Liberación de expedientes del proceso abre nuevas interrogantes, en especial aquellas que se negaron a responder los inculpados.
Julio Ponce, el protagonista que aún no presta declaración en persona.
No sólo por las históricas multas de US$164 millones contra 8 personas y una corredora de bolsa es que el Caso Cascadas pasará a la historia. En las más de 40 mil fojas con antecedentes que este miércoles liberó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) están descritos una serie de insólitos episodios que también servirán para engrosar los anales del mercado financiero y que abren nuevas interrogantes para una madeja que se enreda cada vez más.
Actas de directorio extraviadas, las primeras alertas que en 2010 encendió una auditora respecto a las operaciones con acciones de las Cascadas, duros intercambios entre las defensas de testigos y acusados, declaraciones de renta y hasta una curiosa comparación del funcionamiento del mercado bursátil con un partido de fútbol a los ojos de un extraterrestre -realizado por un estudio de abogados-, son parte de los detalles desconocidos, hasta ahora, de esta novela económico-judicial que, a dos años de destaparse, está recién comenzando.
Las multas (US$70 millones para Julio Ponce; US$24,5 millones a Aldo Motta; US$22,5 millones a Roberto Guzmán; US$20 millones a Leonidas Vial; US$8 millones para la corredora de bolsa LarrainVial y para su gerente general, Manuel Bulnes; US$4,1 millones para Alberto Le Blanc y el ejecutivo de LarrainVial Felipe Errázuriz, y de US$2,5 millones a Patricio Contesse Fica) fueron el primer paso. Luego vendrá saber qué ocurre con los otros formulados de cargos: Canio Corbo, Cristián Araya y Fabio Gheilerman.
Después vendrán las apelaciones, el desenlace judicial tanto en su arista penal -con la querella de un accionista minoritario y un fondo de pensiones- como civil (a la que ya empezaron a recurrir algunas AFP) y los cambios en las reglas de la bolsa.
Los documentos desclasificados por el fiscalizador también dan cuenta de las preguntas que quedaron sin respuesta en los interrogatorios a multados y testigos. Las más importantes quizás, las que la SVS tenía preparadas para el protagonista de esta historia: Julio Ponce, quien hasta ahora no ha entregado personalmente su testimonio ante el regulador del mercado.
Las actas de las declaraciones realizadas entre 2012 y 2014, también revelan un patrón que se reitera en Leonidas Vial; su hermano Santiago; Aldo Motta; el gerente de LarrainVial, Manuel Bulnes, en los demás multados y en directores. La continua respuesta "no recuerdo" para una operación que viene siendo cuestionada desde la primera querella en 2011.
Para muestra un botón: a León Vial se le consulta por operaciones de sus sociedades La Viña y Saint Thomas por US$ 12 millones, US$ 46 millones, US$ 50 millones y US$ 60 millones. De ninguna se acuerda.
En al menos dos ocasiones, Aldo Motta comunicó a la SVS que se habían extraviado actas de directorio. Una de ellas fue el 16 de octubre de 2012 como gerente general de Oro Blanco y la otra, el 13 de noviembre del mismo año, esa vez como gerente general de Pampa Calichera.
"No obstante haberse celebrado la sesión extraordinaria de directorio (de Oro Blanco) fecha 6 de octubre -donde se acordó colocar en el mercado un paquete de acciones remanentes de un aumento de capital acordado en 2008-, tal como ocurrió en el hecho esencial de esa misma fecha, tras la recepción del oficio de la referencia nos percatamos de que, por un error involuntario, el acta de dicha sesión extraordinaria no se encuentra pegada en el libro de actas respectivo. Efectuadas las indagaciones del caso, y luego de una extensa búsqueda, podemos informar que el acta que debió pegarse en el libro se encuentra extraviada. Sin embargo, en el computador del abogado asesor de la compañía se encontró el archivo Word del acta, el que acompaño en la presente", dijo Motta.
En el caso del acta de abril de 2009, Motta señaló en una primera instancia que "se ha extraviado", pero que conforme al reglamento de sociedades anónimas "la compañía se encuentra reconstituyendo dicha acta, la que le será enviada en los próximos días". Sin embargo, casi dos semanas después envió una nueva comunicación a la SVS donde insiste en que se perdió el documento y agrega que "no contamos con una copia de la misma" y pide al fiscalizador "indicarnos si es posible hacer la reconstitución".
