Desde la publicidad, la sociología y las ciencias políticas, cinco expertos miden el impacto de un hecho que no distingue colores ni instituciones al dejar heridos en el camino.
Para Angel Carcavilla, publicista, la gente siempre "ha sabido o intuido que el poder económico financia la política. Se lo dijeron su abuelo, su padre y lo ven como parte de este juego y lo aceptan. Ahora, cuando se lo gritan en la cara, se impactan; luego, como en todo, miran para el lado, y la vida sigue igual".
"No entiende bien lo que es Penta y el real poder en influencia política y económica. No saben que con una ínfima parte de una consulta médica en la Clínica Santa María están indirectamente cooperando con el financiamiento de un político. Y si lo supieran, no dejarían de hacérsela".
"La gente siempre desconfía, cree que de alguna u otra manera, los están cagando, y estos casos tienden a confirmar lo que intuyen. Pero insisto, están tan acostumbrados a que de alguna manera todos estén coludidos en su contra, que ya no se sorprenden", dice. Sí los jóvenes "están mucho más intransigentes e informados, mal o bien, a través de las redes y ahí habría que ver qué puede provocar todo esto. Probablemente, les confirme que nada se puede cambiar, si no es oponiéndose a todo, que hasta ahora tampoco les ha dado mucho resultado". Comenta que "si no fuera por este gerente despechado y el SII que sólo hizo su pega, todo seguiría tal cual", y que "hace años existe un organismo para velar por la transparencia y no fue el que destapó la olla".
"La gente nunca ha confiado mucho en las instituciones públicas" y "si tienen que recurrir a alguna para su beneficio personal, no van a dudar en hacerlo".
"Salvo el militante ortodoxo, la gente nunca se ha entregado en cuerpo y alma a un partido" ..."No creo que confíen más en Andrade o Schilling por hacer la demanda. Lo deben considerar parte del show".
"Mi visión se aleja un poco del estupor" de redes sociales y medios, dice de entrada Cristóbal Bellolio, cientista político. "Ningún político era un ángel antes de este episodio y ninguno se transforma en demonio después de él".
"Por supuesto" apoya avanzar en transparencia en la relación dinero-campañas, "pero no comparto la sed de sangre".
"Los delitos deben ser sancionados" remarca. Y distingue "prácticas que hasta ahora son legales -como los aportes reservados- que de la noche a la mañana son presentados como actos de corrupción y sus protagonistas integran verdaderas listas negras. Discutamos si es mejor erradicar esa práctica -hay buenos argumentos para ello- pero no atribuyamos categorías morales desde una posición pontificante".
Su calificativo sobre cómo son percibidos los políticos es "pésimo. Andrade tiene un punto: todos quedan emporcados si se impone la lógica de escupir con ventilador al adversario. La gran mayoría tiene tejado de vidrio". "No sé si la imagen de los empresarios pueda seguir cayendo por estos episodios", agrega.
"Creo que la gente los castiga socialmente por otros asuntos, como el de las colusiones". Plantea que este caso en particular no activa la demanda por transparencia, pero sí "pone de relieve su urgencia. Nuestra política suele reaccionar lento".
A su juicio el efecto en la confianza en las instituciones públicas "depende": Si se habla de la ley electoral, en aportes reservados, "se ve dañada al punto de que aumenta la presión por cambiarla". Pero "si SII y Fiscalía son capaces de rastrear, identificar y procesar casos aislados, habla bien de nuestros mecanismos reactivos frente a las irregularidades".
El profesor de la Facultad de Comunicaciones de la UC Patricio Dussaillant señala que el caso "terminará afectando a todos los sectores políticos, porque la opinión pública más enterada tendrá una impresión confusa, ya que según le han venido informando algunos medios, estamos frente a un grupo económico identificado con la UDI, pero que es defendido comunicacionalmente por importantes personeros de la Concertación y, por lo mismo, vinculados a la Nueva Mayoría y al Gobierno. La conclusión de la gente será que todos son los mismos al final del día y los condenará por igual".
Más aún, especifica que "puede que este caso afecte ahora a las derecha y específicamente a la UDI, pero luego vendrá otra situación y los afectados serán de la Nueva Mayoría, y la percepción general no matiza ni distingue, salvo que algún sector haga una gestión de la crisis e incluso la transforme en una oportunidad. Esto último no es precisamente lo que hasta ahora ocurre".
Manifiesta también que "si se observa, las encuestas de antes ya tenían bajísimos niveles de confianza. En este ámbito es difícil aislar el aporte de cada caso en la reputación de la categoría", argumenta.
Por ello su análisis de la situación es que Penta "se debe abordar en el contexto de los casos previos (La Polar; Farmacias; Cascadas; Pollos, etc.) y que "le confirma a la gente su percepción de que todos los políticos son iguales". Como prueba, esgrime los bajos niveles de participación en las últimas elecciones.
"Estas situaciones excepcionales son las que han servido de fundamento al actual relato contra el lucro que domina la agenda del gobierno y el discurso de la Nueva Mayoría", acotó.
"Cuando una situación involucra a muchas instituciones, en un caso cuya investigación aún no está cerrada, hay un riesgo de que todas ellas salgan perjudicadas: SII, justicia, partidos políticos, empresarios, parlamentarios, Gobierno, oposición", advierte Isabel Izquierdo, socia de Nexos, quien avizora resultados disímiles, según el camino que prevalezca: "Si el caso se resuelve enfrentando los problemas, por ejemplo, mejorando la ley de financiamiento a los partidos, habrá valido la pena. Si no es así, el malestar de la ciudadanía sólo se incrementará y el caso habrá servido como motor de rencillas políticas que poco aportan al prestigio del sector".
