Seguro, crítico, pero dispuesto a colaborar. Así luce el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, que tras la entrada al Congreso de las indicaciones sustitutivas para reformar el Código de Aguas, decidió hablar por primera vez sobre cómo se posiciona el sector minero en esta materia. Si bien deja en claro que no rechaza el proyecto, sí lanza una advertencia: con esta iniciativa no se solucionan los problemas reales de gestión de la sequía, de administración o de buena asignación de los recursos hídricos.

-¿Cómo reciben las indicaciones al Código de Aguas?

-Este proyecto de ley no es viable desde el punto de vista constitucional. Tampoco se concentra en solucionar los problemas de fondo, es decir, con este proyecto no vamos a solucionar los reales problemas de gestión de la sequía o de administración o de buena asignación de los recursos hídricos del país.

Sin embargo, tiene algunos aspectos positivos: se enfrenta a un problema real que tiene hoy el mundo de los recursos hídricos y básicamente un problema vinculado con determinados actores que han especulado con ellos. Entendemos que hay interés por solucionar ese problema y que puede ir en el camino correcto, sin perjuicio que hay que hacer algunas correcciones. Con este proyecto de ley no estamos enfocándonos en los temas fundamentales y desde el punto de vista de la economía legislativa, no es acertado.

-¿Qué indicaciones representan fortalezas y cuáles rechazan decididamente?

- Se valora que haya una búsqueda. Si bien es perfeccionable a nuestro juicio, hay un objetivo real que es controlar de alguna manera los espacios de especulación. Ahí no cabe ninguna duda que es muy útil. Segundo, en ese camino se establece un criterio que nos parece correcto y es que los derechos de agua tienen que estar vinculados a una actividad productiva. Además, establecer una prioridad para el consumo humano también es positivo.

-¿Y cuáles son los problemas de fondo?

- Aquí no existe una legislación que ordene el problema institucional desde el punto de vista de la administración y asignación de los recursos hídricos. Por lo tanto, el primer gran esfuerzo es la creación de la Subsecretaría de Aguas. En segundo lugar, debiera generarse mayor transparencia en la información vinculada a la disponibilidad de recursos hídricos. En tercer lugar, hay que buscar que todos los actores que intervienen en el consumo de agua se sometan a algún procedimiento de fiscalización en cuanto a su uso. Hoy son el mundo industrial y minero, de manera concreta, los que tienen las mayores exigencias (...), pero por ejemplo, el sector agrícola no tiene ninguna norma que evalúe ambientalmente la utilización de recursos hídricos y tampoco hay capacidad de fiscalizar adecuadamente. Al hacer un balance entre las regiones de Tarapacá y de O´Higgins -las regiones mineras- resulta que la gran minería extrae el 5% del agua; el sector sanitario, el 23%, y el sector agrícola, el 72%.

-¿Hay otros?

-Sí. Aquí no hay un plan hídrico nacional, cuestión que venimos sugiriendo hace más de tres años. Tiene que haber una mirada a largo plazo y una organización del manejo de cuencas, que también es muy importante. Si alguien cree que el problema hídrico de este país se solucionará con una reforma que diga que el agua es un bien nacional de uso público a nivel constitucional, se equivoca radicalmente. Está bien que se haga, pero no es el tema de fondo y perderemos tiempo en la discusión legislativa mientras el tema del agua seguirá en el mismo estado crítico que se encuentra hoy.

-¿El problema se concentra en que no se tocan los temas de fondo?

-En esto quiero ser súper claro. No estamos en contra del proyecto, no lo rechazamos. Lo que estamos diciendo básicamente es que en sí mismo tiene algunos aspectos positivos, tiene otros que son perfectibles y otros que introducen elementos de incertidumbre que son delicados. Pero que creemos que durante la discusión legislativa pueden mejorarse. El foco no está puesto en lo realmente importante.

-¿Cuáles son esas indicaciones perfectibles y las que generan incertidumbre?

-En cuanto a las futuras asignaciones u otorgamientos de concesiones de los recursos hídricos, así como la modificación del plazo de duración o la renovación, la ley utiliza no sólo el criterio técnico sino también el de "interés público". Es muy necesario que se especifique cuál es el alcance de "interés público". También se señala que el plazo de concesión de los recursos hídricos, donde ya no habrá un dueño sino un titular, es de hasta 30 años. Pero, ¿cuál es el criterio para determinar si son 30, 20, 25, 14 años en los consuntivos y los que no lo son?. Si bien es un acierto establecer una cierta priorización sobre el consumo humano, en el proyecto de ley se mencionan otros conceptos que no están suficientemente clarificados y que también permiten pensar que podrían existir prioridades por otros criterios. También se elimina el término o la facultad de disposición sobre los derechos y reemplaza la del dueño por titular (...). Pero al eliminar la facultad de disposición, de alguna manera se está cercenando un derecho de propiedad y por eso esta ley pugna con la Constitución.

-¿Pero cómo calificaría estas indicaciones?

-El Consejo en general tiene una actitud colaborativa con los proyectos de ley y las iniciativas legislativas que tienden a solucionar problemas en los distintos ámbitos en los que funcionan. Reconocemos los aspectos positivos, y respecto de aquellos que requieren mayor certeza, vamos a aportar antecedentes.

-El presidente de la SNA, Patricio Crespo, criticó las indicaciones ingresadas calificando algunas de "inconstitucionales". ¿Lo comparte?

- Este proyecto tal como está no conversa con el actual marco constitucional. Se requiere modificar la Constitución para darle viabilidad a este proyecto. En eso Crespo tiene razón. La agricultura está en una situación distinta a la de la minería, porque es mucho más demandante de recursos hídricos y porque tienen tal cantidad de usuarios, que es mucho más difícil fiscalizar el consumo del recurso.