Enviaron una carta al ministro de Economía en el marco del debate de la nueva Ley de Bases de Datos que se enviaría al Congreso a fines de año.
Saltándose el canal oficial establecido para ingresar observaciones al proyecto de Ley sobre Protección de Bases de Datos -que impulsa la Subsecretaría de Economía-, los bancos agrupados en la asociación del sector remitieron a fines de agosto una carta al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. En ella, presentaron sus objeciones al texto y, yendo más allá del marco del debate sobre el uso de la información de los deudores -que se viene extendiendo desde hace 17 años en el país-, solicitaron derechamente tener acceso periódico a la información de las personas que quedan cesantes y de quienes están en mora con los servicios básicos (como la luz o el agua).
La regulación chilena impide que las deudas y morosidades con servicios básicos como luz, agua, gas, telefonía fija o móvil, televisión por cable e internet sean informadas a los boletines comerciales, debido a que los legisladores consideraron en años previos (gobiernos de Frei, Lagos y Piñera) que se trataba de datos altamente sensibles de los hogares chilenos y que afectaban, particularmente, a las familias de menores ingresos.
En su momento, los actores políticos argumentaron que una medida como esta implicaba enviar a una especie de Dicom a todos quienes tenían deudas de servicios básicos, lo que en la práctica significaba impedir el acceso a crédito a millones de chilenos mientras esos datos no se borraran. De hecho, de aprobarse una medida como la solicitada, las pocas bases de datos públicas a las que no accedería la banca serían las del Registro Civil (antecedentes penales y herencias) y de salud (Isapres, Fonasa y las del Plan Auge).
Pese a ello, la banca argumentó en su carta que con esa información tendría mejores herramientas para analizar las solicitudes de crédito de sus actuales y potenciales clientes. Una solicitud que, además, iría en línea con el proyecto del Ministerio de Hacienda que crea un Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), para centralizar y liberar para uso de la banca la información crediticia (morosidades, protestos, líneas de crédito vigentes, acreedores) de los deudores de tarjetas de las casas comerciales que aún no han traspasado ese servicio a los bancos.
En nueve páginas con el membrete de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y firma del gerente general Ricardo Matte, los bancos presentaron sus reparos al anteproyecto de ley sobre Bases de Datos Personales.
Si bien el proyecto había sido puesto en consulta pública en la página web de la Subsecretaría de Economía y recibido reparos y consultas de más de 400 personas e instituciones (como la Cámara Nacional de Comercio, Amcham, Google y Microsoft), sólo cuatro entidades no respetaron el formato de la consulta ciudadana: tres de ellas (Amcham, Comité de Retail Financiero y Equifax) remitieron cartas a la subsecretaria Katia Trusich (quien lidera el proyecto), y la ABIF, que dirigió una misiva directamente al ministro.
Sin embargo, para mantener la transparencia del proceso, Trusich decidió publicar todas las observaciones ingresadas por la web y hacer públicas las cartas recibidas.
La misiva de la ABIF dice que el sector, junto con argumentar sus reparos, expresa los "beneficios" que tiene acceder a más información financiera de las personas para "fortalecer" la competencia en la banca y reducir el costo de endeudamiento de "los buenos clientes".
Tras un análisis jurídico, la ABIF planteó a Céspedes diversas peticiones genéricas. Luego, afinó su puntería y pidió que se ampliara a más actores la actual norma que impide al Boletín de Informes Comerciales (BIC) informar los impagos en que caen los cesantes. Así, los bancos afirmaron que era "necesario" que la Administradora del Seguro de Cesantía "informe a todos los burós de crédito (empresas que venden datos al sector) las nóminas de cesantes de igual forma que el BIC"
Pero la banca fue más allá: "Si bien en su oportunidad el legislador consideró necesario excluir de las bases de datos las morosidades por incumplimientos de servicios básicos, es necesario que las empresas cuenten con esta información, ya que es necesaria para efectuar las evaluaciones de sus clientes".
Redundando en argumentos, la ABIF señaló que "las aprensiones del legislador existentes al tiempo de establecer dicha prohibición, deben entenderse superadas", dadas las leyes ya existentes en Chile.
En medio de este sinceramiento de posiciones, el gremio plantea además que este proyecto de datos personales debía mantener "expresamente" el principio del secreto bancario del sector, sobre todo frente a la creación del Consejo de Protección de Datos, un ente similar a una superintendencia que fiscalizará el cumplimiento de la futura ley.
En su misiva, y ante las intenciones de la Subsecretaría de Economía de tramitar este proyecto de ley junto al que crea el SOE por parte de Hacienda, la ABIF dijo al ministro Céspedes que "valoraba" tales intenciones "para evitar contradicciones regulatorias, afectando con ello la certeza jurídica en una materia tan relevante para la industria bancaria".
Consultada la Asociación de Bancos, su gerente general, Ricardo Matte, dijo que los planteamientos expuestos en la carta a Céspedes sobre ampliar el acceso a los datos de cesantes buscaba extender el beneficio -de no informar las moras de los desempleados- a otras bases de datos. "En otras palabras, compartimos que los buenos pagadores deben tener este beneficio y lo que estamos planteando es extenderlo a todas la bases de morosidad, es decir actuar pro cesantes con buen historial de pago", sostuvo.
Explicó que el anteproyecto de ley de datos personales plantea beneficiar a todos los cesantes independientemente del comportamiento de pago que tenían antes de quedar sin trabajo, "lo que consideramos inadecuado porque daría un beneficio a personas cuyas morosidades no tiene su origen en una pérdida de su fuente laboral y se prestaría para fraudes en solicitud de créditos".
Agregó que, si bien en Chile no está permitido publicar morosidades de servicios básicos, "en un análisis comparado con países de la OCDE y apuntando a la bancarización de segmentos de menores ingresos y microempresarios, pensamos que poder conocer el comportamiento de pago de los buenos deudores ayudará a bancarizar segmentos hoy excluidos del sistema formal de crédito".
Como una solicitud "indignante" por parte de la banca calificó las propuestas de la ABIF el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu),Stefan Larenas.
Agregó que "lo de los servicios básicos es indignante. Estas deudas no se pueden reportar a Dicom, porque el legislador lo protegió, justamente para que las personas no pudieran sufrir ningún tipo de impedimento crediticio o de trabajo por no haber pagada la luz o el agua. Dentro de esa lógica es completamente incoherente y abusivo que se le pida ese tipo de información a las personas. No puede ser", comentó.
Además dijo que "en su afán de bancarizar, lo que la banca busca es encontrar la información de todo el mundo para tener una foto de cada persona y saber si le dan un crédito o no, y eso no corresponde. Es algo abusivo".
En tanto, el ex superintendente de Valores y Seguros y ex presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, señaló que "no parece viable acceder a lo pedido por la ABIF a menos que la ley lo autorice".
Explicó que "el uso del seguro de cesantía y la morosidad de servicios básicos constituyen datos personales. De acuerdo a la ley 19.628, los datos personales sólo pueden revelarse previo consentimiento del titular o autorización legal expresa".
