¿Se repetirá un "septiembre negro" como el de este año? La Superintendencia de Valores y la Fiscalía Nacional Económica encabezarán una asonada fiscalizadora que se espera igual o más dura que la de 2014.
Pocos esperan que se repita el "septiembre negro" de 2014, el mes cuando las cuestionadas prácticas de algunos empresarios se tomaron los titulares rojos. Ese que comenzó con los socios controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, denunciados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por delito tributario; que siguió con la millonaria multa de la Superintendencia de Valores (SVS) a Julio Ponce, León Vial, Larraín Vial y los chicos de las cascadas, y que terminó coronado con la sanción por colusión en la industria avícola a las familias Vial, Ariztía y Covarrubias, y a su coordinador Juan Miguel Ovalle.
Pero aunque quizás las situaciones cuestionables no se concentren en un mes, se espera que el próximo año sea igual o más duro que éste en la tarea de los organismos fiscalizadores del mundo económico: la SVS y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Muchos de los casos que estallaron en 2014 podrían tener su clímax en 2015.
Desde esa perspectiva, podríamos decir que el próximo año ya comenzó con la demanda de la SEC estadounidense en contra del socio del Consorcio Financiero Juan Bilbao y del ahora ex director de Banco Consorcio, Tomás Hurtado Rourke. Ambos fueron acusados de ganar ilícitamente US10 millones y US$500 mil, respectivamente.
La SVS ya empezó a recabar información sobre las transacciones con papeles de CFR en Chile. Probablemente continuará su investigación el próximo año y no es de extrañar que deba reunir documentación, si es que no lo ha hecho, para remitírsela a su par estadounidense. Una de las cosas que deberá dilucidar es de dónde salieron los papeles que compraron Bilbao y Hurtado, pues si son acciones chilenas que salieron al extranjero por la vía de los llamados arbitrajes, la SVS podría verse obligada a formular cargos.
Otro caso que marcará 2015 será la ardua pelea que darán en tribunales los multados por el caso Cascadas. Luego de que la SVS rechazara todas sus apelaciones, la mayoría decidió ir a la justicia ordinaria "en busca de imparcialidad", ya que acusan al regulador de ser juez y parte.
La SVS deberá elevar sus estándares de pruebas, ya que la justicia civil es más exigente para condenar. Los fiscalizadores ya están preparándose con un equipo del Consejo de Defensa del Estado para enfrentar esta pelea en tribunales.
El Caso Penta también tendrá ocupado al organismo que dirige Carlos Pavez. Aunque hasta ahora la atención se ha centrado en los aportes personales hechos a las campañas políticas, el holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín tiene compañías de seguros y corredora de bolsa. Fuentes de gobierno no descartan que el fiscalizador pueda llegar a investigadas si las circunstancias lo ameritan.
El caso La Polar también entrará en su etapa decisiva, con el inicio del juicio oral penal, al que deben sumarse la causas civiles iniciadas por la propia empresa y la adminstradora de fondos de cesantía en contra de los ex ejecutivos acusados.
Aunque la FNE ha dicho que una de sus prioridades de acción del próximo año será el mercado de la salud, es posible que gran parte de su tiempo se lo lleven otros sectores, sobre todo por juicios que aún están en manos del Tribunal de Libre Competencia (TDLC).
El primero, los asfaltos. El Tribunal de Libre Competencia debe resolver el requerimiento por supuesta colusión en este negocio entre las empresas Asfaltos Chilenos, Dynal, Química Latinoamericana y Enex, que en julio presentó la FNE tras la autodenuncia de esta última firma controlada por el grupo Luksic.
El segundo, Transbank. El TDLC reabrió a mediados de año la vista del juicio que busca determinar la eventual concertación de un grupo de bancos para no competir en el mercado de la administración de tarjetas de crédito y de afiliación de tiendas comerciales a estos plásticos.
También deberá defender ante la Corte Suprema el caso más bullado del año, que ganó en el TDLC: el de colusión en la industria avícola, cuyos representantes presentaron recursos de reclamación al máximo tribunal.
Tampoco hay fallo del requerimiento contra Movistar por incumplir con el propósito de eliminar los efectos en la libre competencia de la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil, según la red de destino de las llamadas.
Finalmente, la investigación de la FNE en contra de la Bolsa de Comercio de Santiago por abuso de posición dominante sobre la Bolsa Electrónica lleva casi dos años. Aún está en veremos.