Recién el 28 de diciembre de 2012, el investor relations de Pampa Calichera, Juan Carlos Porta, envió "copia del acta reconstituida de la sesión de directorio de fecha 29 de abril de 2009".
Otro oficio que llama la atención corresponde a la respuesta dada por Motta a una solicitud efectuada por la SVS el 21 de noviembre de 2012. Está fechada el 27 de septiembre de ese año, esto es un mes antes de recibir la pregunta del fiscalizador.
En el expediente liberado por la SVS está marcado a mano con la leyenda: "fecha incorrecta".
Uno de los capítulos más sabrosos del proceso y que sorprendió por lo extraño del lenguaje no sólo a los abogados de la SVS, sino también a los de la defensa, fue la conclusión del bufete de abogados Cariola Diez Pérez-Cotapos, que representa a la corredora LarrainVial. Para demostrar que las operaciones realizadas por su defendida se enmarcan dentro de la complejidad del mercado bursátil, pero son normales y no tienen nada de irregulares, plantearon una curiosa metáfora deportiva.
"Los mercados bursátiles son mundos que a los legos nos pueden parecer ininteligibles, que se rigen por reglas especiales y por códigos que puede costar entender. Es como si un extraterrestre entrara a ver un partido de fútbol. Le podría parecer extraño los 22 jugadores corriendo atrás de una pelota, el señor de negro siendo insultado antes del primer pitazo, las galerías con hinchas desaforados, los fouls y la exuberante celebración de los goles. Eso, sin embargo, es un partido de fútbol, y todos lo entendemos", aseguran los abogados.
Con este insólito paralelo, el bufete sostiene que los cargos presentados por el superintendente de la época, Fernando Coloma, se basaron en una visión "teórica y académica" sobre el funcionamiento interno de las bolsas. Es decir, por parte de alguien que no conoce cómo operan realmente los mercados.
"Su hipótesis (...) resultó efectista y mediáticamente escandalosa para el lego, pero enteramente pueril e incomprensible para los expertos, amén de irrelevante para acreditar un ilícito", aseguraron.
"Resulta claro que existe un mercado real, que está regulado de una manera y que funciona así por distintas razones de negocio y donde habitan los corredores de bolsa, y un mercado teórico e hipotético, donde habita el ex superintendente", dijeron.
En su presentación, la defensa de LarrainVial admite el daño reputacional y económico "gigantesco" que ha soportado la corredora por lo que llaman "hipótesis errada" de la SVS. Sin embargo, no descartan la existencia de un "esquema" que podría haber generado utilidades a clientes. "Lo único que se ha reprochado es si la utilidad que generaban era aceptable o no, o si era ficticia o no, pero ha quedado claro que LarrainVial no tiene injerencia respecto del resultado económico de una transacción bursátil para su cliente".
El socio líder del área financiera de la auditora externa E&Y, Juan Francisco Martínez, compareció en enero de 2013. Allí relató las primeras discrepancias que tuvo con la administración de Pampa Calichera por los efectos contables de algunas operaciones.
No alcanzaron a ser muchas esas diferencias pues en abril del año siguiente fueron reemplazados por PwC: "No hubo razones formales dadas por ellos por el cambio de auditor", dijo Martínez cuando le preguntaron cuándo y por qué se les informó que Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera habían tomado la decisión.
Al ser consultado por alguna reunión o presentación realizada al directorio de esas sociedades, respondió: "Sí, en el último año hubo más interacción (...) Los temas principales fueron la aplicación de la NIC 27 y la transacción efectuada en diciembre de 2010 de venta de 2.500.000 acciones de SQM-A por parte de Pampa Calichera a Oro Blanco, y la posterior compra de 2.503.000 aprox. de acciones SQM-A por parte de Pampa Calichera a Oro Blanco con un día de desfase, las que generaron una utilidad en los estados financieros de Pampa Calichera y que fue tratada en conversaciones con el gerente general, Pablo Guerrero (director), y Antonio Aldunate (asesor del directorio)".
Agrega que "nuestra interpretación es que no correspondía reconocer resultado al ser una transacción efectuada entre entidades bajo un control común, es decir, entre matriz y filial, y cuyo efecto debía reflejarse en patrimonio y no en resultado. Luego de la discrepancia, se hicieron ajustes a los estados financieros de Pampa Calichera y Oro Blanco".
