Advierten que más allá del desafío de gastar el 100% de los recursos contemplados en el presupuesto, subyace la necesidad de aumentar la eficiencia, lo que incluye eliminar el atraso en los proyectos.
En su afán reactivador, el gobierno de la Presidenta Bachelet lleva al menos dos puntos adelantados de ejecución presupuestaria, respecto de su antecesor. La Dirección de Presupuestos (Dipres), estimó que la ejecución del gasto entre enero y agosto de este año llegó a 61,4%, versus el 59,4% logrado por el gobierno de Sebastián Piñera, en igual periodo de 2013.
Frente a esta leve ventaja, subyace una pregunta que se hacen los expertos sobre cuán eficiente y oportuno ha sido el gasto, no sólo para reactivar, sino también para cumplir con el espíritu de la política fiscal, que es gastar cada peso en el requerimiento asignado y en el momento en que se necesita. Tal aprensión surge de lo que ocurre, por ejemplo, en obras de infraestructura, donde se observan notorios retrasos como en la construcción de hospitales o las dilaciones en el pago a proveedores del Estado. En ambos casos, los fondos han sido asignados, pero los plazos no se cumplen.
Según el economista Luis Eduardo Escobar, asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), "la capacidad de ejecutar plenamente un presupuesto, especialmente en lo relativo a inversiones en infraestructura, es siempre menor que las ambiciones gubernamentales, lo cual explica en gran medida el retraso en la materialización de los proyectos".
Agrega que "los presupuestos son expresiones ambiciosas del deseo de un gobierno por llevar adelante su programa, pero nuestro aparato del Estado opera con procesos de mediados del siglo pasado, incluso más viejos, que no se condicen con las necesidades actuales de la gente ni con las de los propios gobiernos".
Escobar subraya que la brecha más notoria entre presupuesto y ejecución se da en el ámbito de la inversión en infraestructura, "es por eso que en el pasado reciente se optó por construir carreteras y autopistas, algunos hospitales e incluso cárceles, por medio del mecanismo de concesiones". Sin embargo, al menos las concesiones de hospitales fueron puestas en tela de juicio por las actuales autoridades.
Según Luis Eduardo Escobar, en general, los funcionarios públicos están preparados para impulsar los proyectos, pero dice que los procedimientos son demorosos. Añade que la tarea de los funcionarios es cumplir todos y cada uno de los procesos establecidos en las leyes y reglamentos, y presentar los documentos de la manera que indican las normas. Pero advierte que en la actualidad eso puede ser extremadamente engorroso y lento.
"La evidencia práctica muestra que los procedimientos actuales no evitan los problemas; esto quiere decir que ha llegado la hora de revisarlos, con miras a hacerlos más eficaces y eficientes, sin dejar de salvaguardar los intereses del Estado", anota Escobar. Reconoce que no es una tarea sencilla, pero sí urgente.
En el informe de Dipres, al que tuvo acceso La Segunda, los ministerios con mayores atrasos en la ejecución presupuestaria a agosto pasado son Economía, Secretaría General de Gobierno, Transportes y Telecomunicaciones, Desarrollo Social y Energía, todos ellos con avances que oscilan entre 48% y 55%, por debajo de la media de 61,4%. A su vez, el que registró el cumplimiento más elevado es el Ministerio de Hacienda, con 71,7%, quizás para dar el ejemplo al resto. En la Dipres dijeron que si bien es cierto que "se produjeron complicaciones propias de un cambio de gobierno, que llevó a que en algunas partidas la ejecución fuese más lenta de lo que hubiésemos querido, en septiembre se registran mejoras en forma sustancial, tal como lo reflejará el informe trimestral -que corresponde al período julio-septiembre- que se entregará el próximo 30 de octubre".
Subrayaron que "tal como lo dijo la Presidenta Bachelet, el compromiso es ejecutar el 100% de los recursos del Presupuesto y en eso estamos trabajando". Explicaron que para ello están optimizando los procesos administrativos, de modo de acelerar la materialización de las inversiones. Por ejemplo, adelantarán a diciembre la identificación de las inversiones potenciales a realizar y reducirán el tiempo para realizar licitaciones, estudios y procesos administrativos, "con el fin de aprovechar la mejor estacionalidad para desarrollar los proyectos".
Los analistas de Dipres señalaron que el proyecto de ley de presupuesto para 2015 "tiene un incremento de $3,3 billones, de los cuales casi el 50% corresponde a gasto de capital", o sea, a inversiones. Subrayaron que ellas serán ejecutadas por privados, lo que se traducirá "en un importante estímulo fiscal durante su período de ejecución, es decir, en el corto plazo". De este modo, reiteraron que la expectativa de crecimiento económico para 2015 es más alta que la de 2014, por sobre 3,5%.
El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Yáñez, experto en política fiscal, se muestra optimista por lo que pueda venir. A su juicio "la eficiencia en el gasto ha ido mejorando a través de los años, debido a la realización de evaluaciones ex ante y ex post de algunos de los proyectos de gasto". Sin embargo, advierte que "queda mucho por avanzar, pues todos los proyectos de gasto deberían ser evaluados antes y después de su ejecución, para examinar los resultados y determinar si se cumplen o no los objetivos que se tuvieron presentes en su realización. Además, dice que los que no resulten bien evaluados deberían eliminarse o reformularse para alcanzar las metas deseadas.
Según Yáñez, las área más sensibles para evaluar son las del ámbito social: "casi dos tercios del gasto se da en áreas como la educación, la salud, la vivienda social, las prestaciones previsionales, deportes y otros; es en éstas donde surgen los mayores cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto, por lo tanto, es allí donde se debería colocar el foco por esta preocupación". El profesor Yáñez dice que debería existir un proceso de actualización permanente del personal que tiene la responsabilidad de la ejecución del gasto fiscal, a través de una capacitación en nuevas técnicas y herramientas de evaluación, así como para la realización de los proyectos.
"Hay mucha gente que se desempeña en el sector público que se actualiza y capacita, pero existe también una proporción del personal que no accede a capacitación, ya sea porque no lo desea o porque no tiene las oportunidades para hacerlo", anota Yáñez.
La investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Cecilia Cifuentes, sostiene que el cumplimiento del 100% de ejecución en el gasto, "no es sinónimo de eficiencia en el sector público". Coincide con José Yáñez en que las evaluaciones con que se cuenta muestran que queda mucho por avanzar y que es positivo que en la última década se hayan estado haciendo mayores esfuerzos en ese sentido.
Respecto del presupuesto 2015, Cifuentes afirma que "contiene un aumento muy significativo de gastos considerados como burocracia, lo que enciende una luz de alerta en este tema". Añade que tanto el gasto en remuneraciones como en bienes y servicios "crece a un ritmo más elevado de lo que aumentan las transferencias". Según la economista del LyD, una de las brechas que es necesario abordar es el manejo de recursos humanos, "tanto en términos de condiciones contractuales, como de incentivos a la eficiencia". Advierte que en el sector público el uso de licencias y de horas extras, por ejemplo, es un fenómeno más extendido que en el sector privado. Plantea como tarea urgente modificar el Estatuto Administrativo, porque a su juicio "no se condice con la realidad actual".
Por otra parte, dice que hay mucha rigidez para reestructurar programas que muestran resultados deficientes. Y por si lo anterior fuera poco, Cifuentes propone seguir avanzando en transparencia, "porque este un buen camino para evitar la malversación de recursos".
