Expertos señalan que para permitir la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga en el sector público, se requiere de una reforma constitucional y de numerosas modificaciones legales.
Una vez más, los grandes marginados en la reforma laboral que propuso el gobierno son los trabajadores del sector público. Como ocurre desde antaño, a este universo superior a 700.000 personas se los cataloga como servidores públicos, sin derecho a sindicalización, negociación colectiva ni reconocimiento para declarar la huelga legal.
En su génesis conceptual, un servidor público está al servicio de los ciudadanos e hipotéticamente siempre debiera estar disponible para servir a otros, con más estoicismo que beneficio personal. Por eso quizás su empleador, el mayor del país, los mantiene excluidos de la legislación laboral común que se aplica en el sector privado y también en las empresas del Estado descentralizadas, que operan con criterios mercantiles.
Pero la realidad es otra, porque estos trabajadores sí tienen organizaciones (comúnmente llamadas agrupaciones), declaran paros de actividades y todos los años participan en la más grande de las negociaciones colectivas que se realizan en Chile. Y no solo eso: negocian de manera transversal, por rama de actividad, lo cual está negado por ley para los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo.
La última gran negociación colectiva en el sector público se realizó a fines del año pasado (ver recuadro) y participaron de sus beneficios desde el modesto auxiliar de un hospital, hasta un general de la República y un académico que trabaja en una universidad estatal. Los parlamentarios también sacaron su tajada, en su calidad de servidores públicos.
En aquella negociación se acordó un reajuste nominal del 6%, lo que implicó un reajuste real (descontada la inflación de 2014) de 1,4 puntos porcentuales, cifra superior a lo que normalmente logran los sindicatos que negocian amparados en el Código del Trabajo.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, arguye que a los trabajadores del sector público no se los consideró en la nueva propuesta de reforma laboral, que se tramita en el Congreso, "primero, porque no estábamos en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet; segundo, porque es un tema de suyo complejo que debe abordarse de manera separada, entre otras cosas porque obligaría a una reforma constitucional; y tercero, porque desde el año pasado estamos participando en una mesa de negociación con el gobierno, para abordar estas y otras materias".
La referida mesa la integran dirigentes de trabajadores fiscales y representantes de los ministerios de Hacienda, del Trabajo, Secretaría General de Gobierno y el Servicio Civil. En la Anef esperan que durante 2015 arriben a un acuerdo marco. "En 2014 hicimos la siembra y este año esperamos obtener los frutos", graficó Raúl de la Puente, quien a fines de noviembre del año pasado no concurrió con su firma al protocolo que otras 11 agrupaciones concordaron con el gobierno, junto con la CUT y el Colegio de Profesores. En ese momento De la Puente consideró insuficiente el reajuste acordado.
En el diagnóstico de la Anef, el principal problema que enfrenta este sector es la precariedad del empleo y la inestabilidad de más del 60% de los trabajadores, los cuales en la práctica son "temporeros", porque cada 31 de diciembre terminan el contrato y quedan a voluntad de sus jefes para obtener su renovación. Otro problema son las bajas remuneraciones, en comparación con lo que ganan los cargos equivalentes en el sector privado e, incluso, en empresas autónomas del Estado, que aplican el Código del Trabajo. De la Puente también menciona como un problema grave la inexistencia de un código de buenas prácticas laborales, para evitar los abusos.
Entre las medidas urgentes que el presidente de la Anef propone está el mejoramiento de las normas que se aplican a los trabajadores que se jubilan, quienes luego pasan a ganar un tercio del ingreso que obtienen como activos. Junto con ello pide que el patrón Estado se haga cargo de la desprotección absoluta que afecta a los trabajadores que se desempeñan a honorarios y que no tienen derecho a salud, previsión y otros beneficios; y la necesidad de que las organizaciones del sector adquieran la titularidad en las negociaciones colectivas de hecho que se realizan.
Esto último impediría, entre otras cosas, que muchos empleados públicos que no tienen arte ni parte en las negociaciones, se beneficien de sus resultados como, por ejemplo, los uniformados, los ministros y subsecretarios, y los parlamentarios.
