Ex ministro desliza algunas críticas a la forma en que se han llevado las concesiones de obras públicas en los últimos años.
Hace un par de semanas recibió el Premio Personaje Público del Año de una asociación de colegas ingenieros. El ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz lo ve como un respaldo tras su peregrinar judicial por el caso MOP-Gate, por el que fue condenado a tres años de pena remitida y a una multa de $799 millones.
Alejado de la vida política, dedica casi todo su tiempo al Consejo de Políticas de Infraestructura, donde trabaja junto a un grupo de consejeros entre los que destacan los ex presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, además de los dirigentes empresariales Jorge Marshall, Daniel Hurtado y Rafael Guilisasti.
Desde esta posición, analiza la propuesta del Gobierno de desarrollar un acuerdo público-privado para fortalecer la reactivación. La idea le agrada, pero se suma a las voces que hablan de daño a las confianzas entre ambas partes y repite una palabra que en el empresariado, pero también en autoridades como el vicepresidente del Banco Central, Enrique Marshall, ya se está transformando en un mantra: incertidumbre.
"Hay cierto escepticismo a raíz de señales que generan cierta preocupación", comenta y ejemplifica con su sector: "haber depuesto el programa (de concesiones) de hospitales es una señal que va en la dirección contraria. Lo que ha planteado el ministro de revisar las tarifas de la concesiones luego de 10 años de contrato, hay que explicarlo bien para que se entienda bien, porque así a la primera, da la impresión que los contratos son revisables y eso genera incertidumbre; la fallida licitación del camino a Farellones hay que revisarla", asegura.
-En momentos de desaceleración, al parecer los empresarios no quieren correr riesgos.
-No basta con decir que el sector privado no está dispuesto a asumir riesgos, porque siempre está dispuesto a correr riesgos si es que las condiciones de orden se lo permiten. Tal vez estamos haciendo ofertas de proyectos con tasas de retornos que son demasiado restrictivas como para que el sector privado siquiera se siente a pensar si es atractivo o no. Creo que en el sector privado todavía existe cierto escepticismo y dudas que hay que abordar para clarificarlas y así avanzar.
-¿Esas dudas son parte de los efectos de la discusión de la reforma tributaria o de la serie de reformas en las que está empeñado el Gobierno?
-No, yo creo que las dudas en el ámbito de las concesiones surgen hace 10 años, cuando en vez de poner por delante la vocación inversora que tenía el país desde los 90, se empezaron a poner por delante dificultades de tipo administrativo; se empezó a cuestionar la relación de cooperación necesaria entre el sector público y el privado; se dio curso a un cambio en la legislación (...) que lo que ha hecho es transferir la posibilidad de acuerdos a los tribunales, y eso genera una incertidumbre muy significativa.
Hay un sinnúmero de cosas que han ocurrido en estos años que han provocado que el sector privado se muestre escéptico frente a este tipo de llamados en la medida en que no se hagan cargo de resolver los problemas. En ese sentido, el ministro de Obras Públicas ha hecho una tremenda labor despejando estas dudas.
-¿Cómo evalúa la posibilidad de concesionar la línea 7 de Metro?
-El Metro es un extraordinario servidor de la ciudad y ha sido el principal factor para que el servicio de transporte no haya colapsado. Si nuestra vocación es que el Metro crezca en 80 o 100 kilómetros más de líneas, necesariamente tenemos que recurrir al sector privado para que nos provea de esas líneas y las financie a largo plazo.
-En un seminario del CPI, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, señaló que se necesita una reingeniería de procesos, ¿está de acuerdo?
-El ministro dijo que tenemos que empaquetar los proyectos, de tal manera que podamos acortar los plazos. Eso me parece que está bien encaminado. Como consejo, estamos dispuestos a colaborar para ver de qué manera se pueden generar condiciones tales que permitan que un proyecto no demore cuatro o cinco años desde el momento en que es concedido hasta que es licitado, para que podamos acortar esos plazos.
-¿Habría propuesto otras medidas de reactivación en obras públicas?
-Sería irresponsable proponer cosas si no soy yo el que tiene que ejecutarlas. Pero las medidas del Gobierno son ambiciosas. Anunció una cartera de inversiones de US$28.000 millones para los próximos 6 años. Es una cantidad importante de proyectos, que en sí mismos llevan la intención de que se puedan ejecutar.
-¿Cree que la incertidumbre de los empresarios es consecuencia de las reformas del Gobierno?
-La aprobación de una reforma tributaria genera discusión acerca de los cambios políticos que implica. Asimismo, el anuncio de cambios en la legislación laboral modifica aspectos fundamentales del entorno para el mundo empresarial. Mientras éstos no se consoliden, generan más incertidumbre que certeza en el corto plazo. Pero de no haberse enfrentado esos cambios, probablemente habría mayor incertidumbre, ya no como consecuencia de los proyectos, sino como resultado de las reivindicaciones sociales que, de una u otra forma, sobrepasaron al gobierno de Piñera. Desde el actual gobierno se han dado señales de sobra de que existe voluntad para encontrar un entendimiento con ese mismo sector empresarial que hoy manifiesta incertidumbre.
Utilidades por US$100 millones al 30 de septiembre reportó hoy la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), cuyos resultados se vieron favorecidos por ganancias tributarias.
El resultado final estuvo US$9 millones por debajo de lo ganado en igual lapso de 2013, mientras que su margen bruto -capacidad de transformar en utilidades el producto de sus ventas- disminuyó en US$ 161 millones, desde US$515 millones a US$354 millones.
Los ingresos por actividades ordinarias también cayeron, desde US$8.595 millones a US$7.692 millones, por la caída en el precio de venta de sus productos.
Sin embargo, los beneficios por impuesto a las ganancias ayudaron a revertir el efecto de las ventas y representaron un impulso de US$76 millones a la utilidad final reportada.
El patrimonio aumentó en US$313 millones (a US$544 millones) debido a la utilidad, abono en resultados acumulados por efectos de la reforma tributaria y utilidad neta del período en reservas de cobertura.
La minería del cobre consumirá un 80% más de energía en 2025, según un informe de Cochilco. Para ello, el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) demandará 10 mil Gwh adicionales, que implicaría instalar capacidad adicional de generación por al menos 1.500 MW. Mientras que el Sistema Interconectado Central (SIC) aumentará su consumo eléctrico en unos 8 mil Gwh, lo que implicaría una generación mínima de 1.200 MW más.
El escenario de desacaleración continúa afectando al comercio. Esto, porque en octubre las ventas reales del comercio minorista de la Región Metropolitana anotaron un crecimiento casi nulo de 0,2% real que, aunque superó la caída de 6,6% registrada en septiembre, estuvo lejos del crecimiento de 16% alcanzado en octubre de 2013, según un informe presentado por la Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNC).
