Fin de derechos a perpetuidad, el establecimiento del consumo humano como prioridad y concesiones a 30 años son algunos de los planteamientos centrales.
La prioridad uno de la reforma es el consumo humano.
"Reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público, modificando sustantivamente el Código de Aguas". Con estas palabras de la Presidenta Bachelet en mayo pasado, se inició el debate de una de las iniciativas que forma parte del abultado paquete de reformas que marcará la agenda de los próximos meses. Si bien el 4 de agosto era el plazo para que el gobierno ingresara al Congreso indicaciones al proyecto de ley para reformar el Código, hace sólo tres semanas se presentó la hoja de ruta.
Limitar el aprovechamiento perpetuo del recurso, establecer causales de extinción o caducidad en caso de no uso y el que el Estado podrá limitar el uso de los derechos de agua en función del interés público, son algunas de las ideas.
Para desmenuzar lo que sería el "antes" y el "después", el delegado presidencial de los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, explica que "hoy no hay prioridad en el uso; si esta reforma es aprobada, el consumo humano será primera prioridad. Frente a situaciones de emergencia, el país estará preparado para ejercer esa priorización con instrumentos legales".
Además, dice que "hay un antes y un después respecto a la temporalidad. Hoy los derechos se otorgan gratuitamente a perpetuidad. Entonces, hay titulares de derecho que no los han usado nunca, y se paga una patente por no uso. Pero eso también impide que otros accedan al agua. Hay algunos titulares que son dueños de ríos completos, nadie puede acceder a esa agua y lo tienen a perpetuidad. Se va a decir que si usted no lo usa después de un determinado número de años, para lo que dijo que lo iba a usar, pierde su derecho, y lo vamos a recuperar y lo vamos a asignar a quien lo use".
El ex subsecretario de Agricultura detalla que los nuevos derechos de agua que se entregarán a privados tendrán un "plazo máximo de 30 años, renovables, pero también sujeto a una evaluación". Ruiz enfatiza: "se establece una temporalidad y se establecen causales de caducidad, el derecho se puede extinguir".
El único sector que ha golpeado la mesa en cuanto a este primer lineamiento fue el agro. El presidente de la SNA, Patricio Crespo, expresó su "temor e incertidumbre", incluso tildando algunas indicaciones de inconstitucionales. Mientras, el Consejo Minero manifestó que este proyecto no se concentra en solucionar los problemas de fondo.
Sobre esto, el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, aseguró que "la Presidenta habló de una reforma sustantiva al Código de Aguas, reforma que se complementa con distintas iniciativas de ley". Y agrega que están aprovechando estas para que justamente el resultado final sea más corto "y no tengamos que perder un año o dos años más en la tramitación".
