la sociedad sí señalaron haber tratado la operación.
El abogado de Motta agregó que en cuatro oportunidades, Guerrero dio distintos argumentos, contradictorios entre sí, sobre la misma materia, lo que desde su punto de vista restaría verosimilitud a su relato.
Las principales incongurencias por las que el Minsterio Público pidió formalizar a Motta y a Morales por los delitos de falsificación y entrega de información falsa, tienen relación con que la fecha que figura en los escritos no coincide con las de citación a esas reuniones.
Cada página de las actas tienen una "media firma" o "mosca" de los directores, pero ninguno de los cuatro documentos cuestionados y entregados a la SVS tienen dicho distintivo.
Según la fiscalía, todo este entramado tenía como fin incorporar en las actas (como autorizadas por el directorio) transacciones de acciones de SQM que fueron parte del esquema investigado por la SVS.