A su juicio es claro que la polémica "no está siendo recibida como algo positivo, además de confuso, ya que consta de muchos ingredientes" como el tributario yel financiamiento de campañas políticas. Y el caso "se suma a una serie de hechos de connotación pública que han ido instalando con fuerza dos conceptos en la opinión pública: hoy nadie se escapa del escrutinio público ni está al margen de la ley; y que todas las instituciones, llámense organismos públicos, justicia, partidos, empresarios, gobierno, oposición, son susceptibles de corrupción".
Como lecciones, dice que "hay que evitar la tentación de algunos de que todo quede en nada, o la de otros de buscar ventajas políticas. Ambas sólo profundizarán la desconfianza que tiene la ciudadanía de los partidos y la élite empresarial, y que también termina salpicando al resto de nuestras instituciones".
Además, "puede terminar en más descrédito y mayor distancia hacia ellas y hacia las instituciones en general".
Control de daños
"Sin embargo", dice Isabel Izquierdo, "el manejo que tengan las autoridades y los representantes del mundo privado serán fundamentales al momento de controlar los eventuales daños. El uso político de esta crisis y la falta de liderazgos convincentes en el mundo empresarial pueden terminar por incrementar el malestar, impactando incluso a otras instituciones que nada tienen que ver" en esto. "Hace falta altura de miras y una visión país". Para Izquierdo, "las confianzas son bajas y una vez que se rompen son difíciles de recuperar. En el caso de las leyes que regulan la actividad política, es fundamental que el principio de 'conflicto de interés', muy manoseado para referirse a las relaciones público-privado, también se aplique a los parlamentarios que discuten leyes que los afectan directamente".
"¿Qué garantías entrega una ley que modifica el financiamiento de campañas cuando los parlamentarios que la aprobaron van a tener que recaudar fondos para la siguiente elección? Si queremos recuperar la confianza, todas las instituciones públicas y privadas deben dar señales importantes de transparencia", remarca.
También advierte sobre "la tendencia tan extendida entre nosotros los chilenos" de "generalizar y categorizar" a partir de casos puntuales: "ahora 'todos' los empresarios son inescrupulosos; 'todos' los políticos están cooptados por el sector privado; 'todos' los curas son pedófilos. Y eso no es así. Hay que ser muy cuidadoso en el tratamiento de estos temas".
"El ambiente social en Chile está crispado y hay un discurso de desprestigio que hay que evitar. Es innegable que como país tenemos muchas cosas que cambiar y mejorar, y que nos debemos hacer cargo de los problemas que enfrentamos como sociedad, pero hay que ser sumamente cuidadosos en el respeto de las instituciones. De lo contrario se cae en cuestionar la legitimidad de todos y de todo, lo que es sumamente riesgoso"
Y en términos comunicacionales, dice que "lo que falta en este debate es: si queremos cambiar las normas o erradicar ciertas conductas que en el pasado eran habituales, si queremos avanzar hacia una mayor transparencia y probidad, es necesario hacer partícipe a la sociedad de este proceso y no imponerlo a matacaballo o con un exceso de ansiedad o en forma absolutista. Porque lo único que se logra con ello es lo contrario: confundir, enrarecer el ambiente y abrir espacios para oportunismos de todo tipo".
"El caso Penta afecta a la política en general, ya que en un contexto de sospechas de casos históricos (sobresueldos, MOP-Gate), esta vez la gente no va a apuntar a un solo grupo, sino que se retroalimenta de la percepción generalizada de desconfianza, de malestar con el sector político", señala el sociólogo, añadiendo que "cualquier chispa, o sea un parlamentario de la Nueva Mayoría que aparezca comprometido, será más carbón para el fuego".
Recuerda que en la última CEP los partidos marcaron 6% ante la pregunta si dan mucha y bastante confianza, seguidos de los tribunales (10%), empresas privadas y Congreso (12%). Cifra que contrasta con el 56% de Carabineros.
Más allá de los datos empíricos, estima que la opinión pública "tiende a estar muy cerca del sentido común, relativamente racional". Y agrega que "la gente va a reaccionar en forma negativa al principio, en el sentido que habrá un aumento en el nivel de desconfianza institucional, sobre todo en los empresarios y los partidos". Acota que en los últimos diez años se ha deteriorado la imagen del mundo empresarial -antes mejor posicionado que el Parlamento- por casos de colusión de las farmacias, el sector avícola y la situación de La Polar, entre otros.
Pero también opina que el "shock" inicial ante lo de Penta "se puede revertir, dependiendo de cómo procese lo ocurrido el sistema político" y que "en general la gente ve bien las coordinaciones de los actores políticos, los acuerdos transversales". Un ejemplo que a su juicio podría contribuir es si las conversaciones de Cristián Monckeberg (RN) con Osvaldo Andrade (PS) -sobre financiamiento de la política- derivan en un consenso que "generen una nueva legislación ampliamente apoyada, a pesar del escándalo Penta, la gente podría reaccionar bien".
De la misma forma, afirma que "esto impulsará a buscar transparencia en varios ámbitos... Más que eso se podría hablar en Chile de la creciente ciudadanía más demandante que no está dispuesta a aceptar lo que la élite le dice".