De la Puente subraya que a la mayoría de los empleados públicos se les debiera permitir que negocien sus condiciones contractuales y que se les reconozca el derecho a huelga. Así y todo, el dirigente reconoce que en los últimos años han avanzado en otros ámbitos que tienen que ver con la carrera funcionaria y con la aplicación del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG). Este último sirve de base para asegurar una asignación por desempeño que equivale, en promedio, al 30% de la remuneración mensual y que se paga cada tres meses. Además, en algunas reparticiones se pagan asignaciones derivadas de la percepción sobre la calidad de la atención que hacen los mismos usuarios y que es medida por entidades externas.
En comparación con otros países de América Latina e incluso de la OCDE, Raúl de la Puente dice que en Chile los trabajadores del sector público son pocos y que, sin embargo, los estándares de eficiencia que exhibe el país "están entre los más altos del mundo, en mediciones que han hecho organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)". Asimismo, añade que los índices de corrupción son bajísimos, tal como lo han constatado los informes de Transparencia Internacional.
"Somos pocos y gastamos poco, pero somos muy eficientes y honestos", asegura Raúl de la Puente.
Al diputado PPD Cristián Campos, miembro de la Comisión Laboral de la Cámara, le habría gustado que se incluyera a los trabajadores públicos en el actual proyecto de reforma laboral porque, en su opinión, así será una reforma incompleta, al no considerarse a este amplio sector. Sin embargo, aclara que tal como está, "se trata de un buen proyecto para los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo".
"El compromiso del gobierno es equilibrar y profundizar la negociación colectiva, como también fortalecer y mejorar las herramientas que tienen los trabajadores al momento de negociar sus beneficios", aclara Campos. Sin embargo, agrega que "hubiese preferido un proyecto donde los puntos relevantes del sector público también estuvieran presentes". Esto es, "permitir la negociación colectiva y abordar la problemática de los trabajadores a contrata y a honorarios". El diputado dice que no quisiera ver que al término de esta tramitación "quedemos con la sensación de que la mesa quedó coja".
Campos asegura que junto con el diputado Tucapel Jiménez, "vamos a recordar periódicamente que estamos en deuda con el sector público" y que deberá realizarse una reforma integral para estos trabajadores, porque a su juicio una indicación más o una indicación menos, "es superficial, ya que estos temas deben ser abordados en su conjunto y no tengo dudas que la ministra Javiera Blanco así lo hará".
El abogado laboralista, Andrés Dighero, del estudio Alessandri, adelanta que una reforma laboral para los trabajadores públicos "es tremendamente compleja, porque desde un punto de vista estrictamente técnico, en nuestro ordenamiento jurídico no existe un reconocimiento expreso de los derechos de negociación colectiva y de huelga y, muy por el contrario, tales derechos se encuentran sancionados y prohibidos".
El abogado Dighero explica que una reforma de este tipo sería una tarea titánica, ya que requeriría modificar el artículo 19 de la Constitución, que establece la prohibición expresa del derecho a huelga para los funcionarios públicos de la administración central y de las municipalidades.
Detalla que similar destino debería tener el artículo 84 del Estatuto Administrativo, que prohíbe a los funcionarios del Estado la sindicalización y el derecho a huelga; llegando incluso, en este caso, a disponer la destitución. Pero eso no es todo, porque el artículo 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado, establece sanciones por las huelgas y los paros ilegales de servicios públicos o de utilidad pública.
Todo lo anterior, sin dejar de mencionar que el propio Código del Trabajo requeriría modificaciones para adaptar la terminología que se utiliza, ya que al igual que en la Constitución, se habla de empresa, concepto que es incompatible con un organismo público.
Según Dighero, "podrían existir otras poderosas razones que llevaron a este Gobierno a optar por no incluir a los funcionarios públicos en esta reforma, una de las cuales es que, a pesar de todas las prohibiciones y sanciones que dispone la ley, hoy los funcionarios del Estado negocian colectivamente de facto y ejercen el derecho a huelga, con menos reglamentaciones y barreras que las que se aplican a los trabajadores del sector privado".
