Serios problemas en los servicios de seguridad y vigilancia reveló un informe de la Contraloría luego de realizar una auditoría al Centro de Justicia de Santiago -concesionado- que alberga 9 edificios (entre ellos 6 juzgados de garantía y tribunales orales).

Según el texto final -tras un preinforme reservado ya contestado por la Subsecretaría de Justicia y el MOP- "no existe un operador de cámara permanente en los establecimientos" ya que su jornada "finaliza a las 16 horas", por lo que "no es posible una reacción oportuna ante algún incidente con posterioridad a esa hora".

Agrega que la sala central de cámaras tampoco tiene operación continua y queda sin operador fijo de noche, a lo que se suma que el personal presenta "dificultades y lentitud" para operar el sistema.

El informe indica que los entes a cargo admiten una "dotación insuficiente" de guardias y que incluso se pidió a Gendarmería apoyo en la vigilancia de las cámaras, pese a no estar autorizados.

En las visitas de fiscalización -mayo a agosto de 2013- se constató que hay "puntos muertos" donde no existen cámaras, en especial en el piso 2 (acceso al nivel de la explanada), "precisamente donde se produce la mayor cantidad de incidentes (...) No existe apoyo de televigilancia, lo que constituye un riesgo de reacción tardía en casos de altercados, ingresos de turbas o de personas en estado de intemperancia, con armas o drogas".

Escaso control

El informe detalla que en los accesos principales y pórticos, las paletas detectoras de metales "no son usados a cabalidad" por los guardias, sobre todo con los funcionarios.

También hay observaciones en infraestructura, como cielos falsos no asegurados, estacionamientos inundados o escaleras de emergencia que llegan sólo al segundo nivel.

El informe ordena al MOP instruir "un proceso disciplinario" para determinar responsabilidades administrativas "por el no cobro de multa por parte del inspector fiscal al concesionario".