El fiscalizador preguntó si la discrepancia se presentó también en Oro Blanco, a lo que Martínez señaló que "cualquier ajuste en Pampa se reflejaba también en Oro. La administración también reconoció como utilidad la diferencia entre el precio de compra y de venta, lo cual fue ajustado y finalmente se reflejó como un ajuste de patrimonio, reversando la utilidad, a requerimiento de E&Y".
Martínez añadió que en un principio la administración de Pampa mostró insistencia para reconocer la utilidad en cuestión, "pero al corto tiempo aceptaron lo propuesto por E&Y".
Entre los kilos de papeles y las 700.000 fojas dadas a conocer por la Superintendencia de Valores, resultó llamativo que entre los anexos aparecieran, además de las actas de los interrogatorios a los que fueron sometidos, las liquidaciones de sueldos y declaraciones de renta del gerente general de la corredora LarrainVial, Manuel Bulnes Muzard, y del gerente de distribución institucional, Felipe Errázuriz Amenábar.
De acuerdo con estos documentos, Bulnes declara el año 2012 haber percibido como base imponible del Impuesto Global Complementario 124,6 millones de pesos, de los cuales $123,5 millones equivalen a sueldos y $1,1 millones a honorarios, lo que le significó pagar casi 300.000 pesos en impuestos. En el 2013, su base imponible subió a $173,7 millones, de los que casi $169 millones correspondieron a salarios y casi $4 millones a honorarios, por lo que pagó $1,5 millones de tributo a la renta. Y para el año tributario 2014, la base imponible alcanzó a $187 millones, de los que $171 millones provino de sueldos, $12 millones de remuneraciones de directores y $4 millones de honorarios, con un impuesto de $4,7 millones.
Por su parte, Errázuriz declara en 2012 una base imponible de 87,7 millones de pesos, de los que sus sueldos representan $87,3 millones, y los 370 mil pesos restantes corresponden a rentas exentas o remanentes de crédito, por lo que obtuvo una devolución del impuesto a la renta de 57.629 pesos. Un año después, su base imponible se elevó a $112,3 millones y sus salarios fueron $107,8 millones, por lo cual pagó $1,7 millones en tributos. Y el 2014, declaró un total de ingresos de $110 millones, de los que $109,6 millones fueron sueldos, por lo que tuvo un saldo a favor de 16.790 pesos.
"La parte del señor Motta deja constancia de que el testigo no respondió lo que se le consultó, asimismo se deja constancia de que la parte de los señores Bulnes y Errázuriz procuró restar tiempo del período de contra interrogación a través de intervenciones verbales no reguladas en el anexo, lo cual impidió que el testigo pudiera dar razón de sus dichos".
"La parte de los señores Bulnes y Errázuriz deja constancia de la actitud grosera y agresiva de la parte de Motta, que no se condice con el mínimo trato deferente entre abogados que debe primar de acuerdo al código de ética profesional".
Con esos párrafos, solicitados por lo abogados de ambas partes (todos multados), terminó la declaración de René Ossa -se presentó como gerente de renta variable de IM Trust-, citado como testigo de la corredora LarrainVial para que explicara el funcionamiento de los remates de acciones, operaciones directas (OD), calces automáticos y otros mecanismos bursátiles que la SVS investigó para concluir la existencia de un esquema ideado y promovido por Julio Ponce.
Ossa dijo que "era una práctica habitual" que se pusieran órdenes de compra y luego se retiraran en el marco de una OD (cosa que se cuestionó en el accionar de LarrainVial), pero que "hoy se ha dejado de hacer por esta misma evaluación que está haciendo la SVS".
No fue la única vez en que la defensa de Motta, representada por el abogado Víctor Vial, se salió de sus casillas. Mientras declaraba el economista Erik Haindl -como testigo a su favor- y frente a las contrapreguntas del abogado de la administradora de fondos Moneda -una de los principales denunciantes del caso- los funcionarios de la SVS tuvieron que llamar a seguridad para retirarlo de la sala donde se efectuaba la diligencia "en atención a su prepotencia e irrespetuoso comportamiento con la abogada instructora y de los comparecientes restantes".
