Empresarios sostienen que faltan especificaciones heterogéneas para todo el país e inspectores más especializados, entre otros.
Como un enfermo más, la construcción de hospitales entró en la UTI. La mayor parte de los proyectos están envueltos en una maraña de problemas que van desde el simple retraso en su ejecución hasta la quiebra de las empresas constructoras.
Un informe del Ministerio de Salud (Minsal) da cuenta de la paralización indefinida de las obras en los hospitales de Calama y Salamanca, así como de los centros de salud familiar (Cesfam) de Illapel, Dalcahue, Chonchi e isla Juan Fernández. En tanto, acusan retrasos considerables en los hospitales Gustavo Fricke (Valparaíso), Exequiel González Cortés (Santiago) y de Pitrufquén. Lo mismo los Cesfam de Calama y Antofagasta.
De los proyectos en ejecución, sólo los hospitales de Rancagua y Puerto Montt presentan un ritmo normal, precisa el informe del ministerio.
Entre los casos más graves se cuentan las paralizaciones de obras por quiebra de las empresas constructoras, en los establecimientos de Calama (hospital y Cesfam) y Antofagasta (Cesfam); y los términos anticipados de contratos, por incumplimientos reiterados en las construcciones que presentan retrasos, con el inevitable incremento en los costos.
Del lado empresarial se acusa al Estado de ser el causante de los problemas, debido al mal diseño de los proyectos, en este caso de la ingeniería de detalle, lo que luego, ya con las obras en marcha, obliga a su reformulación. En tanto, desde el ámbito gubernamental, se acusa a los privados de incumplimientos reiterados de las bases de licitación, con la consiguiente aplicación de sanciones, las que son resistidas por las empresas con recursos judiciales.
En el ámbito privado se reconoce que cuando los conflictos escalan en gravedad, se incurre en mayores costos, obligando a las constructoras "a fabricar su propia quiebra, para no seguir asumiendo pérdidas".
La diputada Karla Rubilar, quien forma parte de la comisión investigadora de la Cámara que busca aclarar el aumento de los costos y la demora en construir la infraestructura hospitalaria, expresó sus dudas respecto de la capacidad del sector público para administrar los recursos y ejecutar los proyectos en los plazos indicados.
"Ya hay retrasos en los hospitales que venían del gobierno anterior y los que se sacaron de concesiones tienen un retraso mínimo de un año y medio", subrayó.
Si bien las obras serían ejecutadas por empresas constructoras privadas, la mayoría de estos proyectos se financiarían con fondos del Estado, quedando a la zaga las concesiones hospitalarias.
Esto, "mientras las autoridades no cambien su visión respecto del aporte que pueden hacer los privados para contribuir a reducir el déficit de establecimientos y de camas en la salud pública", señala el gerente de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Piaggio.
Añade que el déficit en infraestructura hospitalaria podría ser superado con mayor rapidez "si se perfeccionan los mecanismos de intervención conjunta del sector público y del privado".
A su vez, en el Ministerio de Salud puntualizan que "la meta más realista y cercana es reponer la infraestructura deteriorada con el paso de los años y, al mismo tiempo, agregar más metros cuadrados y nuevas camas, para acortar la brecha que presenta el país con el índice de la OMS".
Un estudio realizado por técnicos del Ministerio de Salud afirma que el costo del metro cuadrado construido bajo el sistema de concesiones casi duplica al que se ejecuta con fondos sectoriales del Estado. Esto es, de UF 63,0 versus UF 35,4, respectivamente.
Sin embargo, otro estudio encargado por la CChC a la consultora Atanor Soluciones Ltda., sostiene todo lo contrario: que la construcción bajo la modalidad de concesiones es más barata que la que realizan los servicios de salud estatales, aun considerando los aumentos posteriores de costos, respecto de los presupuestos originales.
Según este estudio, en los casos de los dos hospitales ya construidos bajo esta modalidad, los costos por metro cuadrado serían de UF 32,9 y UF 34,7, para los de Maipú y La Florida, respectivamente. "Por lo tanto, el resultado a que llega el estudio del Ministerio de Salud está muy lejos de la conclusión que obtuvimos nosotros", comenta Carlos Piaggio.
Aunque dice no conocer las bases metodológicas del informe realizado por la cartera de Salud, Piaggio aventura la hipótesis de que en éste se estarían sumando los costos de construcción efectivos, con los aportes posteriores por concepto de operación de los establecimientos, lo que a su juicio, "no sería correcto".
Para este ejecutivo, la discusión sobre qué sistema es más conveniente que otro, "no tiene mucho sentido frente a la imperiosa necesidad de acelerar la construcción de hospitales, porque al fin y al cabo es la salud de la población la que está en juego". Es más, Carlos Piaggio es de la idea de que para mejorar la eficiencia en el diseño, supervisión y ejecución de los proyectos, la contraparte de los constructores debiera ser el Ministerio de Obras Públicas y no el de Salud, debido a que este último no contaría con suficientes profesionales capacitados para tal propósito.
"En nuestro diagnóstico hemos detectado que los principales problemas que explican los retrasos y el aumento en los costos de construcción tienen su origen en las bases y especificaciones heterogéneas que ponen los distintos servicios de salud del país (19 en total); la precariedad en los diseños de la ingeniería de detalle, fase que se realiza con presupuestos muy bajos; y la falta de preparación de los inspectores de obras que dependen del Ministerio de Salud", explica Piaggio.
Hasta ahora los únicos proyectos construidos bajo la modalidad de concesiones son los hospitales de La Florida y Maipú. Ambos se terminaron a fines de 2013, un año después de lo que señalaban las bases de licitación. Esta situación alentó a las nuevas autoridades a revisar y poner en duda la eficacia del sistema.
Aunque ya fueron licitados, se mantienen en compás de espera las concesiones del Hospital de Antofagasta y Salvador Geriátrico.
Este último proyecto fue severamente cuestionado por los empleados del Hospital del Salvador, que paralizaron el establecimiento por casi un mes, para oponerse a lo que calificaron como "la privatización de la salud".
También quedaron en lista de espera las concesiones del Sótero del Río y Occidente (Félix Bulnes), en la Región Metropolitana; Red Quinta, con los hospitales de Quillota y Marga Marga (Región de Valparaíso); y los de Curicó, Linares y Chillán.
Según la ministra de Salud, Helia Molina, los procesos de adjudicación al sector privado realizados en el gobierno de Sebastián Piñera "no contemplaron los tiempos requeridos para efectuar las revisiones de las ofertas técnica y económica". En algunos casos fueron evaluados en solo dos días o incluso menos, como ocurrió con la licitación de los hospitales Marga Marga y Quillota, cuya acta de adjudicación "se redactó el mismo día de la apertura de la oferta económica".
Se dice que al interior del Gobierno hay dos bandos frente a la modalidad de concesiones. Lo que están a favor estarían encabezados por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; y los contrarios, por su colega de Salud, Helia Molina.
Mientras escala la discusión, el país sigue con un déficit crónico en infraestructura, que se resume en 2,2 camas hospitalarias por cada mil habitantes y que corresponde a la mitad del índice que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a un tercio de la 6 que sugiere la OCDE.
